*El procesado, quien se encuentra actualmente condenado por otro proceso relacionado con delitos sexuales, habría aprovechado su condición de mototaxista para agredir a las víctimas.

La Fiscalía General de la Nación identificó a un señalado abusador sexual en serie en Montería (Córdoba), que entre 2019 y 2024 habría sometido a vejámenes sexuales a nueve mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 11 y los 24 años.

De acuerdo con la investigación, Kevin Andrés Caro Vásquez, al parecer, aprovechó su actividad como mototaxista para acercarse a las víctimas cuando esperaban transporte.

Una vez iniciaban el recorrido, les decía que debía recoger medicamentos o encomiendas y, con ese argumento, desviaba la ruta.

Así, presuntamente, las llevaba hasta zonas boscosas y apartadas, entre estas las lagunas de oxidación cercanas al sector del Rancho del INAT, el Humedal Berlín y los barrios El Poblado y El Dorado. En estos lugares habría cometido las agresiones sexuales.

Los nueve casos fueron relacionados a partir de muestras de ADN, entrevistas, testimonios, informes médicos, videos y fotografías, entre otros elementos materiales probatorios recopilados durante las labores investigativas.

Por estos hechos, una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Córdoba le imputó los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. Los cargos no fueron aceptados.

Este hombre se encuentra actualmente privado de la libertad en cumplimiento de una condena de 16 años de prisión por hechos relacionados con delitos sexuales.

*Perpetrado el pasado 11 de febrero en inmediaciones de un gimnasio del sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá.

Un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Leonel Enrique Llanos Paternina, vinculado en el homicidio del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra junto con un escolta, el pasado 11 de febrero en el norte de Bogotá.

«Actividades de policía judicial dan cuenta de su posible participación en labores de seguimiento, vigilancia y coordinación logística previas al ataque armado», dijo la Fiscalía.

Los elementos materiales probatorios indican que la acción armada estaría dirigida a otra persona, que por coincidencia visitaba a la misma hora el establecimiento de comercio frecuentado por el empresario.

«La Fiscalía imputó a Llanos Paternina los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que no fueron aceptados», destacó la Fiscalía.

Otro hombre que participó en el crimen y que supuestamente facilitó la huida del sicario, fue asesinado el pasado 30 de mayo, agregó la Fiscalía.

Aponte Fonnegra, propietario de la marca Arroz Sonora, y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, fueron asesinados el 11 de febrero a la salida de un gimnasio en La Cabrera, un barrio acomodado de Bogotá.

El día del crimen, un sicario interceptó al empresario, que también tenía negocios de ganadería, y a su escolta y les disparó en repetidas ocasiones para luego darse a la fuga.

El crimen casó conmoción porque Aponte Fonnegra era muy conocido en el sector agropecuario, participaba de forma activa en iniciativas vinculadas al desarrollo del campo colombiano y no tenía enemigos ni había recibido amenazas, según sus familiares.

*Los activos, avaluados en más de 22.118 millones de pesos, corresponden a 34 inmuebles, seis vehículos, una sociedad y tres establecimientos de comercio, ubicados en cinco departamentos del país.

En desarrollo de un proceso de extinción de dominio, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 44 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de ‘Los del Dorado’, un grupo delincuencial señalado de participar en la producción de cocaína y su posterior envío hacia Estados Unidos y países de Centroamérica.

Las propiedades están representadas en 34 inmuebles, 17 rurales y 17 urbanos, 6 vehículos, 3 establecimientos de comercio y una sociedad, localizados en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander.

La investigación, adelantada de manera articulada entre la Delegada para las Finanzas Criminales y la DIJIN de la Policía Nacional, con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, da cuenta de que la estructura delictiva afectada obtenía pasta base de coca en Nariño, la cual era ocultada en vehículos de carga, trasladada hasta laboratorios clandestinos ubicados en zona rural de Puerto Triunfo (Antioquia) y transformada en clorhidrato de cocaína.
Luego, los cargamentos de estupefacientes eran camuflados en camiones que transportaban ganado, arena, escombros y materiales de construcción, amparados con la respectiva documentación comercial, y movilizados hacia el Caribe colombiano para coordinar su salida marítima a destinos internacionales.

Paralelamente, la organización ilegal presuntamente adquiría bienes con recursos provenientes del narcotráfico y los registraba a nombre de terceros, con el fin de ocultar su verdadero origen.