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Así se repartieron los más de $14.000 millones del contrato de carrotanques de la Ungrd, según la Fiscalía

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Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), al igual que Luis Eduardo López Rosero, conocido con el alias de El Pastuso, la Fiscalía General de la Nación reiteró en cómo se habrían repartido millonarias comisiones y coimas de recursos estatales.

En específico, por el contrato de $46.800 millones para la adquisición de 40 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira y que se convirtieron en la “punta del Iceberg” para descubrir el entramado corrupto al interior del organismo, y que obligó a los dos exfuncionarios a buscar principios de oportunidad con el ente acusador, a cambio de información sobre la ola de montos adjudicados.

De acuerdo con la fiscal María Cristina Patiño, tanto López como Pinilla acordaron con El Pastuso el 14% del valor del contrato para los fines descritos. En realidad, el costo de los carrotanques era de $37.764 millones. Este personaje jugó un papel determinante para concretar el multimillonario desfalco a las finanzas de una entidad que, por su naturaleza jurídica, puede contratar de manera directa.

Así pues, la funcionaria judicial explicó que el referido contrato para la compra de los vehículos y se registraron más de $14.163 millones en sobrecostos, de donde salieron tanto sobornos como jugosos montos para complacer a los involucrados. De estos, $7.821 millones fueron dados al citado contratista, mientras que entregó $5.342 millones a Pinilla para cumplir con los compromisos pactados.

A su vez, la funcionaria judicial recalcó que Rosero, entregó, por pago de coimas pactadas un total de 6.342 millones que fueron distribuidos así: $1.000 millones para el señor Pedro Rodríguez, que oficia como exasesor de Olmedo López, y $5.342 millones a Sneyder Pinilla por ser el hombre que se encargó de la adjudicación de la orden que permitió la compra de los vehículos a Impoamericana Roger SAS.

Este último monto ($5.342 millones) fue repartido de la siguiente manera:

Iván Name (expresidente del Congreso): $3.000 millones
Andrés Calle Aguas (expresidente de la Cámara): $1.000 millones
Olmedo López (exdirector de la Ungrd): $742 millones
Sneyder Pinilla (ex subdirector del manejo del riesgo): $342 millones
Comisión: $276 millones

La fiscal insistió en que los sobornos a los expresidentes del Senado y la Cámara se dio por lo que sería la instrucción del entonces director de Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González. Además, Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, participó –según la Fiscalía– en la entrega del dinero que habría recibido Name Vásquez como parte de esta red.

 

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Por amenazas del Clan del Golfo han cerrado más de tres mil puntos en la Región Caribe

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Más de 3 mil puntos de SuperGIROS en la región Caribe han tenido que cerrar por las amenazas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o ‘Clan del Golfo’.

La ofensiva se ha recrudecido después del asesinato de Fernanda Mozo, una colocadora de SuperGIROS en Bosconia, el pasado 4 de noviembre.

El ‘Clan del Golfo’ ordenó con amenazas el cierre de los puntos de SuperGIROS en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y Guajira.

De hecho, este sábado se registraron ataques en puntos de Luruaco y Barranquilla, en la calle Murillo con carrera 9B, dejando una colaboradora herida.

Sujetos armados han incursionado también contra puntos de la red de servicios en Carmen de Bolívar, lugar en el que hicieron seis disparos para obligar al cierre de varios locales comerciales.

En otros municipios de la región hombres armados que se identifican como miembros de este grupo ilegal que actualmente hace parte de la llamada mesa de negociación de la ‘Paz Total’. En estas poblaciones ordenaron con intimidación y amenazas el cierre de los locales.

Se calcula que tres mil locales de la red de la empresa que presta servicios de giros y pago de servicios públicos y que opera como corresponsal bancario en los municipios más apartados de Colombia cerraron sus puertas ante la falta de garantías para operar .

«Llegan en grupos de dos o tres y dan la orden de cierre dejando ver armas de fuego», sostienen las colaboradoras que minutos después cierran los locales.

En el Golfo de Morrosquillo, en Sucre, por ejemplo, la red está paralizada dejando sin actividad a miles de personas que dependen de su labor en este sector de la economía.

