*Jhorman David Mora Silva y Cristian Camilo González Ardila admitieron su participación en actos previos y posteriores a la ejecución del ataque armado.

En atención a las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, Jhorman David Mora Silva, alias Caleño, y Cristian Camilo González Ardila reconocieron mediante preacuerdo su participación en las labores de planeación y logística del magnicidio del precandidato presidencial y exsenador Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Una juez penal especializada avaló la negociación judicial, tras constatar que las sanciones acordadas se ajustan a la normatividad vigente, y condenó a Mora Silva a 15 años y 8 meses de prisión, y a González Ardila a 11 años y 7 meses de prisión como responsables, de acuerdo con su participación individual, de los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; concierto para delinquir agravado, y uso de menores en la comisión de delitos.

Según la investigación adelantada por un grupo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Mora Silva contactó al joven que disparó contra la víctima. Además, el día del ataque sostuvo una videollamada con otros involucrados, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, durante la cual el adolescente recibió instrucciones precisas sobre el proceder criminal.

Por su parte, González Ardila se sumó al plan delictivo comprometiéndose a recoger en motocicleta al menor de edad que ejecutó el atentado, con el propósito de facilitar su huida.

Como parte de esta labor, recibió una transferencia de dinero destinada a cubrir el combustible del vehículo y desplazarse hasta el punto acordado. No obstante, el joven fue interceptado durante su fuga por el esquema de protección del senador antes de llegar al sitio de encuentro.

Con las sentencias conocidas hoy, son siete las condenas en firme por el magnicidio del senador Uribe Turbay.

*Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que habrían utilizado un taxi desde donde descendió uno de ellos en en punto donde fue atacada la víctima con arma de fuego. Itagüí, Antioquia.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Yesison Alexis Arenas Torres y Emanuel Patiño Garzón, posibles responsables de causarle la muerte al dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Wilber Ferney Martínez Sana, el pasado 13 de agosto, en Itagüí (Antioquia).

Según la investigación dirigida por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín, los dos hombres llegaron en un taxi al barrio San Francisco, en inmediaciones de la cárcel La Paz, y habrían perpetrado el crimen con una pistola provista de un supresor de sonido de fabricación hechiza. Arenas Torres es señalado de disparar en contra del funcionario, quien se encontraba de espaladas y en estado de indefensión.

Entre tanto, Patiño Garzón, al parecer, condujo el vehículo presuntamente utilizado para trasladarse al lugar escogido para ejecutar el ataque armado y posteriormente huir. Unidades de la Policía Nacional los capturaron minutos después en el barrio Guayabal de Medellín.

Durante el procedimiento fueron incautados el taxi y el arma de fuego utilizada para atentar contra el dragoneante. Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, ambas conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos y una juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Los hechos fueron descubiertos a partir de los análisis forenses practicados al bebé tras su muerte por causas ajenas a las conductas investigadas.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a un hombre como presunto responsable de someter en repetidas ocasiones a actos de violencia sexual a su hijo de 11 meses, en La Calera (Cundinamarca).

El caso se conoció luego de la muerte del niño, ocurrida el 29 de septiembre de 2025 como consecuencia de una enfermedad que, según la investigación, no estaría relacionada con las conductas sexuales objeto de la acusación.

Durante los procedimientos médico-forenses realizados al cuerpo, los especialistas encontraron signos de violencia sexual.

Los análisis indicaron, además, que el bebé habría sido sometido a este tipo de actos en ocasiones anteriores.

Entre los elementos probatorios obtenidos se encuentra una prueba de ADN que estableció un vínculo genético entre las evidencias recuperadas y el padre de la víctima. La investigación señala que el hombre habría aprovechado su condición de padre y el estado de indefensión del bebé para cometer las conductas investigadas.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad contra Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá lo acusó por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.