*Los elementos materiales probatorios en poder de la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de su presunta participación en la muerte de un sargento y seis soldados durante un ataque armado, así como crímenes de firmantes de paz, líderes sociales y otras conductas delictivas.

Una escalada de violencia en diferentes municipios de Arauca, entre 2020 y 2025, tendría un responsable en particular. Maycoll Isnardo Enciso Bejarano, alias Barbas, quien presuntamente hizo parte del ELN y posteriormente se vinculó al autodenominado frente 10 de las disidencias de las Farc, dejando en su paso, por lo menos, 61 homicidios.

Este hombre, quien habría cumplido el rol de sicario en los dos grupos armados ilegales, es señalado de participar en los hechos que le causaron la muerte a un sargento y seis soldados durante en un ataque con tatucos perpetrado contra una patrulla del Ejército Nacional que se movilizaba por la vereda La Esmeralda, en Arauquita, el 11 de septiembre de 2021.

En la acción armada otros siete uniformados resultaron heridos y fueron sustraídos 14 fusiles de dotación oficial. Igualmente, se le atribuye el homicidio del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Primavera, Gildardo Alonso Cataño Ríos, ocurrido en octubre de 2022 en zona rural de Fortul.

De acuerdo con la investigación, Enciso Bejarano y otro hombre llegaron a la finca de la víctima y, al intentar obligarla a subir a un vehículo, le dispararon. Posteriormente, abandonaron el cuerpo en otro municipio.

Por los 61 crímenes y otras conductas ilícitas en las que estaría involucrado, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, toma de rehenes, rebelión, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos y permanecerá privado de la libertad en establecimiento carcelario, en virtud de otras medidas de aseguramiento vigentes en su contra.

*Registros audiovisuales de una unidad de cuidados crónicos y paliativos dan cuenta de la agresión contra la víctima, una mujer de 59 años con graves limitaciones físicas y cognitivas.

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Nelson Fabián Sáenz Santamaría, un auxiliar de enfermería de un centro asistencial de Bogotá señalado de abusar sexualmente de una paciente que estaba a su cuidado.

El pasado 18 de junio, el hoy procesado se habría valido de su rol como profesional de la salud y del estado de indefensión de la víctima, quien por su condición médica carecía de la capacidad para oponer resistencia, y agredió a la mujer en el pabellón de cuidados crónicos y paliativos donde permanecía internada. Registros audiovisuales, entrevistas y diligencias de inspección judicial, entre otros elementos materiales probatorios recopilados en el lugar, dan cuenta del momento en el que Sáenz Santamaría presuntamente ingresó a la sala y realizó las conductas ilícitas en contra de la voluntad de la paciente.

En consecuencia, una fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo incapaz de resistir agravado. El cargo no fue aceptado.

*La acción criminal contra la instalación militar dejó tres personas heridas y cuantiosos daños materiales.

Una volqueta transformada en plataforma para lanzar artefactos improvisados fue el instrumento utilizado para atacar las instalaciones del Grupo Aéreo de Casanare, el 10 de enero de 2020.

De acuerdo con las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, el vehículo fue negociado y adquirido por Celino Vargas Cepeda y Yerly Katherine Galvis Gómez, integrantes de una estructura del ELN.

Estos dos hombres entregaron el vehículo que posteriormente fue acondicionado, trasladado a inmediaciones del complejo militar, en Yopal (Casanare), y dispuesto para disparar 25 cilindros cargados con explosivos. La acción criminal dejó tres personas heridas y daños materiales avaluados en más de 2.444 millones de pesos.

La investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales permitió conocer que Vargas Cepeda, siguiendo órdenes de los cabecillas conocidos con los alias de Nando y Oso, gestionó y pagó por la volqueta. Por su parte, Galvis Gómez, quien cumplía labores de vigilancia y logística en el grupo armado ilegal, intervino en la transacción al recibir los documentos de traspaso, con pleno conocimiento del uso que se le daría al automotor.

Por lo anterior, un juez penal especializado condenó a estas dos personas, de acuerdo con su participación en los hechos, por los delitos de terrorismo, homicidio agravado en grado de tentativa, rebelión, daño en bien ajeno agravado y lesiones personales. En consecuencia, Vargas Cepeda fue sentenciado a 29 años de prisión y Galvis Gómez a 12 años de prisión. La decisión es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.