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Judicial

Hugo Aguilar reconoció que recibió apoyo de paramilitares para su campaña en Santander

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*La JEP estudiará si acepta el sometimiento del exgobernador.

Hugo Aguilar Naranjo reconoció este viernes ante la Jurisdicción Especial para la Paz que recibió apoyo de paramilitares para su campaña a la Gobernación de Santander, en 2003.

la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP escuchó los aportes de verdad de Hugo Aguilar Naranjo en una Audiencia Única y Definitiva, convocada para recabar elementos que permitan definir si esta Jurisdicción acepta o no su sometimiento y, en consecuencia, si puede acceder a los beneficios jurídicos previstos para comparecientes que aporten verdad sobre graves crímenes cometidos en el conflicto armado.

El exgobernador de Santander ya había solicitado su sometimiento y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó inicialmente esa solicitud al considerar insuficientes sus aportes de verdad sobre sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares y otros hechos relacionados con el conflicto armado interno.

Tras esa decisión, Aguilar Naranjo presentó un recurso de apelación y la Sección de Apelación revocó el rechazo, otorgándole una última oportunidad para aclarar, ampliar y profundizar sus aportes ante esta Jurisdicción.

Como parte de esa decisión, la Sección de Apelación ordenó la realización de una Audiencia Única y Definitiva de Aporte a la Verdad, desarrollada en dos sesiones.

La primera se realizó el 24 de enero de 2024 y la segunda y última los días 4 y 5 de mayo de 2026. En esta oportunidad, los magistrados indagaron sobre su paso por la fuerza pública; su rol en el Bloque de Búsqueda; su incursión en la política regional; así como sobre sus reuniones con integrantes de estructuras paramilitares.

La diligencia fue liderada por el magistrado Carlos Alberto Suárez López, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, instancia que deberá decidir si acepta o no el sometimiento de Aguilar Naranjo ante la JEP. Asimismo, participó la magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares y/o terceros civiles. ¿La razón? Su testimonio podría ser una “pieza clave” para esclarecer los vínculos entre agentes del Estado y estructuras paramilitares en esa región del país.

El primer día de audiencia fue dirigido por el magistrado Carlos Alberto Suárez López, quien indagó sobre el aval otorgado por el partido Convergencia Ciudadana a la candidatura de Aguilar Naranjo a la Gobernación de Santander, así como sobre sus acuerdos con el Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC y sus reuniones con ‘Don Berna’, ‘Camilo Morantes’ y ‘Ernesto Báez’. Asimismo, le preguntó por su incremento patrimonial, calculado en $1.999 millones entre 2002 y 2015, cuyo origen es investigado por la justicia ordinaria en un proceso por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante la primera jornada, el exgobernador puso nombres propios a la red de poder que, según su testimonio, operó en Santander.

Señaló que el exdiputado Nelson Naranjo Cabarique “era directamente candidato de las Autodefensas, nombrado por ‘Ernesto Báez’”, y vinculó a Alfonso Riaño como enlace para coordinar votos “con alias ‘César’”. Sobre el apoyo que recibió, Aguilar Naranjo afirmó: “Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”.

La última jornada fue dirigida por la magistrada Catalina Díaz. Durante esta sesión, Aguilar Naranjo reiteró una vez más que tuvo conocimiento del apoyo de las autodefensas a su candidatura a la Gobernación de Santander en 2003 y admitió que no adoptó medidas para rechazarlo. Asimismo, reconoció que en esas elecciones el partido Convergencia Ciudadana avaló candidaturas de preferencia del Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC, tras acuerdos políticos con ‘Camilo Morantes’ y, posteriormente, con ‘Ernesto Báez’.

Aguilar Naranjo también negó que el Bloque de Búsqueda hubiera recibido aportes de Ecopetrol o del Cartel de Cali. Según dijo, esa unidad se financiaba con recursos estatales provenientes de entidades como la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

“Había elementos también de la Fuerza Aérea y de la Marina. Y sí recibíamos recursos de la Administración para el Control de Drogas (DEA). La DEA era la encargada de apoyar logísticamente y también el pago de recompensas para informantes”, dijo.

Durante la diligencia también intervinieron representantes de víctimas, entre ellos la Unión Sindical Obrera (USO), la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y el Ministerio Público.

Con los aportes entregados durante las dos sesiones, la Subsala Especial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas evaluará si las contribuciones de Aguilar Naranjo satisfacen los estándares de verdad exigidos por esta Jurisdicción para aceptar su sometimiento ante la JEP.

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Colombia extraditará a presunto líder del Tren de Aragua acusado de terrorismo

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*De acuerdo con la Fiscalía de Texas, el venezolano Enrique Martínez, alias ‘Chiqui’, será trasladado a Houston, donde comparecerá ante una corte federal.

