*Este hombre es responsable de varias agresiones sexuales, secuestros, homicidios, amenazas y desplazamiento de 16 víctimas que no fueron tenidas en cuenta en procesos de Justicia y Paz. 

Noé Jiménez Ortiz, alias Negro Jiménez, quien por varios años fue comandante de zona del Bloque Héctor Julio Peinado Becerra de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en San Martín, Aguachica y Gamarra (Cesar) y Ocaña (Norte de Santander), el pasado 30 de junio en audiencia de imputación de cargos aceptó su responsabilidad en múltiples hechos criminales que no habían sido tenidos en cuenta en un proceso penal que le adelantaron en Justicia Paz.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá condenó a Jiménez Ortiz a la pena alternativa de ocho años de prisión, por ser responsable de los delitos de homicidio en persona protegida, acceso carnal violento en persona protegida, actos sexuales violentos en persona protegida, desnudez forzada en persona protegida, secuestro simple, secuestro simple agravado, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil y constreñimiento ilegal.

‘Negro Jiménez’, entre febrero de 2000 y febrero del 2001 en Ocaña (Norte de Santander) cometió seis eventos criminales. Uno de estos fue la retención de una adolescente y su primo en cercanías a la cárcel de Ocaña, de allí fueron trasladados a una finca donde la menor fue abusada por varios paramilitares y el hombre asesinado una semana después. Además del secuestro de tres jóvenes, menores de edad, durante un evento de moda realizado en una discoteca.

Dos de las víctimas fueron abusadas sexualmente y la restante fue obligada a permanecer desnuda por varias horas. También permitió que sus hombres ingresaran a una vivienda para secuestrar a seis personas, una mujer fue asesinada y otra accedida carnalmente en múltiples ocasiones. Posteriormente, una mujer fue retenida en dos oportunidades y abusada sexualmente. El padre de la víctima fue asesinado días antes del primer suceso.

Estas conductas delictivas corresponden a un patrón de macrocriminalidad de violencia basada en género desplegado por el Frente Héctor Julio Peinado Becerra de las AUC, que no son aisladas ni desviaciones individuales de algunos de sus integrantes, sino que obedecen a una práctica reiterada para tener control territorial y social. Jiménez Ortiz deberá pagar una multa de 21.862 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2006. Además, fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.

*La procesada, valiéndose de su cargo, habría hecho creer a las víctimas que podía facilitarles el acceso a bienes que, supuestamente, serían objeto de remate por parte de la entidad.

Las denuncias de cinco víctimas en Ibagué y Armero (Tolima), quienes confiaron en los ofrecimientos de una funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), pusieron en evidencia un presunto entramado de engaños.

Según la investigación, la servidora pública habría ofrecido gestionar la compra de bienes muebles e inmuebles próximos a ser rematados por la entidad. Se trata de Mónica Paola Bonilla Valderrama, a quien una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima le imputó el delito de estafa agravada.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, entre 2017 y 2022, al parecer, aprovechó su cargo para comprometerse con diferentes personas a realizar gestiones ante un superior para conseguirles facilidades en la adquisición de propiedades a costos más bajos. No obstante, para reservar o separar dichos inmuebles, les exigía consignar determinadas sumas de dinero.

Con el propósito de dar apariencia de legalidad a la maniobra, presuntamente remitía a los interesados documentos con logotipos y membretes institucionales, utilizando el nombre de una exfuncionaria que se encontraba pensionada, y les pedía firmarlos para formalizar el supuesto negocio.

Convencidas de que se trataba de transacciones reales y lícitas, las víctimas realizaron consignaciones, tanto a cuentas bancarias de la procesada como en efectivo, por un valor cercano a los 300 millones de pesos. En uno de los casos, una familia entregó 85 millones de pesos para acceder a una vivienda que figuraba en un listado de bienes en remate, lo cual no correspondía a la realidad. Bonilla Valderrama fue capturada en Bogotá, en un operativo coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional.

Durante las audiencias concentradas no aceptó el cargo imputado y el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

*Se trata de cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama identificados durante el rastreo patrimonial.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, adscritas a la Delegada para las Finanzas Criminales, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama, que pertenecerían al creador de contenido digital Kevin Alex Thobias.

Los activos, avaluados preliminarmente en más de 17.000 millones de pesos, fueron ocupados en diligencias realizadas con apoyo de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional en Medellín (Antioquia).

Entre las propiedades afectadas está una mansión ubicada en el sector de El Poblado, dotada con cancha de tenis, sala de cine, un lago, sauna, jacuzzi y objetos lujosos.

En el inmueble se encontraron joyas, documentación de interés y dinero en efectivo en denominaciones de pesos colombiano y moneda extranjera. Parte de estos objetos era exhibido por Thobias en redes sociales, donde publicaba imágenes y videos de excentricidades, carros clásico y de marcas exclusivas, entre otros artículos.

Creador de contenido digital Kevin Alex Thobias.

El creador de contenido fue capturado en julio de 2025, por autoridades federales de Estados Unidos y es requerido por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por presuntas conductas relacionadas con fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos. En desarrollo de la investigación financiera realizada en Colombia se conoció que parte del patrimonio constituido con su presunto actuar ilícito habría sido destinado a comprar inmuebles y vehículos para presumir sobre su estilo de vida o comercializarlos.