*Siete personas, entre exfuncionarios y particulares, fueron judicializadas. Estarían involucradas en los sobrecostos detectados en las raciones que ocasionaron un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos.

Actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron en evidencia un entramado de corrupción que direccionó y se apropió de la contratación destinada a la atención de la primera infancia y las mujeres gestantes de los grupos étnicos y las comunidades rurales en Riohacha y Manaure (La Guajira).

Los señalados involucrados son los exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas; y los particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera.

Los hechos irregulares que se les atribuyen están relacionados con tres contratos suscritos por la seccional La Guajira del ICBF con una asociación privada entre febrero y diciembre de 2019, que tenían por objeto la atención de población vulnerable, incluyendo el componente de alimentación, con un enfoque diferencial.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Benítez Orcasita, Martínez Valdeblanques y Peñaranda Murgas, en su calidad de supervisores de los contratos, habrían aprobado actas de revisión y 12 pagos con sobrecostos a favor de la empresa contratista, representada por Barliza Rivera.

Estas actuaciones estaban sustentadas en facturas y cuentas de cobro a nombre de Pérez Romero, Mengua Rivera y Romero Pinilla, quienes fungían como proveedores de productos perecederos, carnes y verduras. Los documentos registraban incrementos inusuales en el valor de los artículos y las raciones, y presuntamente fueron utilizados por Barlisa Rivera para inflar los informes financieros ante el ICBF y solicitar el desembolso de más dinero.

De esta manera, a través del aumento en el costo del servicio de suministro de alimentación, se generó un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos.

Por todo lo anterior, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional La Guajira les imputó, de acuerdo con su posible participación individual, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

*Se trata de Francisco Javier Estupiñán Bravo, quien aceptó dos de los cuatro cargos que le formuló la Fiscalía.

En atención a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó al exgerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, Francisco Javier Estupiñán Bravo, a 16 años, 7 meses y 6 días de prisión por su participación en el entramado de corrupción que direccionó la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El hoy sentenciado había aceptado de manera libre y voluntaria los delitos de peculado por apropiación propio y en favor de terceros agravado, e interés indebido en la celebración de contratos. Esta manifestación recibió aval judicial.

Entre tanto, respecto a otros dos cargos que le fueron formulados, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, la Fiscalía radicó escrito de acusación.

La investigación orientada por un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia evidenció que Estupiñán Bravo intervino en la adjudicación de la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023, por 29.000 millones de pesos, cuyo objeto era el suministro de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira.

Para ello, presentó documentación falsa que acreditaba la disponibilidad inmediata de los vehículos, sustentada en una alianza comercial inexistente entre la corporación y un concesionario automotriz.

Asimismo, participó en la gestión de desembolsos por 24.406 millones de pesos, cuando los carrotanques no estaban disponibles, debido a que se encontraban en ensamblaje. Las pruebas establecieron un sobrecosto de 11.114 millones pesos, del cual, junto con el representante legal de Yapurutú, se apropió de 4.330 millones y permitió que terceros se
quedaran con 6.784 millones de pesos. Contra la condena conocida proceden los recursos de ley.

*También habría participado en un ataque armado contra la comitiva judicial que realizó la inspección a cadáver del funcionario.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Pedro Cristian Goyes Arteaga, presunto integrante de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc que estaría implicado en el secuestro y posterior homicidio del personero de Cumbitara (Nariño), Jimmy Rosero Chávez.

Los hechos ocurrieron el 5 de noviembre de 2024, en la vereda Las Piedras, corregimiento de Sidón en Cumbitara. El funcionario se reunía en un inmueble con habitantes del municipio desplazados por las confrontaciones entre grupos ilegales. En medio del encuentro, hombres armados ingresaron al recinto, intimidaron al personero y se lo llevaron en un vehículo.

Horas después, el cuerpo de la víctima fue encontrado en el sector Puente Rojo, corregimiento El Ejido. Justo en el momento en el que servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaban la diligencia de inspección a cadáver, con apoyo de unidades de la Sijin de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, fueron atacados con artefactos explosivos y ráfagas de fusil por una estructura de las disidencias de las Farc. En la acción un soldado profesional resultó herido.

Las labores investigativas indican que Goyes Arteaga habría participado en el secuestro y asesinato del personero, y en la emboscada a la comitiva oficial.

En ese sentido, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir agravado; secuestro, violencia contra servidor público; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.

El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.