*La menor de edad presentó síntomas durante varios días y no recibió atención médica oportuna.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a una mujer de 22 años, señalada de incumplir el deber de cuidado y protección que tenía respecto de su hija de seis meses, quien falleció el pasado 27 de mayo en un centro asistencial de Ibagué (Tolima).

De acuerdo con la investigación, la niña comenzó a presentar síntomas respiratorios el 14 de mayo.

No obstante, la madre no la habría llevado oportunamente a un servicio de salud. Solo hasta el 26 de mayo, ante la insistencia de terceros y el deterioro de la condición de la menor de edad, acudió a un hospital de El Espinal.

Por la gravedad del cuadro clínico, que incluía episodios prolongados de fiebre y
convulsiones, la niña fue remitida a un centro de mayor complejidad en Ibagué, donde murió al día siguiente.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la causa de muerte fue una neumonía que desencadenó un shock séptico.

Para la Fiscalía, el menoscabo progresivo de la salud de la niña y la ausencia de una atención médica oportuna constituirían elementos que permiten atribuir un presunto incumplimiento del deber de cuidado y protección por parte de la acusada.

En consecuencia, la mujer deberá comparecer en juicio como posible responsable del delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual.

La procesada permanece privada de la libertad en un establecimiento carcelario desde el pasado 4 de junio, fecha en la que fue judicializada.

*Alias Bambam habría participado en la planeación, actividades de seguimiento y logística del crimen.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Jherson Leonardo Contreras Ramírez, alias Bambam o Tatán, por su presunta participación en el homicidio de un empresario arrocero y su escolta, perpetrado el pasado 11 de febrero en el norte de Bogotá.

Este hombre habría coordinado acciones previas para garantizar la ejecución del crimen.

En ese sentido, se le atribuye la creación de un grupo en una aplicación de mensajería instantánea, mediante el cual se impartieron instrucciones a los demás involucrados.

Asimismo, estaría implicado en labores de vigilancia y seguimiento a la persona contra quien estaba dirigido el atentado.

En el curso de la investigación se conoció que también contribuyó a la logística requerida para materializar la acción criminal, específicamente con la consecución de un arma de fuego y de la motocicleta utilizada para facilitar la huida del sicario.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio, y fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados.

Contreras Ramírez fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá cuando, al parecer, pretendía salir del país con destino a Lima (Perú).

Su detención se produjo días después de la judicialización de Leonel Enrique Llanos Paternina, alias Tony, quien también fue afectado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y es investigado por este mismo caso.

*También es señalado de 31 hechos de desplazamiento forzado que afectaron a 84 personas y el reclutamiento ilícito de 31 menores de edad.

La Fiscalía General de la Nación imputó a Willinton Henao Gutiérrez, uno de los señalados cabecillas del frente 33 de las disidencias como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito.

De acuerdo con la investigación dirigida por un Grupo de Tareas Especiales conformado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, la Unidad Especial de Investigación y la Seccional Norte de Santander, alias Mocho Olmedo sería uno de los articuladores principales de la confrontación armada con ELN, que inició en 16 de enero de 2025 en diferentes sectores del Catatumbo (Norte de Santander).

En ese sentido, estaría implicado en el crimen de un líder comunitario y delegado de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guachimán, en Tibú. El 17 de enero de 2025, hombres armados ingresaron a la vivienda de la víctima y la trasladaron en contra su voluntad hasta una zona despoblada cercana a una mina de carbón, donde le causaron la muerte.

De igual manera, se le atribuyen 31 casos de desplazamiento forzado ocurridos entre el 16 y el 20 de enero de 2025, en los que integrantes del Frente 33 amenazaron a los habitantes de distintas zonas de Tibú y El Tarra, y obligaron a 84 personas abandonar sus viviendas.

Finalmente, es señalado de participar en el reclutamiento ilícito de 31 menores de edad para las diferentes estructuras armadas que delinquen en la región. Henao Gutiérrez no aceptó los cargos. Atendió la audiencia de manera virtual desde un pabellón de la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanece recluido a la espera de que se surtan los trámites para su extradición a Estados Unidos.