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Fiscalía

Caen tres hombres señalados de presuntos ataques sexuales contra 21 personas en Magdalena y Bolívar

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*Las víctimas, entre ellas mujeres y menores de edad, eran sometidas y posteriormente les arrebataban sus pertenencias.

La utilización de prendas de apariencia militar, armas de fuego y radios para intimidar a parejas que caminaban por lugares apartados sería parte del actuar de un grupo delincuencial señalado de cometer agresiones sexuales y hurtos en municipios de Magdalena y Bolívar.

La Fiscalía General de la Nación puso en marcha varias actividades investigativas, asoció los casos de 21 víctimas de violencia sexual y 15 de robos, e identificó a los presuntos responsables.

Se trata de Alfonso Rafael y Andrés Antonio Acuña Ortiz y Eliecer David Visbal Acuña, quienes estarían vinculados a eventos delictivos ocurridos entre 2018 y 2026, en Plato y Tenerife (Magdalena), y El Carmen de Bolívar (Bolívar).

Los elementos materiales probatorios indican que estas personas, al parecer,
interceptaban a sus víctimas cuando transitaban por zonas oscuras y poco concurridas, y las intimidaban con armas de fuego, haciéndose pasar por integrantes de grupos delincuenciales.

En medio de amenazas las trasladaban a lugares cercanos para
someterlas sexualmente, arrebatares las pertenencias y las de sus acompañantes.

Al agrupar hechos ilícitos que afectaron a mujeres adultas, menores de edad y un hombre, se detectaron coincidencias en la forma de actuar.

Los señalados agresores utilizaban pasamontañas, botas, prendas similares a uniformes de la fuerza pública y radios para proyectar la imagen de pertenecer a una organización armada con capacidad operativa.

También empleaban lenguaje cifrado y simulaban recibir órdenes de supuestos
superiores para reforzar la presión.

Otra práctica consistía en obligar a las víctimas a desbloquear sus teléfonos celulares.

Una vez accedían a los dispositivos, revisaban conversaciones, fotografías, contactos familiares y otros datos personales que, presuntamente, aprovechaban para aumentar la
intimidación

Fiscalía

Cae presunto cabecilla de red de narcotraficantes requerido en extradición por Perú

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José Ramiro Tobón Osorio, alias El Viejo, es investigado por su posible participación en el envío de cocaína a Europa, oculta en cargamentos de café.

Una notificación roja de Interpol permitió ubicar y aprehender en Pereira (Risaralda) a José Ramiro Tobón Osorio, ciudadano colombiano requerido por las autoridades judiciales de Perú por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado.

El procedimiento fue realizado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos a la Unidad de Investigaciones de Fugitivos (FIU), con apoyo del Ejército Nacional y el Servicio de Marshals de Estados Unidos. Tobón Osorio, conocido con alias El Viejo, sería el presunto cabecilla de una organización delincuencial transnacional que utilizaba cargamentos de café para ocultar clorhidrato de cocaína.

Los alijos salían de Colombia rumbo a Perú y otros países de Suramérica para posteriormente ser camuflados con destino a Países Bajos y otros destinos de Europa.

Esta modalidad y la ruta de envío habrían sido empleadas para evadir los controles de las autoridades.

El ciudadano colombiano es solicitado por la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado de Perú.

Ahora, quedará a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se surte la formalización del pedido de extradición, y se cumplen los trámites diplomáticos y administrativos para su entrega al país requirente.

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Fiscalía

Encarcelan a dos mujeres por agredir física y psicológicamente a un niño de 7 años de edad

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*Se trata de la madre de la víctima y su pareja sentimental, quienes fueron imputadas por los delitos de tortura y lesiones personales, ambas conductas agravadas.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a la madre de un menor de edad de 7 años y a su pareja sentimental por su presunta responsabilidad en actos de tortura contra el niño.

