*El funcionario habría extralimitado sus funciones al emitir actos administrativos para revocar decisiones del excanciller Álvaro Leyva.

La Fiscalía General de la Nación imputó al exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.

Los hechos que se le atribuyen están relacionados con las posibles irregularidades detectadas en la adjudicación del contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por un valor de 559.000 millones de pesos.

El entonces secretario emitió las resoluciones 1394, 1395 y 1396 del 26 de febrero de 2024, por medio de las cuales revocó el acto administrativo que declaró desierta la licitación y negó el recurso de reposición interpuesto por el postulante que buscaba quedarse con el contrato, y dio por terminada anticipadamente la urgencia manifiesta que suspendió el proceso contractual. De esta manera, dio vía libre a la adjudicación del contrato al único proponente.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, con estas actuaciones habría excedido sus competencias, en el entendido de que solo tenía funciones administrativas y de coordinación institucional, y no contaba con autonomía para reabrir y adjudicar procesos contractuales cerrados.

De otra parte, se conoció que Salazar Ramírez, quien ocupó el cargo de secretario general entre el 18 de agosto de 2022 y 26 de febrero de 2024, adquirió durante ese periodo un predio rural en Puerto López (Meta), por valor de 950 millones de pesos, sin tener una justificación financiera. No se advierten transferencias o créditos ni soportes bancarios o patrimoniales que soporten la compra de los inmuebles.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Joel Andrés Estor Gómez, alias Diomedes, y Daniel de Jesús González Palma, alias Danielito, señalados de par cipar en un atentado contra una empresa de vigilancia en Barranquilla.

Un fiscal de la Seccional Atlántico les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado; homicidio en grado de tentativa; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Los procesados no aceptaron los cargos. De acuerdo con la investigación, el pasado 25 de mayo los procesados llegaron a la sede de una empresa de vigilancia, ubicada al norte de la ciudad, y habrían disparado contra varias personas que se encontraban en el lugar. Producto de la acción armada, un empleado falleció y otros cuatro resultaron heridos.

Posteriormente, los presuntos atacantes huyeron del lugar; sin embargo, fueron interceptados por el Gaula del Ejército Nacional, que adelantaba un procedimiento en la zona, y capturados en flagrancia. Durante el procedimiento les incautaron armas de corto y largo alcance.

Por estos hechos, la Fiscalía también imputó a un menor de edad, de 17 años, los mismos delitos. Un juez de Responsabilidad Penal para Adolescentes le impuso medida de internamiento preventivo en centro especializado.

*A una de las víctimas acreditadas le habrían hurtado 145 millones de pesos, a través de transferencias y compras, y un vehículo avaluado en 190 millones de pesos.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Selectivos’, el cual estaría involucrado en casos de ‘paseos millonarios’ en Bogotá.

Los afectados con la decisión son Daniel Alfonso Mora Salazar, María Aliz Mendoza, Dilan Arley López Serrano, Felipe Morales Ramírez, Neider Sebastián Díaz Ulloa, Erick Esneider Gutiérrez Parra, Omar Javier Garzón Mendoza y Michael Alexander Cadena Parra. Estas personas serían las encargadas de cumplir diferentes roles como seleccionar las víctimas en la Zona T y en otras de las denominadas zonas de rumba en el norte de Bogotá, y ofrecerles servicio de transporte público para retenerlas, despojarlas de elementos de valor y desocuparles las cuentas bancarias.

Uno de los hechos que se les atribuye ocurrió en la madrugada del 3 de mayo de 2025. En esa oportunidad, un ciudadano salió de un establecimiento nocturno y tomó un taxi. Durante el recorrido el conductor compartió por el teléfono celular información sobre el trayecto que realizaba e intempestivamente detuvo la marcha.

De inmediato dos hombres subieron al vehículo y sometieron al pasajero, a quien posteriormente trasladaron hasta el sector de San Cristóbal Sur. Mientras lo golpeaban y amenazaban de muerte lo obligaron a entregar las claves de los productos bancarios y aplicaciones móviles, y realizaron transferencias, transacciones y compras por 145 millones de pesos.

Asimismo, dos de sus atacantes se trasladaron hasta la residencia de la víctima y se apoderaron de un automóvil avaluado en 190 millones de pesos, así como de un teléfono celular, unos audífonos y un reloj inteligente de alta gama, valorados en 12 millones de pesos. Finalmente, la dejaron abandonada en el barrio El Restrepo 18 horas después de haber sido retenida.