Un hecho violento se registró en el corregimiento de El Carmen, zona rural de San Lorenzo, al norte de Nariño, en donde sujetos armados dispararon contra un grupo de personas que se encontraban departiendo dejando dos personas heridas y tres fallecidas.

Según información preliminar, los atacantes se desplazaban en un vehículo desde el cual abrieron fuego indiscriminadamente, posteriormente la comunidad intervino y logró detener el automóvil, lo que permitió la captura de dos sospechosos, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades para iniciar el proceso judicial correspondiente.

Entre las víctimas mortales se ha confirmado la identidad de Viviana Moreno, enfermera de La Unión, y Gevanny Cerón, entre tanto las personas heridas fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial, donde su pronóstico es reservado.

El secretario de Gobierno de Nariño, Benildo Estupiñán, rechazó estos hechos y aseguró que las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los motivos y responsables del ataque.

La Fiscalía General de la Nación lideró una investigación que puso en evidencia una alianza criminal entre el ‘Clan del Golfo’ y algunos integrantes de la fuerza pública para facilitar la ejecución de actividades ilegales en Chocó. En ese sentido, fueron capturadas y judicializadas siete personas, entre ellas dos infantes de marina.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra, petición a la que accedió un juez de control de garantías.

Los afectados con la decisión son: José Albeiro Aguirre Aguirre, alias Luis, señalado cabecilla financiero de la subestructura Jairo de Jesús Durango Restrepo; Nelson Hurtado Vanegas, alias Chamber, presunto cabecilla del ala narcotraficante del ‘Clan del Golfo’ en Chocó; Juan Diego Mosquera Saavedra, alias Pájaro, y Julián Arcenio Macías Cardona, alias Conejo, posibles articuladores principales de la subestructura Pacífico o Playas; los infantes de
marina Arlinton Morelo Correa y Fabián Mauricio Herrera Rendón; y el exintegrante de la Armada Nacional, Román Antonio Rico García, alias RR.

Los elementos de prueba recopilados indican que el ‘Clan del Golfo’ habría incluido en su nómina ilícita a los uniformados procesados y les transfería hasta tres millones de pesos por información que les permitiera a los cabecillas evadir las operaciones militares en la región o conseguir armas de fuego, munición y otros elementos.

En el caso de Rico García, el grupo armado ilegal presuntamente le pagaba 10 millones de pesos mensuales, en el entendido de que en distintas oportunidades recibieron datos y detalles precisos que les permitieron huir del asedio de la fuerza pública.

Los siete investigados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional y la Armada Nacional en Juradó, Bahía Solano y Nuquí (Chocó). En los procedimientos se incautaron 7 teléfonos celulares, cerca de 24 millones de pesos en efectivo, 64 dólares estadounidenses, un morral de
campaña, 2 cintelas militares, un proveedor con munición calibre 9 milímetros y un teléfono satelital.

El trágico caso de Jennifer Velandia, joven desaparecida el pasado 31 de octubre en Yopal, conmocionó a la comunidad de Casanare. Después de días de angustia e incertidumbre, las autoridades hallaron el 9 de noviembre un cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de una vivienda de la ciudad, que, las investigaciones preliminares indican, sería el de la joven. Ante este hecho, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, ofreció una recompensa para capturar al responsable del presunto feminicidio.

Jennifer, de 23 años, fue vista por última vez en el sector de San Ángel, en Yopal. Su tío, José Antonio Delgado, visiblemente afectado, pidió apoyo en una sesión del Concejo de Yopal el 6 de noviembre. “No saben el dolor que sentimos a diario; no hemos podido dormir”, manifestó Delgado, mientras recordaba que su sobrina tenía una discapacidad auditiva, por lo cual usaba audífonos especiales. La familia temía que, sin ellos, Jennifer pudiera haberse desorientado.

Durante la búsqueda, los familiares denunciaron haber recibido llamadas extorsivas, en las que desconocidos les exigían dinero a cambio de información sobre su paradero.

El cuerpo fue encontrado en una vivienda situada entre las calles 13 y 18 de Yopal, después de que uno de los residentes notara un olor inusual y decidiera revisar el lugar. “Sentí olores horribles durante tres días. Le pedí al dueño de la casa que hiciéramos aseo y, al abrir un closet de cemento bajo las escaleras, hallamos dos bolsas”, relató un vecino a Prensa Libre Casanare.