*El monto del robo asciende a 80 millones de pesos.

Un millonario robo se registró la madrugada de este viernes en el corregimiento La Playa, jurisdicción de Barranquilla, luego de que delincuentes violentaron una bodega y robaron 23 motocicletas eléctricas.

De acuerdo con la denuncia hecha por el propietario, los hechos se habrían registrado entre las 2 y las 3 de la madrugada. El robo está avaluado en 80 millones de pesos.

Según explicó, al menos cinco antisociales llegaron a la bodega donde almacenaba la mercancía, violaron la seguridad y se llevaron los vehículos. Posteriormente, fueron cargadas uno a uno en un camión para luego huir del sitio con las motocicletas.

El propietario de los vehículos eléctricos se dio cuenta del millonario robo en horas de la mañana cuando llegó abrir el local. Las autoridades ya se encuentran al frente de las investigaciones para dar con los responsables del hurto.

*Los menores se salvaron cuando uno de ellos logró escapar y avisar a un vecino, quien llegó y evitó la tragedia.

Tras las rejas, por lo menos de manera preventiva mientras se adelanta el juicio en su contra, deberá permanecer Barlis Marina Rada Ortiz, la mujer a la que un juez envió a la Cárcel Distrital de Santa Marta tras ser señalada de intentar asesinar a sus tres hijos, menores de edad, en el municipio de Ciénaga, Magdalena.

De acuerdo con la investigación, el alarmante caso se produjo el pasado 5 de junio, cuando la mujer sostuvo una intensa discusión con su pareja y, en medio de la rabieta, terminó atacando a sus hijos, de 5, 7 y 12 años, a los que intentó ahorcar.

Los testimonios recaudados por la Fiscalía revelaron que uno de los menores logró escapar por una pared del patio de la vivienda y pedir ayuda a un vecino. Esta persona corrió, intervino oportunamente y evitó que la mujer lograra su cometido y ocurriera una tragedia.

Posteriormente, los niños fueron trasladados a un centro asistencial, donde recibieron atención médica por las lesiones que sufrieron en el cuello y están fuera de peligro.

La Fiscalía le imputó a la mujer el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, pero ella negó su responsabilidad en estos hechos.

Una decisión judicial ordenó al Gobierno de Abelardo De La Espriella abstenerse de ejecutar operaciones aéreas ofensivas contra campamentos de grupos armados cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niño utilizados por esas organizaciones.

La medida cautelar fue dirigida a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional, cada uno dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

La orden estará vigente mientras se adopta una decisión de fondo dentro de la acción de tutela y establece que, antes de realizar una operación aérea, las autoridades deberán adoptar y verificar las medidas de precaución y protección necesarias cuando exista información sobre la presencia de menores.

De acuerdo con la decisión, una operación solo podría ejecutarse si, a partir de la información disponible y de los protocolos operacionales aplicables, se determina que no existe una alternativa operacional menos lesiva que permita alcanzar el objetivo militar legítimo.

La medida judicial se conoce después de los recientes operativos militares contra las disidencias de alias Calarcá, particularmente el realizado en El Retorno, Guaviare, que dejó 10 integrantes de esa estructura muertos.

De los cuerpos recuperados tras el operativo, Medicina Legal logró identificar nueve. Entre ellos fueron encontrados tres menores de edad, de 15 y 16 años, según la información conocida sobre el procedimiento.

El hallazgo puso nuevamente en el centro del debate el uso de menores de edad por parte de grupos armados y las consecuencias que tiene su presencia en zonas utilizadas como campamentos o lugares de operación de las estructuras ilegales.

La decisión judicial establece precisamente que la Fuerza Pública deberá considerar esta circunstancia antes de ejecutar bombardeos. No se trata únicamente de una sospecha sobre la presencia de menores, sino de que exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable que permita establecer que niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados pueden encontrarse en el objetivo.

La medida representa un cambio importante para la política de seguridad del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, quien, en el primer mes de su administración, ha ordenado una política ofensiva contra las estructuras armadas ilegales. En ese periodo se han registrado cuatro bombardeos, de acuerdo con la información expuesta en torno a las operaciones militares.

El ataque en Guaviare es el que generó la actual discusión por la muerte de los menores.

El presidente había defendido los bombardeos y había sostenido que la responsabilidad por la presencia de menores en estos lugares recaía en los grupos armados que los reclutan y utilizan, incluso como escudos humanos.

Sin embargo, la decisión judicial introduce una obligación concreta para las Fuerzas Militares: antes de realizar una operación aérea ofensiva deberán establecer si existe información sobre la presencia de menores y, de ser así, evaluar medidas de protección y alternativas menos lesivas.