*Producto de la labor investigativa realizada el señalado agresor fue condenado por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Humillaciones, menosprecio, manipulación y persecución fueron algunas de las conductas que la Fiscalía General de la Nación identificó para poner en evidencia un ciclo de violencia psicológica sistemática, que durante varios meses ejerció un hombre sobre su pareja en Siachoque (Boyacá).

Las pruebas dan cuenta de que tan pronto terminó la relación sentimental se incrementó el asedio a la víctima. Su excompañero vigilaba todos sus movimientos, la celaba y esperaba en inmediaciones del trabajo y de su lugar de residencia para increparla y amenazarla de muerte.

Valoraciones psicológicas ordenadas en el curso de la investigación evidenciaron que la mujer sufría de cuadros permanentes de intranquilidad y de nerviosismo.

Además, temía estar sola en diferentes lugares, creía que iba a ser atacada en cualquier momento y manifestaba sentir angustia por la vida de su hijo, familia y nueva pareja.

Ante estos hallazgos un fiscal local de la Seccional Boyacá acusó al hombre por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Al término del juicio oral el juez de conocimiento emitió una decisión absolutoria, la cual fue apelada dado que el acervo probatorio indicaba las afectaciones psicológicas.

El Tribunal Superior de Tunja (Boyacá) atendió el recurso interpuesto por la Fiscalía, revocó el fallo de primera instancia y condenó al agresor a seis años y ocho meses de prisión, pena que deberá cumplir privado de la libertad en establecimiento carcelario.

*Utilizaban a los menores de edad durante jornadas que se extendían hasta la madrugada para solicitar pañales, leche y otros productos que posteriormente eran revendidos en establecimientos de comercio.

Mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, siete integrantes de un grupo delincuencial aceptaron su responsabilidad en la explotación de niños y niñas indígenas para actividades de mendicidad en el sector de El Poblado, en Medellín (Antioquia).

Los involucrados son Ana Lucía López Sánchez y los ciudadanos venezolanos Ángela del Valle Valera Graterol, Milagros del Valle Sira Espinoza, Nahomi Karlais López Goyo, Yajaira Alejandra Hernández Correa, Yosmairi Coromoto Barrios y Wilfreddy Johan Godoy Villamizar.

En el curso de la investigación fueron documentados 10 eventos delictivos ocurridos entre 2024 y 2025, en los que estas personas cumplieron diferentes roles en la instrumentalización de menores de edad de la comunidad indígena Emberá Katío para solicitar a turistas nacionales y extranjeros la compra de pañales, leche y otros productos, los cuales eran comercializados posteriormente.

López Sánchez, propietaria de un establecimiento comercial, era una de las compradoras de los elementos de primera necesidad entregados por ciudadanos que daban muestras de generosidad, y coordinaba su reventa para obtener dinero.

Por su parte, López Goyo, Valera Graterol, Coromoto Barrios y Sira Espinoza recorrían diferentes sectores con bebés en brazos, exhibiendo carteles con mensajes alusivos a requerimientos básicos.

Entretanto, Godoy Villamizar cumplía funciones de transporte y comercialización de los artículos recibidos a través de esta modalidad de explotación.

Una juez penal de conocimiento avaló los preacuerdos celebrados por estas personas y las condenó, de acuerdo con su participación en los hechos conocidos, por los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores de edad. Las penas impuestas oscilan entre 24 y 39 meses de prisión.

*Los hechos relacionados en la sentencia ocurrieron en el sector de Ciudad Verde, en Soacha, Cundinamarca.

La Fiscalía General de la Nación presentó en juicio oral pruebas que dan cuenta de la responsabilidad de los patrulleros Óscar Alexander Márquez Rojas y Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla, en los hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2020, en Soacha (Cundinamarca), en los que murió un manifestante y posteriormente fue alterada evidencia.

En el curso de la investigación se conoció que los uniformados accionaron sus armas de dotación contra varias personas que se concentraron y promovieron una protesta en inmediaciones de la estación de policía de Ciudad Verde.

Uno de los proyectiles disparados por Márquez Rojas impactó a un joven venezolano que participaba en la protesta, quien falleció en el lugar.

Luego, los dos funcionarios reportaron la totalidad de la munición asignada al momento de entregar sus armas en el armerillo de la instalación policial, con el propósito de desviar las investigaciones y dar la apariencia de que no habían utilizado sus armas.

En ese sentido, un juzgado penal de conocimiento de Soacha condenó a Márquez Rojas a 18 años de prisión por los delitos de homicidio y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y a Ricaurte Pinilla a 50 meses de prisión por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La Fiscalía mantiene activas las investigaciones orientadas a esclarecer otros dos homicidios ocurridos durante esa misma jornada de protesta e identificar a sus responsables.

La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.