*Es señalado de auspiciar el uso de explosivos y materiales tóxicos, como mercurio, para ejercer la actividad ilegal, situación que ha afectado los cuerpos de agua, el suelo y la flora del área protegida.

Como parte de la estrategia interinstitucional para proteger el ecosistema del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, la Fiscalía General de la Nación abrió una línea investigativa para identificar y afectar a las redes de explotación ilegal de oro que tienen injerencia en esa área ambiental.

Así, se logró la captura y judicialización de uno de los señalados articuladores principales de las actividades de minería ilegal en la región. Se trata de Juan Diego Acosta Yandi, quien sería el responsable de la obtención de oro en dos socavones ubicados en el sector Minas del Socorro, los cuales funcionaban sin títulos ni permisos ambientales.

Este hombre, en posible articulación con otras personas, habría auspiciado la utilización de explosivos y materiales tóxicos, como mercurio, que han generaron un grave daño ambiental al agua, el suelo, la flora y la fauna de esta zona protegida.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el oro extraído de los frentes de explotación era comercializado de manera clandestina en Cali (Valle del Cauca), en Suárez y Santander de Quilichao (Cauca).

Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a Acosta Yandi los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, daño en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero e hidrocarburos e invasión de área de especial importancia ecológica.

El hombre aceptó los cargos y, por disposición de una juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

*También sería el responsable de enviar una corona fúnebre al exregistrador de la entidad.

Las actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar y judicializar a Juan Andrés Romero Calderón, presunto responsable de amenazar de muerte a funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha (Cundinamarca).

Este hombre habría irrumpido en dos oportunidades en las instalaciones de la entidad, en agosto de 2022 y en octubre de 2025, portando un arma de fuego con la que
presuntamente intimidó a varios servidores.

Posteriormente, el pasado 8 de abril, el exregistrador de Instrumentos Públicos de ese municipio recibió en su despacho una corona fúnebre que, según los elementos materiales probatorios recopilados, fue enviada por Romero Calderón.

Las amenazas serían una retaliación por decisiones administrativas adoptadas por la entidad, relacionadas con el cierre de folios de matrículas inmobiliarias correspondientes a predios ubicados en la zona férrea y en la Autopista Sur de Soacha sobre los cuales el hoy procesado pretendía ejercer actividades de explotación económica.

Por estos hechos, personal de la Policía Nacional hicieron efectiva una orden de captura en su contra, en diligencia realizada en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Entre tanto, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, al tiempo que solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

El juez de control de garantías que dirigió las audiencias concentradas avaló la petición.

*Recibió cerca de 250.000 dólares por aportar los nombres, experiencia e información financiera de dos empresas de su propiedad para conformar la Unión Temporal Centros Poblados.

Una Juez Penal de Conocimiento de Bogotá emitió el sentido de fallo condenatorio contra Ottomar Lascarro Torres por su participación en el caso de corrupción de Centros Poblados.

La Fiscalía logró probar su participación en las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, por un billón de pesos, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.

El empresario fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado.

Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia e información financiera de dos empresas de su propiedad para conformar la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, y acreditar la capacidad técnica y trayectoria suficientes.

De esta manera, hicieron incurrir en error a los funcionarios del MinTic que les adjudicaron el contrato de conectividad rural.

Por estas actuaciones irregulares el empresario recibió cerca de 250.000 dólares, los cuales fueron transferidos a una cuenta del procesado en Estados Unidos.