Estados Unidos anunció la extradición desde Colombia del venezolano José Enrique Martínez Flores, alias ‘Chuqui’, presunto líder de alto rango de la banda transnacional Tren de Aragua, acusado de cargos relacionados con terrorismo y narcotráfico internacional.

La Fiscalía del Distrito Sur de Texas informó que Martínez, de 24 años, fue arrestado en Colombia el 31 de marzo de 2025 a petición de las autoridades estadounidenses y trasladado a Houston, donde comparecerá este viernes ante una corte federal.

Según la acusación, el venezolano formaría parte del círculo cercano de la cúpula del Tren de Aragua en Bogotá y habría coordinado actividades criminales como narcotráfico, extorsión, prostitución y asesinatos.

El Departamento de Justicia señaló que Martínez enfrenta cargos por conspirar para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y por conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos.

Washington designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera en febrero de 2025 y sostiene que las ganancias del narcotráfico eran utilizadas para financiar las operaciones criminales del grupo.

La acusación también incluye a otros tres presuntos líderes del Tren de Aragua, entre ellos Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias ‘El Viejo’, quien figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, calificó como «histórico» el hecho debido a que es la primera vez que un miembro de esta organización es acusado por delitos de terrorismo.

Las autoridades estadounidenses ofrecieron recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura y destacaron la cooperación de Colombia en la detención y extradición del sospechoso.

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Condenan a 25 años de cárcel a tres responsables del asesinato del biólogo italiano Alessandro Coatti

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*El crimen fue perpetrado en abril de 2025, en Santa Marta.

Los responsables del asesinato del biólogo italiano Alessandro Coatti, perpetrado en abril de 2025, en Santa Marta, tras ser contactado mediante una aplicación de citas, fueron condenados este jueves a penas de 25 años y 10 meses de cárcel, confirmó la Fiscalía colombiana.

Se trata de Isaac Enrique Márquez Charris, Brayan Augusto Cantillo Salcedo y Oswall Moisés Ospino Navarro, que fueron sentenciados «por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio», señaló el ente acusador en un comunicado.

Asimismo, José Ángel Lizcano, quien permanece detenido desde agosto de 2025, fue condenado a 30 meses de prisión por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, mientras que Andrea Camila Verdugo Escorcia recibió una pena de 24 meses por omisión de denuncia de particular.

Según la investigación, Coatti había llegado cuatro días antes a la ciudad y fue contactado mediante una aplicación virtual de citas y convencido de acudir a una vivienda en un sector residencial, donde fue atacado.

Las autoridades determinaron además que, tras el crimen, los responsables desmembraron el cuerpo y distribuyeron los restos en diferentes sectores de Santa Marta para dificultar la investigación.

La Fiscalía estableció que Ospino Navarro transportó al hombre que engañó al ciudadano italiano y lo llevó hasta el inmueble donde se cometió el crimen.

El caso causó conmoción en Colombia e Italia por la sevicia de los asesinos, pues los primeros restos de Coatti, de 28 años, fueron hallados el 7 de abril de 2025 dentro de una maleta abandonada en una calle de Santa Marta, mientras que otras partes del cuerpo fueron encontradas días después en otros sectores de esa ciudad.

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UIAF afirma que hay enriquecimiento no justificado de magistrada de la Corte Suprema

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*La magistrada Cristina Lombana dice que puede demostrar origen de sus bienes y asegura que sufre persecución política.

La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, produjo un informe de inteligencia según el cual la magistrada Cristina Lombana ha aumentado injustificadamente su patrimonio en los últimos años.

El informe de inteligencia, numerado 10513, fue producido por solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que adelanta una indagación contra la magistrada Cristina Lombana.

De acuerdo con el documento, este informe de inteligencia amplia información financiera de la alta juez producida el año pasado en otro informe.

Este documento, además, averigua por bienes de los familiares de la magistrada Lombana, especialmente de su actual esposo Leonardo Andrés Carvajal Velásquez.

El extenso informe de la UIAF, de 44 páginas, asegura que hay considerables aumentos en el patrimonio de la doctora Cristina Velásquez y de su esposo desde 2018 cuando llegó a la la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Según el documento en el año 2017, antes de ser magistrada, su patrimonio era de 651 millones. Al año siguiente había subido a 1018 millones y en 2024 se había quintuplicado con relación al que poseía antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia, llegando a 3.402 millones de pesos.

La UIAF asegura, además, que hay inconsistencias entre los bienes que posee la magistrada y sus declaraciones de renta que, siempre de acuerdo con el informe de inteligencia, refleja apenas la tercera parte de su valor:

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