Las agresiones contra la víctima se habrían presentado en diferentes viviendas ubicadas en los barrios Simón Bolívar, de Barranquilla, y Costa Hermosa, de Soledad (Atlántico).

De acuerdo con la investigación, las procesadas presuntamente sometieron a la víctima a reiteradas agresiones físicas y psicológicas, causándole intensos dolores físicos y afectaciones a su integridad física y emocional.

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó para el menor de edad una incapacidad médico legal definitiva de 25 días.

Producto de las agresiones, la víctima sufrió una deformidad permanente en su rostro.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Atlántico les imputó los delitos de tortura
agravada y lesiones personales agravadas.

Las procesadas no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Como medida de protección, el menor de edad se encuentra bajo la custodia de su
padre biológico.

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Fiscalía

Fiscalía identificó y judicializó a 14 presuntos integrantes de la banda de extorsionistas «Los Usurpadores»

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*La estructura delincuencial exigía pagos diarios a cambio de una supuesta protección. Quienes se negaban eran amenazados, agredidos y despojados de sus pertenencias.

Las exigencias económicas, las amenazas y los hechos de violencia contra los habitantes del barrio San Germán, ubicado entre las localidades de Usme y San Cristóbal, en el sur de Bogotá, fueron el punto de partida de una investigación que permitió identificar y judicializar a 14 presuntos integrantes de ‘Los Usurpadores’.

Este resultado es producto del modelo estratégico nacional de investigación de la Fiscalía General de la Nación, orientado a caracterizar y afectar de manera estructural las organizaciones delincuenciales que más inciden en la tranquilidad y la convivencia ciudadana de todo el país. A través de labores investigativas articuladas, análisis criminal y asociación de casos, se establecen patrones de actuación y posibles responsabilidades individuales de los señalados integrantes de esas agrupaciones delictivas.

Desde junio de 2025, los pobladores del sector comenzaron a ser presionados para que pagaran entre 10.000 y 20.000 pesos diarios, a cambio de una supuesta prestación del servicio de seguridad. Quienes se negaban a entregar el dinero eran víctimas de amenazas, agresiones y hurtos. En algunos casos, ‘Los Usurpadores’ ingresaban a sus viviendas para apoderarse de objetos de valor y las intimidaban con atentar contra sus vidas, incluso hasta obligarlos a abandonar sus hogares. Guillermo Samir Morales Anchico, alias Memo, señalado cabecilla del grupo delictivo, sería el encargado de coordinar las exigencias económicas, las intimidaciones y los ingresos violentos a las residencias.

Las actividades de policía judicial pusieron en evidencia la desaparición de dos ciudadanos provenientes de Bucaramanga (Santander), quienes llegaron al barrio para concretar la compra de una mercancía. Al parecer, estas personas fueron retenidas en un inmueble de alias Memo, debido a que no contaban con el dinero acordado para el negocio. Desde entonces se desconoce su paradero.

La asociación de nueve noticias criminales permitió a un fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputar a los 14 posibles integrantes de ‘Los Usurpadores’ los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo, desaparición forzada, extorsión y desplazamiento forzado, todas estas conductas agravadas. Los procesados son Guillermo Samir Morales Anchico, Luis Albeiro Vallecilla Alegría, Davirwin Estupiñán Hernández, José Gustavo Salazar López, Manuel Fernando Balanta Rivas, Jonathan Javier Rivas Riascos, José González González, Yefri Carabalí Paz, José Yofer Velásquez Valencia, Jorge Iván Palomeque Palacios, Maicol Andre Barragán Bello, María Elizabeth Rivas Riascos, Ana Delmira Marzola Lara y Kevis Stiven Barragán Bello. 12 de ellos fueron capturados en diligencias realizadas por el Gaula de la Policía Nacional en Bogotá y Tumaco (Nariño). Por su parte, Morales Anchico y Barragán Bello fueron notificados en los centros carcelarios en los que permanecen privados de la libertad por otros eventos ilícitos.

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