*Este hombre habría impartido órdenes directas para ejecutar, al menos, tres crímenes de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz, entre ellos, el de un gobernador indígena del pueblo Nasa.

Como parte de las actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación contra los máximos responsables de crímenes cometidos contra líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz en Putumayo, fue judicializado Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias Bonito, señalado cabecilla del autodenominado Comandos de Frontera, de las disidencias de las Farc.

Este hombre haría parte de la línea de mando de esta organización armada ilegal desde 2016 y se le atribuye su presunta responsabilidad en diferentes acciones delictivas en Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Guzmán, Villagarzón y Mocoa. Entre sus funciones estarían el control de zonas, el manejo logístico de armas y la coordinación de actividades de narcotráfico, desplazamientosforzados, homicidios, extorsiones, entre otras.

El material probatorio recopilado en el curso de la investigación permitió identificar reuniones de los cabecillas del grupo armado ilegal en las que alias Bonito habría participado con el fin de impartir directrices en contra de los líderes sociales que se oponían a sus actividades ilegales.

Uno de los hechos que se le atribuye es el crimen del gobernador del pueblo Nasa, Phanor Guazaquillo Peña, ocurrido el 3 de diciembre de 2023 en inmediaciones del cementerio de la vereda La Danta, en Puerto Asís (Putumayo). La víctima habría sido interceptada por dos hombres armados que la atacaron con arma de fuego, causándole la muerte.

Actividadesinvestigativas adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que el asesinado del gobernador habría sido ordenado por alias Bonito debido a la labor de liderazgo que la víctima ejercía con relación a la sustitución de cultivos ilícitos de coca por proyectos productivos lícitos.

*Cerca de 8.000 personas de Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena y Tolima habrían entregado su dinero sin recibir los rendimientos prometidos ni recuperar lo invertido.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suarez Burgos, quienes estarían involucrados en un esquema de captación ilegal mediante el cual se habrían recibido cerca de 200.000 millones de pesos de 8.000 ciudadanos, entre 2021 y 2024. La investigación liderada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, da cuenta de que la captación habría comenzado en 2021 a través de una comercializadora y exportadora y, un año después, continuó mediante la conformación de una cooperativa.

El modelo de negocio ofrecía dos modalidades. La primera consistía en la supuesta compra de plátano a productores de la región para comercializarlo en mercados nacionales e internacionales, a través de un intermediario que se encargaría de vender el producto a un comprador extranjero.

La segunda promovía la vinculación de terceros como ‘asociados’ o ‘socios ocultos’, mediante contratos de cuentas en participación. A cambio de los aportes, se prometía una rentabilidad del 25 % cada 25 días hábiles, derivada de la comercialización del plátano.

Los elementos materiales probatorios recopilados establecieron que cerca de 8.000 personas habrían entregado, en conjunto, aproximadamente 200.000 millones de pesos, sin recibir los rendimientos ofrecidos ni recuperar el dinero invertido. Entre los afectados estarían mujeres cabeza de familia, víctimas de desplazamiento, docentes rurales, campesinos y agricultores. Los recursos habrían sido captados principalmente en Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes (Antioquia).

También fueron identificadas personas afectadas en Valle del Cauca, Magdalena y Tolima, entre otros departamentos. Una de las procesadas fue capturada el pasado 10 de julio en el aeropuerto internacional José María Córdova, mientras que el otro investigado se presentó voluntariamente ante las autoridades.

En audiencias realizadas por separado, jueces de control de garantías legalizaron los procedimientos. De acuerdo con su posible responsabilidad individual, una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de captación masiva y habitual de dineros y no reintegro. Ninguno aceptó los cargos.

Por decisión de los jueces de control de garantías, los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia. Esta información se publica por razones de interés general.

*Varios de los procesados habrían participado en, al menos, dos reuniones en las que planearon el homicidio colectivo. 

Las actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar y judicializar a cinco presuntos responsables del crimen de cinco personas, ocurrido el pasado 16 de abril en un establecimiento comercial ubicado en zona rural de Villanueva (Casanare).

Se trata de José Hugo Bernal Triviño, alias Gallero; Daniel Cadena Amariles; Diego Alejandro Cadena Niño; Camilo Andrés Machado Martínez, alias Tatuajes; y Robeiro Guzmán López, alias Robeiro.

De acuerdo con la investigación, alias Gallero se habría encargado de coordinar la acción criminal. Por su parte, Cadena Amariles y Cadena Niño presuntamente realizaron labores para ubicar a las víctimas y señalar el momento exacto para ejecutar el ataque. Asimismo, Cadena Niño, al parecer, facilitó las motocicletas en las que se movilizaron Machado Martínez y Guzmán López, quienes habrían perpetrado la acción armada contra las nueve personas que se encontraban en el lugar.

Cinco de ellas fueron asesinadas y cuatro más, entre estas dos menores de edad, sobrevivieron. El material probatorio recopilado estableció que varios de los procesados habrían participado en, al menos, dos reuniones en las que planearon el homicidio colectivo y definieron los roles que cumpliría cada uno.

Entrevistas a testigos, verificaciones de cámaras de seguridad, interceptaciones telefónicas y análisis de ubicación de antenas permitieron situar a los investigados tanto en el lugar del ataque como en las reuniones previas.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Casanare les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, partes o municiones, y hurto calificado. Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, fueron afectados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Cuatro de ellos fueron capturados en diligencias de allanamiento y registro realizadas en Villanueva (Casanare) y Granada (Meta). Durante los operativos fueron incautadas armas de fuego, equipos celulares, tres motocicletas, un arma traumática y munición de diferentes calibres.