*Los crímenes ocurrieron entre 2024 y 2026. Estarían relacionados con disputas violentas por el control de las rentas ilícitas y corresponderían a un método de amedrantamiento a la población civil.

Las actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación con ocasión de una ola de homicidios ocurridos durante los dos últimos años en Bucaramanga (Santander) y su área metropolitana, pusieron en evidencia a una red sicarial al servicio del grupo delincuencial ‘Tren de Aragua’.

En una labor articulada con la Policía Nacional fueron identificados y capturados 18 de los posibles integrantes de la estructura criminal, quienes estarían implicados directamente en 26 asesinatos.

Uno de los eventos delictivos que se les atribuye sucedió el 25 de octubre de 2025, en el barrio Villa Esperanza, en Floridablanca. Tres personas murieron y una resultó herida en medio de un ataque con armas de fuego. El señalado determinador de esta y otras acciones violentas sería Brayan Alejandro Javier Peña, presunto cabecilla de la red ilegal.

Los elementos materiales probatorios indican que los demás detenidos serían los responsables de ejecutar los homicidios, cumplir actividades logísticas, de apoyo y vigilancia, entre otros roles. Asimismo, permitieron conocer que los crímenes tendrían relación con una disputa violenta por el control del tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones y otras rentas ilícitas, y corresponderían a un método de amedrantamiento a la población civil de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta (Santander).

Una fiscal de la Seccional Santander presentó a las 18 personas capturadas ante un juez penal de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible participación, los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los procesados no aceptaron los cargos y fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Las víctimas corresponderían en su mayoría a pobladores que se oponían al actuar ilegal de los grupos paramilitares o eran señalados de auxiliar a otras estructuras criminales que tenían injerencia en el departamento.

En atención a las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a cuatro exintegrantes del Bloque Tolima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por 29 hechos criminales ocurridos entre 1999 y 2025.

Se trata de José Cresencio Arias Jiménez, Arnulfo Rico Tafur, Eduardo Alexander Carvajal Rodas y José Wilton Bedoya Rayo. Estas personas, como cabecillas de estructuras armadas, patrulleros, escoltas y articuladores financieros, participaron en homicidios selectivos, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y desplazamientos forzados.

Los actos investigativos y de verificación orientados por fiscales de la Dirección de Justicia Transicional evidenciaron que la mayoría de las víctimas correspondería a civiles que no acataron o se opusieron a las directrices impuestas por el grupo paramilitar, o fueron señalados en su momento de colaborar con otras organizaciones armadas ilegales que tenían injerencia en el departamento.

Entre los eventos delictivos documentados está la tortura, desaparición y homicidio de una mujer y su sobrino menor de edad en San Luis (Tolima), el 8 de abril del 2002.

Hombres armados los interceptaron, maniataron y transportaron en una camioneta a una finca conocida como La Carolina. En dicho punto, el niño fue separado del grupo y trasladado a un destino desconocido, sin que se conozca a la fecha su paradero. Entre tanto, la tía fue asesinada y desmembrada.

Otro hecho está relacionado con el homicidio y desaparición de pobladores de Rovira, quienes fueron retenidos por integrantes del Bloque Tolima de las AUC, intimidados y obligados a abandonar sus predios, en compañía de las familias.

Los cuatro postulados condenados recibieron penas de entre 480 y 240 meses de prisión, y multas entre los 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sobre todos aplica la pena alternativa, de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley de Justicia y Paz.

*El hombre es señalado de aprovechar la posición de poder que ejercía y la confianza que generaba ante las víctimas para someterlas física y sexualmente.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo evidencias que dan cuenta de la presunta
responsabilidad del médico ginecólogo Carlos Andrés Tena Reyes en el abuso sexual de varias de sus pacientes en un consultorio privado ubicado en el barrio San Rafael de Zipaquirá (Cundinamarca), entre 2024 y 2026.

Las actividades investigativas permitieron identificar a dos víctimas, de 19 y 30 años, quienes acudieron a consulta y habrían sido sometidas por el especialista a actos en contra de su integridad, libertad y formación sexual. Una de ellas fue accedida.

Para la Fiscalía el profesional presuntamente aprovechó el estado de indefensión de las mujeres, así como su posición dominante y de poder, y la confianza que generaba en ellas para agredirlas en contra de su voluntad.

En ese sentido, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado.

El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, fue afectado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario