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Bernardo Moreno Villegas, exsecretario de Álvaro Uribe, se entregó a las autoridades por el escándalo de la ‘Yidispolítica’

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La Policía Nacional reportó en las últimas horas la entrega del exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno Villegas, por su participación en el escándalo de corrupción conocido como la ‘Yidispolítica’. Esta detención se habría efectuado por autoridades en Calarcá (Quindío), días después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara una condena en contra del exfuncionario por el delito de tráfico de influencias.

Moreno Villegas, que se desempeñó como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), entre el 19 de julio de 2004 y el 7 de agosto de 2010, durante la administración de Álvaro Uribe Vélez, fue sentenciado a 5 años y 7 meses de prisión.

La condena se deriva de su implicación en un esquema de corrupción donde se le acusa de haber utilizado su posición de poder para ofrecer sobornos y nombramientos en altos cargos gubernamentales a favor de la excongresista Yidis Medina Padilla. Este acuerdo corrupto, que se realizó bajo la premisa de intercambiar favores políticos por beneficios personales, ha sido uno de los puntos clave en el caso de ‘Yidispolítica’, que ha expuesto graves irregularidades en la gestión política de la época.

Según la excongresista, Moreno Villegas le prometió varios cargos en la administración a cambio de su apoyo a la reelección de Uribe en 2006. Puntualmente, la Corte Suprema determinó que el exfuncionario actuó para asegurar el apoyo de Medina Padilla al proyecto de Acto Legislativo n.º 267 de 2004, que modificaba el artículo 197 de la Constitución Política para permitir la reelección presidencial inmediata.

A cambio de su apoyo, Medina Padilla recibió garantías de que sus recomendados serían nombrados en diversos cargos públicos en la Red de Solidaridad Social (RSS), Etesa, el Sena y en notarías.

La sentencia reveló que, en un “pacto ilegal”, Bernardo Moreno utilizó su influencia para concretar estos nombramientos, a pesar de saber que “una vinculación al Estado no podía convertirse en un medio para cumplir compromisos ilícitos”. La Corte detalló en el fallo cómo Moreno Villegas “se intrometió en asuntos internos de las entidades directamente o a través de sus asesores”, y realizó una serie de acciones para asegurar los nombramientos, como el envío de hojas de vida, llamadas telefónicas a directores y citas con Medina Padilla.

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En Medellín capturaron a tres presuntos coordinadores y a un supuesto sicario que operaban en las comunas 8 y 9

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La Policía del área metropolitana del Valle de Aburrá anunció cuatro capturas por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y concierto para delinquir.

En el desarrollo de la investigación, las autoridades constataron que estas personas pertenecían a un grupo delincuencial que afectaba la convivencia y seguridad de los ciudadanos por medio de delitos como la venta de estupefacientes y la extorsión, entre otros.

Los presuntos coordinadores delictivos serían ‘Yeris’ y ‘La pija’, quienes estarían a cargo de liderar las acciones ilegales en la comuna 9, Buenos Aires, como son la venta de estupefacientes. Así mismo, con la captura de un hombre conocido como ‘Máscara’ por el delito de homicidio agravado consumado, homicidio en la modalidad imperfecta de la tentativa fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, parece esclarecerse el homicidio de Ómar Heredia ocurrido el pasado 11 de marzo, en la misma comuna.

Las autoridades informaron que fue la información aportada por la ciudadanía la que orientó a los uniformados de la Dirección de Investigación Criminal, quienes tardaron 11 meses investigando y recaudando información para aportar las pruebas suficientes para que la Fiscalía ordenara las órdenes de captura en contra de estos tres hombres.

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Capturaron al comandante de la Policía de La Ceja, Antioquia, por presuntos vínculos con el Clan del Golfo

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El comandante de la estación de Policía de La Ceja, Oriente antioqueño, capitán Guillermo Stevens Salgado Rendón, fue capturado en la mañana de este miércoles por presuntos vínculos con el Clan del Golfo en el departamento de Caldas, de acuerdo con información de inteligencia, en hechos en los que también habrían resultado implicados otros seis uniformados, a los cuales capturaron en distintas regiones del país.

