*La Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

El trabajo comunitario que Kevin Santiago Ángel desarrollaba con jóvenes de la localidad de Kennedy para alejarlos de la criminalidad y del tráfico de estupefacientes habría sido el motivo por el que fue asesinado, entre el 20 y 21 de mayo en el suroccidente de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación avanzó en la investigación e identificó a ocho presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’ que estarían relacionados con el crimen. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Gaula Militar del Ejército Nacional, materializaron siete capturas en Bogotá y en Pamplona (Norte de Santander). Una octava persona fue notificada de la orden judicial en la cárcel de La Dorada (Caldas).

Las evidencias obtenidas por la Unidad Especial de Investigación (UEI) indican que el ‘Tren de Aragua’ consideraba a la víctima como un actor que afectaba sus intereses ilícitos y generaba incomodidad por las actividades sociales que desarrollaba, mediante proyectos orientados a prevenir la criminalidad y las actividades de narcomenudeo.

Según la hipótesis investigativa, integrantes de la estructura habrían engañado al profesor para que acudiera hasta el lugar donde posteriormente fue asesinado. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido como ‘Osmer’, quien sería uno de los cabecillas del grupo delincuencial y articulador el cobro de extorsiones y otras conductas delictivas en el suroccidente de Bogotá.

También están dos presuntos coordinadores de zona y cinco personas que, al parecer, habrían participado en la logística y ejecución del crimen. Los ocho capturados serán presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

*El procesado, quien se encuentra actualmente condenado por otro proceso relacionado con delitos sexuales, habría aprovechado su condición de mototaxista para agredir a las víctimas.

La Fiscalía General de la Nación identificó a un señalado abusador sexual en serie en Montería (Córdoba), que entre 2019 y 2024 habría sometido a vejámenes sexuales a nueve mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 11 y los 24 años.

De acuerdo con la investigación, Kevin Andrés Caro Vásquez, al parecer, aprovechó su actividad como mototaxista para acercarse a las víctimas cuando esperaban transporte.

Una vez iniciaban el recorrido, les decía que debía recoger medicamentos o encomiendas y, con ese argumento, desviaba la ruta.

Así, presuntamente, las llevaba hasta zonas boscosas y apartadas, entre estas las lagunas de oxidación cercanas al sector del Rancho del INAT, el Humedal Berlín y los barrios El Poblado y El Dorado. En estos lugares habría cometido las agresiones sexuales.

Los nueve casos fueron relacionados a partir de muestras de ADN, entrevistas, testimonios, informes médicos, videos y fotografías, entre otros elementos materiales probatorios recopilados durante las labores investigativas.

Por estos hechos, una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Córdoba le imputó los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. Los cargos no fueron aceptados.

Este hombre se encuentra actualmente privado de la libertad en cumplimiento de una condena de 16 años de prisión por hechos relacionados con delitos sexuales.

*Los activos, avaluados en más de 22.118 millones de pesos, corresponden a 34 inmuebles, seis vehículos, una sociedad y tres establecimientos de comercio, ubicados en cinco departamentos del país.

En desarrollo de un proceso de extinción de dominio, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 44 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de ‘Los del Dorado’, un grupo delincuencial señalado de participar en la producción de cocaína y su posterior envío hacia Estados Unidos y países de Centroamérica.

Las propiedades están representadas en 34 inmuebles, 17 rurales y 17 urbanos, 6 vehículos, 3 establecimientos de comercio y una sociedad, localizados en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander.

La investigación, adelantada de manera articulada entre la Delegada para las Finanzas Criminales y la DIJIN de la Policía Nacional, con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, da cuenta de que la estructura delictiva afectada obtenía pasta base de coca en Nariño, la cual era ocultada en vehículos de carga, trasladada hasta laboratorios clandestinos ubicados en zona rural de Puerto Triunfo (Antioquia) y transformada en clorhidrato de cocaína.
Luego, los cargamentos de estupefacientes eran camuflados en camiones que transportaban ganado, arena, escombros y materiales de construcción, amparados con la respectiva documentación comercial, y movilizados hacia el Caribe colombiano para coordinar su salida marítima a destinos internacionales.

Paralelamente, la organización ilegal presuntamente adquiría bienes con recursos provenientes del narcotráfico y los registraba a nombre de terceros, con el fin de ocultar su verdadero origen.