La Defensoría del Pueblo se manifestó a través de su cuenta de X rechazando las acciones de los grupos armados, sobre todo contra las mujeres, que son en su mayoría las colocadoras de la empresa .

No obstante, SuperGIROS indicó que pese al apoyo de las autoridades de Policía y Ejército la acción de estos grupos al margen de la ley se ha incrementado en las últimas horas poniendo en riesgo la vida de miles de personas que trabajan en los puntos de SuperGIROS en esta región del país.

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El excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción, quedó en libertad condicional

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Musa Besaile, excongresista del Partido de la U condenado por parapolítica y el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, recibió libertad condicional y salió de su centro de reclusión. Estaba condenado a más de seis años de prisión.

Una decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería le dio la libertad condicional al exsenador, quien estaba recluido en el Centro de Ejecución Militar del batallón de la capital de Córdoba.

Besaile había sido condenado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y peculado por apropiación. El parlamentario estuvo implicado en redes de corrupción en donde hizo uso de su poder para obtener algunos beneficios.

Su libertad se habría dado debido al cumplimiento de tres quintas partes de la condena, así lo habría asegurado su abogado Hernando Bocanegra, quien también informó que Besaile se encontraba en delicado estado de salud.

Inicialmente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había condenado al exsenador a 6 años y 20 días de prisión, además de imponerle una multa por un valor de $415.268.652 y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 83 meses; sin embargo, en el mes de mayo de 2023 el mismo tribunal le sumó 7 años de prisión por alianzas con grupos paramilitares.

Además, en febrero, Besaile había recibido una sentencia de dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias en el proceso Fonade, pues de acuerdo con el alto tribunal el excongresista, junto al Ñoño Elías, efectuaron “actividades burocráticas y de intermediación legal” en los asuntos contractuales de la entidad.

Debido a estas sentencias, las condenas de Besaile sumaron un total de 168 meses y 9 días de prisión, y se permitió que accediera a la libertad condicional por el cumplimiento de una parte de la pena.

Otro de los motivos que favoreció esta medida es que el excongresista no es solicitado por ninguna otra entidad, esto lo confirmó el Inpec, la autoridad carcelaria del país, y el Ejército, en una de cuyas sedes estaba recluido Besaile.

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Hombres que intentaron quemar vivos a 15 policías en un CAI fueron condenados a 18 y 20 años de prisión

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Dos sujetos fueron judicializados este viernes, 22 de noviembres, por el atentado realizado contra el CAI de La Aurora en Usme, Bogotá, en donde le prendieron fuego a una estructura en donde se encontraban 15 uniformados de la Policía que resultaron casi calcinados luego del ataque.

En medio de lo que fue catalogado como el estallido social, en la noche del pasado 4 de mayo de 2021 una multitud atacó con palos, piedras y bombas incendiarias al CAI que está ubicado en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, en Bogotá.

En esta estructura estaban refugiados 15 uniformados, quienes cumplían turno en su momento. El ataque fue más allá cuando, según la narración del juez quinto especializado de Bogotá, dos sujetos lanzaron bombas ‘Molotov’ a través de uno de los vidrios blindados, los cuales ya estaban debilitados gracias a los golpes.

Estos hombres son Kevin Hernández y Edwin Murcia, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público.

“El juzgado emitirá sentencia de condena contra Kevin Hernández y Edwin Murcia únicamente por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público (…) Adicionalmente, se emitirá sentencia de condena en contra de Edwin Murcia por el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligros”, fue la declaración en la audiencia del juez quinto especializado de la capital.

Ante los hechos, el togado los sentenció a 18 y 20 años de prisión respectivamente, pues en el caso de Murcia se encontraron dos artefactos explosivos en su residencia y los cuales tienen relación con las sustancias que en aquella noche le arrojaron a los policías.

La sentencia fue basada en pruebas contundentes en donde se destacan varios videos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron claves para identificar a los responsables del hecho. También se desestimaron las pruebas presentadas por la defensa de estos hombres, las cuales fueron calificadas como contradictorias e inconsistentes.

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