*Jefferson Sánchez Correa sería el encargado de contactar a las víctimas, y extraerlas de sus entornos familiares y educativos para vincularlas al autodenominado frente Iván Ríos.

Actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación y denuncias recibidas de comunidades indígenas y poblaciones vulnerables de Guaviare y Vaupés, pusieron en evidencia a quien sería uno de los mayores reclutadores de menores de edad para las estructuras armadas de las disidencias de las Farc en el oriente del país. Jefferson Sánchez Correa, alias El Mono, presunto integrante del autodenominado frente Iván Ríos, es señalado de perfilar, contactar y facilitar la incorporación ilegal de niños, niñas y adolescentes al grupo armado ilegal mediante engaños, amenazas o aprovechamiento de vínculos personales desde marzo de 2022.

En ese sentido, se le atribuye ubicar a los menores de edad en los entornos educativos, identificar sus gustos, necesidades y redes de apoyo familiar; y posteriormente convencerlos de hacer parte de las disidencias con falsos ofrecimientos de remuneraciones monetarias o intimidaciones.

En el curso de las actividades de policía judicial se conoció que un adolescente que habría sido reclutado por Sánchez Correa murió el 30 de marzo de 2025, en medio de un combate registrado en Solano (Caquetá); y otro fue asesinado el 11 de agosto de 2024, en Cucurú (Vaupés) luego de irse de una zona campamentaria.

Asimismo, hay evidencia de que sería el encargado de imponer normas de comportamiento a las comunidades y fijar pagos por el supuesto incumplimiento de sus directrices, además de participar en la planeación de homicidios selectivos y desplazamientos forzados.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión, desplazamiento forzado y financiación del terrorismo; reclutamiento ilícito y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido.

*Cinco de los presuntos integrantes fueron capturados con fines de extradición a Estados Unidos y 27 bienes avaluados en más de 20.000 millones de pesos afectados con medidas cautelares.

Una operación trasnacional coordinada por la Fiscalía General de la Nación, a través de las direcciones especializadas contra el Narcotráfico y de Extinción del Derecho de Dominio, con apoyo de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, permitió afectar el componente estructural y el patrimonio de una red internacional involucrada en el envió de cocaína a destinos internacionales y el blanqueo de capitales.

En diligencias realizadas en Bogotá, Cali, Palmira y Jamundí (Valle del Cauca) fueron capturados cinco de los señalados articuladores principales de esta organización criminal, quienes son requeridos con fines de extradición por una Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos, entre otros.

Se trata de Johan Alberto Gutiérrez Alonso, alias Gordo; Diego Alonso Gómez, alias Godie; Santiago Jaramillo Cortés, alias Góngora; Edinson Castillo González, alias Edinson; y Sergio Darío Corredor Henao, alias Darío. Estas personas serían las responsables de la salida de cocaína camuflada en encomiendas, mantener vínculos con el cártel mexicano de Jalisco Nueva Generación y ocultar los recursos ilícitos mediante la creación de empresas y la compra de bienes muebles e inmuebles.
En ese sentido, Gutiérrez Alonso, como presunto cabecilla del grupo ilegal, estaría a cargo de organizar los alijos y garantizar su envío a otros países desde las terminales áreas de carga de Bogotá y Cali.

De igual manera, se le atribuye el uso de criptoactivos y la creación de sociedades en los sectores automotriz e inmobiliario para ocultar y facilitar el tránsito de los dineros producto del narcotráfico.

Los demás capturados, al parecer, cumplían roles relacionados con el blanqueo de capitales, la conversión de monedas virtuales y el traslado de millonarias sumas recurriendo a diversas maniobras comerciales.

*Los integrantes de la organización ilegal eran trabajadores de un centro de formación automovilística que presuntamente registraban usuarios en los sistemas como si hubieran aprobado las clases prácticas, sin haberlas cursado.

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una red delictiva que estaría conformada por siete empleados de un centro de formación automovilística de Samacá (Boyacá), que serían los responsables de expedir irregularmente certificados de aptitud para la obtención de las licencias de conducción a personas que no cumplían con los requisitos exigidos.

Se trata de Karen Julieth Escala Rodríguez, Julieth Alejandra Muñoz Sanabria, Euliber Páez Tovar, Jorge Andrés Zapata Rico, Cristian Camilo Cuadrado Pimiento, Winston Andretti Forero y Ronald Albeiro Trujillo Moreno.

Estas personas habrían participado, de manera individual, en 18 eventos ilícitos ocurridos entre enero y septiembre 2024.

En estos casos, Escala Rodríguez y Muñoz Sanabria presuntamente consignaron información falsa en los sistemas que se entrelazan con el Ministerio de Transporte y las secretarías de movilidad para acreditar que usuarios superaban todas las pruebas requeridas sin dificultad, cuando la realidad era otra.

Los demás involucrados, en su rol de instructores, son señalados de alterar las planillas para reportar que los aprendices aprobaban el ítem de clases prácticas. Sin embargo, los elementos materiales probatorios evidenciaron que los beneficiados no asistieron ni superaron esta obligación en la intensidad que fija la normatividad vigente.

Adicionalmente, se les atribuye adelantar registros biométricos a través de maniobras fraudulentas para dar apariencia de legalidad a la actividad que realizaban.

Un fiscal de la Unidad de Fe Pública y Patrimonio Económico de la Seccional Boyacá imputó a estas siete personas los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.

Los cargos no fueron aceptados.