*La sentencia corresponde al proceso por tentativa de homicidio y lesiones personales.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez penal de conocimiento condenara a 28 años y 5 meses de prisión al taxista José Eduardo Chalá Franco por su responsabilidad en arrollar con su vehículo a 11 personas, en hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2025 en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, el hoy condenado conducía un vehículo de servicio público tipo taxi con grado tres de alcoholemia y en exceso de velocidad y embistió a las personas que transitaban por el barrio Santa Rita.

Como consecuencia del impacto, 11 personas resultaron lesionadas y uno de los menores de edad sufrió heridas de extrema gravedad.

Este hombre fue declarado responsable de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones personales dolosas agravadas y lesiones simples y deberá cumplir la condena en centro carcelario.

En la decisión judicial también le fue impuesta una multa de 19,42 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ejercer funciones y cargos público por el mismo tiempo de la pena principal.

De manera paralela, este hombre enfrenta otro proceso por el delito de homicidio agravado toda vez que una de las víctimas menor de edad falleció días después debido a la gravedad
de las lesiones presentadas.

*Registros audiovisuales de una unidad de cuidados crónicos y paliativos dan cuenta de la agresión contra la víctima, una mujer de 59 años con graves limitaciones físicas y cognitivas.

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Nelson Fabián Sáenz Santamaría, un auxiliar de enfermería de un centro asistencial de Bogotá señalado de abusar sexualmente de una paciente que estaba a su cuidado.

El pasado 18 de junio, el hoy procesado se habría valido de su rol como profesional de la salud y del estado de indefensión de la víctima, quien por su condición médica carecía de la capacidad para oponer resistencia, y agredió a la mujer en el pabellón de cuidados crónicos y paliativos donde permanecía internada. Registros audiovisuales, entrevistas y diligencias de inspección judicial, entre otros elementos materiales probatorios recopilados en el lugar, dan cuenta del momento en el que Sáenz Santamaría presuntamente ingresó a la sala y realizó las conductas ilícitas en contra de la voluntad de la paciente.

En consecuencia, una fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo incapaz de resistir agravado. El cargo no fue aceptado.

*La acción criminal contra la instalación militar dejó tres personas heridas y cuantiosos daños materiales.

Una volqueta transformada en plataforma para lanzar artefactos improvisados fue el instrumento utilizado para atacar las instalaciones del Grupo Aéreo de Casanare, el 10 de enero de 2020.

De acuerdo con las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, el vehículo fue negociado y adquirido por Celino Vargas Cepeda y Yerly Katherine Galvis Gómez, integrantes de una estructura del ELN.

Estos dos hombres entregaron el vehículo que posteriormente fue acondicionado, trasladado a inmediaciones del complejo militar, en Yopal (Casanare), y dispuesto para disparar 25 cilindros cargados con explosivos. La acción criminal dejó tres personas heridas y daños materiales avaluados en más de 2.444 millones de pesos.

La investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales permitió conocer que Vargas Cepeda, siguiendo órdenes de los cabecillas conocidos con los alias de Nando y Oso, gestionó y pagó por la volqueta. Por su parte, Galvis Gómez, quien cumplía labores de vigilancia y logística en el grupo armado ilegal, intervino en la transacción al recibir los documentos de traspaso, con pleno conocimiento del uso que se le daría al automotor.

Por lo anterior, un juez penal especializado condenó a estas dos personas, de acuerdo con su participación en los hechos, por los delitos de terrorismo, homicidio agravado en grado de tentativa, rebelión, daño en bien ajeno agravado y lesiones personales. En consecuencia, Vargas Cepeda fue sentenciado a 29 años de prisión y Galvis Gómez a 12 años de prisión. La decisión es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.