*Familiares de las víctimas indicaron que desconocen la razón por la que les quitaron la vida a los dos jóvenes.

Una pareja de esposos, identificados como Brayan Camacho Osorio y Angie González Cárdenas, fue ultimada a bala por un sicario en horas de la madrugada de este lunes 7 de septiembre, en el barrio La Alboraya, localidad suroriente de Barranquilla.

De acuerdo con la información extraoficial que se maneja en este nuevo acto sicarial en la ciudad, Brayan, de 26 años de edad, y Angie, de 23 años, se movilizaban a bordo de una motocicleta por un tramo de la carrera 8 con calle 40, en dicho sector.

Tomando rumbo a la vivienda, los esposos, que hacía ocho años habían contraído nupcias, fueron interceptados por dos hombres en moto. Como suele acontecer en estos casos, el parrillero desenfundó una pistola y la accionó en diez ocasiones, sin vacilar, contra la pareja.

Malheridos, Angie y Brayan fueron trasladados hasta el Hospital Barranquilla y la Clínica La Victoria, respectivamente, pero, pese al esfuerzo de los galenos, perdieron la batalla por mantenerse vivos.

Sobre el hoy occiso masculino, se conoció que se dedicaba a la compraventa de celulares y también a prestar dinero en efectivo bajo la modalidad de pagadiario.

Las autoridades, que ya adelantan las labores investigativas, informaron a algunos medios de la ciudad que, respecto a Brayan, registraba ocho anotaciones judiciales por los delitos de daño en bien ajeno, porte ilegal de armas de fuego, hurto, fuga de presos e inasistencia alimentaria.

*Fueron capturadas 30 personas y liberadas 57 potenciales víctimas.

Una organización criminal que captaba a ciudadanas y ciudadanos colombianos con falsas promesas para explotarles laboralmente en España fue desarticulada por la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía de Colombia en una operación en la que fueron capturadas 30 personas y liberadas 57 potenciales víctimas.

La red localizaba en Colombia a personas de especial vulnerabilidad económica y social, informó el Ministerio del Interior, les hacía falsas promesas de formación académica y prácticas profesionales en España y una vez aquí las explotaban en establecimientos de hostelería, diciéndoles que tenían una deuda económica que utilizaban como mecanismo de control y coacción.

La investigación comenzó en noviembre de 2023, cuando los agentes lograron desarticular una organización asentada en Torredembarra (Tarragona, en el noreste de España) dedicada a esa actividad delictiva.

El primer escalón de la organización estaba integrado por personas en Colombia encargadas de localizar, seleccionar y captar a las víctimas.

Las pesquisas permitieron constatar que la red contaba con una estructura jerarquizada y definida, con funciones diferenciadas en cada fase del proceso.

En numerosos casos la propia organización gestionaba el traslado a España, generando una deuda económica que posteriormente era utilizada como instrumento de control y coacción.

En lugar de lo prometido, los detenidos obligaban a las víctimas a trabajar en establecimientos de hostelería de Tarragona y Madrid, fundamentalmente.

En dos fases operativas llevadas a cabo en abril de 2024 y julio de 2025 los agentes actuaron contra los integrantes de la organización en España, con un total de 22 detenidos y 57 potenciales víctimas localizadas en Tarragona y Madrid.

El análisis de la información obtenida y de los testimonios de las víctimas permitió identificar una estructura estable en Colombia, y agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se desplazaron allí para coordinar y apoyar la investigación junto a las autoridades colombianas.

Finalmente fueron arrestadas en Tarragona tres personas de nacionalidad española y colombiana sobre las que pesaban órdenes internacionales de detención por su presunta participación en las actividades de la organización.

La Policía Nacional de Colombia llevó a cabo cuatro registros en Bogotá, que culminaron con el arresto de otras cinco personas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional, competente en relación con las órdenes internacionales de detención emitidas por las autoridades colombianas.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

Una nueva medida de un juzgado del Guaviare ordenó al Presidente Abelardo De La Espriella, y al Ejército no bombardear objetivos de grupos armados en el lugar si existe información sobre la presencia de menores de edad.

Esta decisión se suma a una medida cautelar de un juzgado de Bogotá que el pasado jueves ordenó al mandatario colombiano y a las Fuerzas Armadas abstenerse de bombardear lugares donde hay evidencia de la presencia de menores víctimas de reclutamiento.

Ambos fallos se dieron a conocer una semana después de que el Instituto de Medicina Legal informara de que tres menores habían muerto en una operación militar contra un grupo de las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de El Retorno, en el Guaviare.

El juzgado tercero penal del circuito de San José del Guaviare, capital del Guaviare, respondió a la acción de tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez para proteger los derechos fundamentales de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en el departamento.

La medida provisional ordenó al Ministerio de Defensa, Ejército, Fuerza Aérea y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que, en 48 horas después de este fallo, informen las medidas, protocolos y mecanismos que implementan o que reforzarán para identificar la presencia de niños en zonas que son objetos de operaciones militares.

Asimismo, pidió «verificar la información de inteligencia relacionada con su eventual reclutamiento o utilización; evaluar los riesgos para la población civil antes de la ejecución de operaciones aéreas, y garantizar un enfoque diferencial y de protección reforzada de la niñez en la planeación y ejecución de dichas operaciones».

El pasado 27 de agosto, tres menores murieron en un bombardeo del Ejército colombiano contra una grupo de las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de El Retorno.

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que tres de los diez cuerpos recuperados tras esa operación correspondían a menores de edad: dos de ellos tenían 15 años y el otro, 16.

El Gobierno defendió entonces la legalidad de la operación y señaló que los menores formaban parte del grupo armado por lo que fueron considerados «blanco legítimo».

Ese caso se sumó a la muerte de otro menor en un bombardeo realizado el 10 de agosto en la región del Catatumbo, en el noreste del país, lo que reabrió el debate sobre el uso de operaciones aéreas contra grupos armados que reclutan niños, niñas y adolescentes.

La controversia ocurre en medio del aumento de operaciones militares ordenadas por el Gobierno de De La Espriella y de las alertas sobre la utilización de menores en el conflicto que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre 2024 y el 31 de julio de 2026, tuvo conocimiento de 1.173 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia.