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Fiscalía

Descubren entramado de corrupción en contratos para la atención y alimentación de niños y mujeres gestantes

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*Siete personas, entre exfuncionarios y particulares, fueron judicializadas. Estarían involucradas en los sobrecostos detectados en las raciones que ocasionaron un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos.

Actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron en evidencia un entramado de corrupción que direccionó y se apropió de la contratación destinada a la atención de la primera infancia y las mujeres gestantes de los grupos étnicos y las comunidades rurales en Riohacha y Manaure (La Guajira).

Los señalados involucrados son los exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas; y los particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera.

Los hechos irregulares que se les atribuyen están relacionados con tres contratos suscritos por la seccional La Guajira del ICBF con una asociación privada entre febrero y diciembre de 2019, que tenían por objeto la atención de población vulnerable, incluyendo el componente de alimentación, con un enfoque diferencial.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Benítez Orcasita, Martínez Valdeblanques y Peñaranda Murgas, en su calidad de supervisores de los contratos, habrían aprobado actas de revisión y 12 pagos con sobrecostos a favor de la empresa contratista, representada por Barliza Rivera.

Estas actuaciones estaban sustentadas en facturas y cuentas de cobro a nombre de Pérez Romero, Mengua Rivera y Romero Pinilla, quienes fungían como proveedores de productos perecederos, carnes y verduras. Los documentos registraban incrementos inusuales en el valor de los artículos y las raciones, y presuntamente fueron utilizados por Barlisa Rivera para inflar los informes financieros ante el ICBF y solicitar el desembolso de más dinero.

De esta manera, a través del aumento en el costo del servicio de suministro de alimentación, se generó un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos.

Por todo lo anterior, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional La Guajira les imputó, de acuerdo con su posible participación individual, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Fiscalía

Descubren red delictiva señalada de instalar y coordinar laboratorios para el procesamiento de estupefacientes

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*Ocho presuntos integrantes fueron judicializados. Son señalados de participar en la organización de los complejos narcotraficante, la consecución de insumos, la producción y el transporte de los cargamentos de clorhidrato de cocaína.

Por lo menos cuatro procedimientos que permitieron incautar más de 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína, insumos y descubrir caletas, sumados a múltiples actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación, llevaron a la identificación de una organización delictiva que estaría involucrado en la instalación y administración de laboratorios para el procesamiento de estupefacientes en Vichada, Casanare y otros departamentos del oriente del país.

Los señalados integrantes fueron capturados en diligencias realizadas por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en Bogotá y Soacha (Cundinamarca), Maní, Villanueva y Yopal (Casanare), San Luis de Garceno (Boyacá), Puerto Concordia (Meta). Se trata de Helver Ramiro Martínez Roa, Wilson Palencia García, Heber Camilo Martínez Díaz, Pablo Enrique Martínez Gaitán, Helber Anselmo Ramos Sierra, William Pérez Sandoval, Pedro Pablo Morales Mendoza y José Senen Moreno Perilla. Martínez Roa sería el cabecilla y financiador, y desde Bogotá habría dirigido la construcción y disposición de los complejos narcotraficantes.

Entre tanto, Palencia García presuntamente coordinaba la logística, la adquisición de precursores y los pagos; mientras que Morales Mendoza serviría de enlace con la base operativa. Los demás estarían implicado en la producción del alcaloide, la adecuación de los laboratorios y el traslado de las sustancias.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, la estructura invertía hasta 150 millones de pesos en el montaje de los complejos y marcaba los cargamentos de cocaína con marquillas propias que les permitían a los compradores identificar su producción. Asimismo, se conoció que después de cada incautación, algunas de las personas vinculadas habrían intentado recuperar elementos ocultos y restablecer el procesamiento.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó, de acuerdo con su posible participación, los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Los procesados no aceptaron los cargos y una juez de control de garantías de Maní (Casanare) les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Fiscalía desmantela la banda delincuencial «Cizallas»

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*El análisis conjunto de los casos da cuenta de coincidencias en el modo de delinquir y los posibles roles de quienes estarían vinculados a los robos. Las pérdidas superarían los 670 millones de pesos.

Una investigación que inicialmente abordaba algunos hurtos a establecimientos de comercio tomó un nuevo rumbo al ser analizados de manera conjunta 33 casos ocurridos entre abril de 2025 y mayo de 2026.

La comparación de la información, las evidencias recolectadas y las labores de policía judicial revelaron coincidencias en la forma de actuar y condujeron a establecer una posible conexión entre los eventos y el grupo delincuencial ‘Cizallas’. Los hechos delictivos fueron perpetrados en las localidades de Engativá, Suba, Antonio Nariño y Chapinero, en Bogotá; así como en Madrid (Cundinamarca), y generaron pérdidas superiores a 670 millones de pesos.

A partir de la asociación de los eventos ilícitos, la Fiscalía General de la Nación reconstruyó una dinámica que se repitió en diferentes establecimientos. Los señalados integrantes de ‘Cizallas’ intimidaban con armas cortopunzantes a los empleados, los amarraban y encerraban en las bodegas.

Posteriormente, se apoderaban del dinero de las cajas registradoras y de productos como licores, vapeadores, cigarrillos y bebidas energizantes. Otro de los elementos coincidentes fue la utilización de una cizalla para romper los candados de las vitrinas y acceder a la mercancía. Según la investigación, adelantada en articulación con la Policía Nacional después de los hurtos los productos eran trasladados hasta un inmueble del barrio Garcés Navas, en la localidad de Engativá, donde eran almacenados para su posterior comercialización en bares y otros lugares.

Las seis personas que harían parte de la organización fueron capturadas por orden judicial en procedimientos realizados por unidades de la Policía Nacional en Bogotá y Manizales (Caldas). Durante las diligencias se incautaron tres vehículos, 35 botellas de licor, 339 cajetillas y cajas de cigarrillos, marihuana, bazuco, dinero en efectivo, una cizalla, prendas de vestir y gorras.

Los detenidos son: Harold Camilo Vidal Chavarro, alias Gordo, quien sería el encargado de coordinar las acciones ilegales; Ronald Guillermo Ramírez Chavarro, alias Cachetes; José Alberth Espinosa González, alias Cejas; Leonel Vidal Perea, alias Cucho; Paula Jessenya López Gómez, alias Flaca; y Jhon Fredy Garnica Vergara, alias Zarco, implicados en la ejecución de los asaltos.

Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Cuatro de los procesados aceptaron los cargos y cinco deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Fiscalía

CTI capturó a un segundo señalado del asesinato del exalcalde de Yopal, Casanare

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Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con uniformados de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra el segundo señalado implicado en el crimen del exalcalde Yopal, Jhon Jairo Torres, en hechos ocurridos el pasado 29 de septiembre en una finca ubicada en zona rural de Yopal.

El hombre fue capturado en Tunja (Boyacá). En el procedimiento le fue incautado un teléfono celular y dos tarjetas Sim Card. De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados esta persona presuntamente movilizó al menor de edad que habría ejecutado la acción armada.

En las próximas horas un fiscal de la Seccional Casanare lo presentará ante un juez de control de garantías y le imputará los delitos de homicidio agravado; y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones.

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