*La contratación habría sido realizada de manera directa durante la vigencia de la Ley de Garantías, pese a que por su cuantía debía adelantarse mediante licitación pública.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a cinco personas que estarían implicadas en las irregularidades detectadas en un contrato interadministrativo por más de 16.000 millones de pesos, destinado a la recuperación e intervención de vías para el transporte público en Medellín.

Los procesados son el exsecretario de Movilidad de Medellín, Juan Carlos Torres Ojeda; el exsubsecretario técnico, Mauricio Alonso Zuleta Estrada; la exsubsecretaria Jurídica, Estefanya Cuervo Sánchez; el exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Darío López Giraldo; y el contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Santiago Ortega Mateos.

Los hechos objeto de investigación están relacionados con la celebración de un contrato, entre el 28 y 29 de junio de 2023, para ejecutar obras en la comuna 10 y en los sectores Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal. El objeto contemplaba diversas actividades como la demolición de estructuras, excavaciones y movimientos de tierra, construcción y adecuación de andenes y bahías, mantenimiento y reparación de pavimentos.

Los elementos materiales probatorios obtenidos dan cuenta de que las obras previstas fueron contratadas por la Secretaría de Movilidad, entidad que no era competente para este fin porque es la encargada de asuntos como la semaforización y señalización vial.

En ese sentido, le correspondía a la Secretaría de Infraestructura Física, con apoyo de la Secretaría de Servicios y Suministros. Asimismo, quedaron en evidencia presuntas deficiencias en el análisis del sector y en los estudios previos, particularmente por la ausencia de una justificación suficiente sobre el presupuesto oficial o valor del contrato.

Adicionalmente, se conoció que la contratación se realizó de manera directa durante la vigencia de la Ley de Garantías, pese a que, por su cuantía, debía convocarse licitación pública.

*La víctima habría sido despojada de sus pertenencias y atacada en una zona despoblada cuando se dirigía a una actividad turística. 

La investigación por la desaparición y posterior muerte de una ciudadana neerlandesa en Salento (Quindío), permitió a la Fiscalía General de la Nación identificar y judicializar a Eduardo Ramiro Mendoza Nare, un ciudadano venezolano presunto responsable de estos hechos.

El pasado 25 de mayo, la víctima salió del hospedaje donde se encontraba para asistir a una actividad turística en una finca ubicada en zona rural. Con ese propósito tomó una vía hacia la vereda Palestina y, desde ese momento, se perdió contacto con ella. Labores de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que tan pronto la mujer llegó al sector, Mendoza Nare la habría abordado en una zona despoblada y golpeado con un objeto contundente en diferentes partes del cuerpo para despojarla de sus pertenencias.

La agresión ocasionó un trauma craneoencefálico que produjo su muerte. Luego del ataque, el hombre se cambió de ropa, abandonó la zona y abordó un bus intermunicipal con destino a Medellín (Antioquia). Entre tanto, el cuerpo de la ciudadana extranjera fue encontrado en una quebrada cinco días después, el 31 de mayo. Mendoza Nare fue capturado por servidores del CTI en vía pública de Salento. Un fiscal de la Seccional Quindío le imputó los delitos de feminicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

El procesado no aceptó los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

*La menor de edad habría sido víctima de agresiones y conductas de carácter sexual.

El cuerpo de una niña de 9 años fue encontrado el pasado 15 de septiembre en un canal de aguas lluvias del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Las labores investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación indican que Shenner José Rojas Lárez, de nacionalidad venezolana, sería el responsable de la muerte.

El 14 de septiembre, esta persona sostuvo una discusión con su pareja, hermana de la víctima, en el inmueble donde residían en Mosquera (Cundinamarca). Durante el altercado, asumió una actitud violenta y causó daños en la vivienda. Ante esta situación, la mujer acudió a un CAI para solicitar asistencia de la Policía Nacional. El hombre habría aprovechado su ausencia para sacar a la menor de edad del inmueble y transportarla en una motocicleta.

El ciudadano extranjero es señalado de llevar a la niña hasta un inmueble ubicado en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, y al día siguiente trasladarla al barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, donde presuntamente le causó la muerte mediante asfixia, según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Ese 15 de septiembre en horas de la tarde el cuerpo fue encontrado en un canal de aguas lluvias. Las actividades de policía judicial y los análisis realizados dan cuenta de que la menor de edad habría sido víctima de agresiones y conductas de carácter sexual, en ocasiones anteriores, mientras estaba al cuidado de Rojas Lárez.

Asimismo, evidenciaron que el crimen correspondería a una forma de violencia vicaria y de retaliación contra su compañera. Por todo lo anterior, y en atención a una orden judicial obtenida en su contra, el hombre fue capturado el 16 de septiembre por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en vía pública de la localidad de Los Mártires.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.