Agentes de la Dijín de la Policía Nacional llegaron hasta la estación de Policía del municipio y allí detuvieron a este oficial, mientras que simultáneamente en Bogotá se registraba la detención del teniente Santos Steven Pirabán Martínez, quien formaba parte de la Dirección de Tránsito y Transporte de la institución.

A los otros uniformados, cuyas identidades no trascendieron, los detuvieron las unidades de la Dijín, en conjunto con la Fiscalía, en Pereira, Armenia y Manizales, y entre ellos hay también subintendentes y patrulleros que estarían implicados en las acciones delictivas de este grupo.

Según los registros judiciales, a estos uniformados los investigan por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, constreñimiento ilegal, prevaricato, privación ilegal de la libertad y detención arbitraria especial, proceso que lleva el juzgado segundo promiscuo de La Dorada, Caldas.

Las investigaciones que se le llevaban al comandante de La Ceja y a los demás uniformados datan de 2022, según fuentes judiciales del caso, luego de los señalamientos hechos por un presunto integrante de la banda La Empresa, la cual delinque en el oriente del departamento de Caldas y que presta servicios en la actualidad para el Clan del Golfo.

Las primeras indagaciones del caso indicarían que los uniformados estarían implicados en la captura ilegal de una persona, a la cual acusaron de un asesinato en el que nada tenía que ver para presentarlo como un positivo, todo con el fin de encubrir a los verdaderos responsables de este hecho y que serían miembro de esta estructura criminal.

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Vandalizaron imágenes religiosas en al menos tres veredas del municipio de Granada, Antioquia

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Los habitantes de Granada, en el Oriente antioqueño, no salen de la consternación luego de que varias imágenes religiosas tradicionales ubicadas en zonas rurales del municipio aparecieran vandalizadas esta semana. Aunque aún se desconoce quiénes están detrás de este hecho y cuáles son las motivaciones que tuvieron para cometerlo, hay preocupación porque en este pueblo, de marcada tradición católica, no recuerdan que hubiera pasado algo similar.

El padre Benancio de Jesús Ochoa, párroco de la parroquia Santa Bárbara de Granada, dijo que se han conocido las denuncias de estos hechos en por lo menos tres veredas del municipio, unas de ellas en límites con San Carlos, lo que ha hecho que la gente se muestre muy conmovida porque suelen respetar y cuidar mucho los símbolos religiosos. Los monumentos vandalizados, principalmente advocaciones de la Virgen María, están ubicados en zonas al aire libre, en caminos veredales en los que las personas suelen persignarse, prender una vela, hacer una oración o rezar una novena.

“No sabemos qué pasa, uno entra en preocupación porque el que está haciendo esto no debe ser alguien como muy normal, es alguien malintencionado, son imágenes a las que la gente les tiene mucha fe”, señaló el padre Benancio. La misma idea tienen otras personas de la comunidad que esperan que las autoridades logren establecer por qué dañaron las imágenes.

Edwin Fernando Giraldo, presidente del Concejo de Granada, manifestó que por lo pronto no se ha logrado establecer con certeza ningún detalle del caso y que los hechos son materia de investigación. Fue enfático en decir que desde el Concejo municipal, la alcaldía, la parroquia y la comunidad en general rechazan este daño a la tradición popular y religiosa de los habitantes: “Algunos se preguntan por qué se vandalizaron varias imágenes religiosas que se encontraban en el camino entre Granada y San Carlos”.

Por ello, desde el Concejo de Granada también se pronunciaron rechazando el que catalogaron como “una degradación y falta de respeto que atenta contra la libertad de culto”, que es respaldada por la Constitución de Colombia. Varias personas le dijeron a este medio que pese a que la mayoría en el municipio es católica, se ha respetado la libertad de culto y no se han presentado problemas por profesar creencias.

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