En cumplimiento de su deber institucional de informar con objetividad, la Fiscalía General de la Nación se permite precisar los hechos ciertos y verificables sobre el trámite del proceso penal contra el exdiputado Nicolás Fernando Petro Burgos, presentados públicamente de manera sesgada, parcial e incompleta por la exfiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt.

En un comunicado, la Fiscalía sostiene lo siguiente:

«Como se ha indicado en diversas ocasiones, para la fecha en que la fiscal general de la Nación tomó posesión del cargo -22 de marzo de 2024-, Nicolás Petro Burgos ya había sido acusado como presunto autor de los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, por parte del entonces fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, quien actuando ante la judicatura como sujeto procesal en representación de la Fiscalía verbalizó la acusación en sesiones de audiencia llevadas a cabo entre el 2 de noviembre de 2023 y el 11 de enero de 2024. A su vez participó en la audiencia preparatoria iniciada el 29 de abril de 2024 y hasta el 22 de julio del mismo año, cuando fue recusado y separado del caso, con ocasión de los cargos formulados en su contra por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por posibles faltas disciplinarias en el curso de este proceso».

«Sólo ante esa contingencia la exfiscal Lucy Laborde recibió el caso por reparto automático y aleatorio a través del sistema SPOA, en presencia de la agente especial de la Procuraduría, y no por asignación discrecional. La misma funcionaria continuó la ya iniciada etapa preparatoria a través de 31 sesiones cumplidas en las siguientes fechas: (i) (ii) (iii) 5 de agosto (fallida por no haberse agotado el descubrimiento probatorio), 11 de septiembre, 9, 10 y 11 de diciembre de 2024. 13 y 14 de enero, 11 y 13 de febrero, 25, 26,27y 28 de marzo, 19 y 20 de mayo, 11 y 12 de junio, 29 y 30 de julio, 1, 3 y 4 de septiembre, 4 y 7 de noviembre, 28 de noviembre, 16 y 19 de diciembre de 2025. 26 de febrero, 26 de marzo, 1 y 2 de junio de 2026».

«Actualmente, el inicio del juicio oral se encuentra a la espera de que se resuelvan los recursos de apelación interpuestos por la exfiscal Laborde, el defensor del señor Petro Burgos y el agente del Ministerio Público, contra el auto que resolvió sobre las pruebas decretadas y negadas. Es de destacar que el juicio se seguirá por los mismos delitos por los que se presentó la acusación el 11 de enero de 2024: enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos. Respecto de la reunión referida por la exfuncionaria, llevada a cabo el 5 de septiembre de 2024, esta tuvo lugar en el marco de las facultades que le asisten a la fiscal general de la Nación en virtud de los principios de unidad de gestión y jerarquía que consagra el artículo 251.3 de la Constitución Política, sin perjuicio de la autonomía que la ley reconoce a los fiscales delegados. Su desarrollo no ocurrió en los términos que ha señalado la exservidora. En ese espacio no se le impartió orden alguna para la eliminación de delitos, ni hubo coacción o presión».

«El único objeto de la reunión fue examinar la petición de la defensa de variar la calificación jurídica para llegar a un preacuerdo, petición a la que no se accedió, como da cuenta la actuación. El proceso siguió bajo la orientación jurídica impartida por la exfiscal, como responsable del mismo, sin cambio alguno de la adecuación típica. Hasta su retiro el 16 de julio pasado, la fiscal Lucy Laborde recibió pleno respaldo institucional para el desempeño autónomo de su labor en el proceso contra Nicolás Petro, al punto que fue ratificada en el caso por la fiscal general de la Nación ante dos peticiones de la defensa para que fuera apartada de su conocimiento».

«Tampoco es verdad que su retiro de la entidad se relacione con este expediente. Obedeció al concurso de méritos que la Fiscalía adelanta para proveer 4.000 cargos de planta, proceso de alcance general, no discrecional, sino realizado en cumplimiento de reiteradas órdenes judiciales del Consejo de Estado. La desvinculación institucional de la exfiscal Laborde no fue un acto dirigido contra ella, sino la consecuencia natural del procedimiento administrativo en el cual el 77% de los fiscales especializados de su misma categoría (325 de 420) superaron las pruebas del concurso y están empezando a ejercer en propiedad la carrera judicial. La Fiscalía General de la Nación respeta el derecho de cualquier exservidor a expresar la percepción y opinión sobre su paso por la entidad, limitándose a ofrecer información objetiva y verificable sobre hechos contrastables, no sobre conjeturas, rumores, falsas creencias o interpretaciones subjetivas sin sustento, como las múltiples afirmaciones formuladas respecto a diversos temas por la citada exfuncionaria.

«En este evento, los hechos dan cuenta de cómo el caso contra Nicolás Petro fue asignado por sorteo, la actuación continúa bajo control judicial, la acusación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público se mantiene y se respaldó y respetó la autonomía de la exfiscal Laborde. Al igual que muchos servidores en sus mismas circunstancias, la desvinculación de la exfuncionaria se produjo por haber reunido los requisitos de ley para acceder a pensión de jubilación, en medio de la dinámica de un concurso de méritos en el que no participó para tener la opción de continuar en el cargo que ocupaba en provisionalidad. La Fiscalía reafirma su compromiso con la Constitución Política y la ley, bajo los principios de imparcialidad, autonomía, unidad de gestión y respeto por las garantías de todas las personas sometidas a una actuación penal», finaliza el comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación.