*Las víctimas corresponderían en su mayoría a pobladores que se oponían al actuar ilegal de los grupos paramilitares o eran señalados de auxiliar a otras estructuras criminales que tenían injerencia en el departamento.

En atención a las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a cuatro exintegrantes del Bloque Tolima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por 29 hechos criminales ocurridos entre 1999 y 2025.

Se trata de José Cresencio Arias Jiménez, Arnulfo Rico Tafur, Eduardo Alexander Carvajal Rodas y José Wilton Bedoya Rayo. Estas personas, como cabecillas de estructuras armadas, patrulleros, escoltas y articuladores financieros, participaron en homicidios selectivos, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y desplazamientos forzados.

Los actos investigativos y de verificación orientados por fiscales de la Dirección de Justicia Transicional evidenciaron que la mayoría de las víctimas correspondería a civiles que no acataron o se opusieron a las directrices impuestas por el grupo paramilitar, o fueron señalados en su momento de colaborar con otras organizaciones armadas ilegales que tenían injerencia en el departamento.

Entre los eventos delictivos documentados está la tortura, desaparición y homicidio de una mujer y su sobrino menor de edad en San Luis (Tolima), el 8 de abril del 2002.

Hombres armados los interceptaron, maniataron y transportaron en una camioneta a una finca conocida como La Carolina. En dicho punto, el niño fue separado del grupo y trasladado a un destino desconocido, sin que se conozca a la fecha su paradero. Entre tanto, la tía fue asesinada y desmembrada.

Otro hecho está relacionado con el homicidio y desaparición de pobladores de Rovira, quienes fueron retenidos por integrantes del Bloque Tolima de las AUC, intimidados y obligados a abandonar sus predios, en compañía de las familias.

Los cuatro postulados condenados recibieron penas de entre 480 y 240 meses de prisión, y multas entre los 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sobre todos aplica la pena alternativa, de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley de Justicia y Paz.

*El hombre es señalado de aprovechar la posición de poder que ejercía y la confianza que generaba ante las víctimas para someterlas física y sexualmente.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo evidencias que dan cuenta de la presunta
responsabilidad del médico ginecólogo Carlos Andrés Tena Reyes en el abuso sexual de varias de sus pacientes en un consultorio privado ubicado en el barrio San Rafael de Zipaquirá (Cundinamarca), entre 2024 y 2026.

Las actividades investigativas permitieron identificar a dos víctimas, de 19 y 30 años, quienes acudieron a consulta y habrían sido sometidas por el especialista a actos en contra de su integridad, libertad y formación sexual. Una de ellas fue accedida.

Para la Fiscalía el profesional presuntamente aprovechó el estado de indefensión de las mujeres, así como su posición dominante y de poder, y la confianza que generaba en ellas para agredirlas en contra de su voluntad.

En ese sentido, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado.

El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, fue afectado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario

*Son señalados de ingresar armados a un establecimiento de comercio y atacar de manera indiscriminada a las víctimas.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco de los presuntos responsables del ataque armado ocurrido el pasado 9 de mayo de 2026, en el corregimiento Palmira de Pueblo Viejo (Magdalena), que dejó cinco personas muertas y una más herida.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, estos hombre llegaron en
motocicletas a un establecimiento de comercio y ubicaron a las víctimas, quienes estaban en el lugar departiendo y en estado de indefensión.

Posteriormente, les habrían disparado y escapado del lugar.

Minutos después unidades de la Policía Nacional capturaron a los señalados agresores.

Durante el procedimiento les incautaron armas de fuego, munición y los vehículos utilizados para movilizarse.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Pacheco Ojeda, Elías Moisés Orozco Orozco, John Mauro Sandoval Montaño, Kaleth Arbey Ramos Niebles y Maicol Manuel Ochoa Pérez.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó, según su posible participación, los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.