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Hallazgos fiscales en la SAE ascienden a 28 mil millones de pesos

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La Contraloría General de la República reportó este martes 25 de junio hallazgos fiscales por valor de $28.056.865.126 tras realizar una auditoría a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y al Fondo Para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).

Además, el ente de control determinó cuatro hallazgos con presunta incidencia penal, 30 que conllevan presunto alcance disciplinario, dos con solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio y uno con otra incidencia.

A través de un comunicado, el ente explicó que dentro de la auditoría adelantada por la Contraloría delegada para el Sector Justicia se evidenció “el manejo irregular de bienes que estaban bajo custodia de la SAE. Algunos de esos bienes simplemente desaparecieron, exponiendo a la nación a millonarias demandas”.

En ese sentido, detalló que con corte a 31 de diciembre de 2023, el total de los bienes inmuebles del FRISCO y que son administrados por SAE SAS asciende a 33.109. De estos, 5.985 (18.07 %) poseen contrato de arrendamiento, 9.528 (28.77 %) están desocupados y con ocupación irregular 15.060 (45.4 %).

Por los bienes con ocupación irregular, la Contraloría General determinó nueve hallazgos fiscales por valor de $16.151.443.650, en las ciudades de Medellín, Cali y Barranquilla.

Otros dos hallazgos fiscales tienen que ver con los bienes de la Sociedad Nuevo Amanecer, bajo administración de la SAE. Primero, la CGR evidenció la venta de 15 caballos de paso fino por debajo sustancialmente del valor comercial. El monto perdido es de $99.428.569, según el ente.

El segundo hallazgo fiscal en este caso tiene que ver con la desaparición de 69 relojes avaluados en $1.302.873.969. En la actualidad existe orden judicial de devolución de los bienes al afectado.

Asimismo, en la administración de bienes muebles a cargo de la SAE en Montería y Bogotá, el ente identificó “la pérdida de vehículos (31 taxis) y partes de algunos otros que habían sido incautados. Por este caso se confirmaron dos hallazgos fiscales por valor de $ 1.945.753.900”, se lee.

La Contraloría también informó sobre “graves irregularidades” detectadas en la administración de bienes inmuebles por parte de la SAE en aspectos como: la actualización anual de cánones de arrendamiento y avalúos, pagos de servicios públicos domiciliarios sin identificar los folios de matrícula inmobiliaria para los que se dirigían estos, no pago de cuotas de administración por parte de los arrendatarios, entre otros.

Por ejemplo, en la Regional de Occidente de la SAE el ente de control detectó “omisión en la gestión de cobro de cánones de arrendamiento, en una cuantía estimada a los $1.881.086.771, de inmuebles que aparecen registrados por la entidad como en alquiler”.

Por otro lado, en la Regional Suroccidente se evidenció presuntas actividades ilegales en bienes inmuebles, administrados por la SAE, como la fabricación de alcohol adulterado. En este caso se elevó un hallazgo fiscal por valor de $1.339.079.545.

Adicionalmente, existen fallos en contra de la SAE por valor de $2.304.859.306 por el no pago de las cuotas de administración de bienes inmuebles a su cargo en diversas propiedades horizontales en el país.

La auditoría también permitió establecer que hay inmuebles ocupados irregularmente por los propios afectados en los procesos de extinción, sin que a la fecha se hayan adelantado las gestiones necesarias para su recuperación.

“En lo que tiene que ver con la sede principal de la SAE, se observó la suscripción y el pago del contrato de arrendamiento en el que se incrementó el valor y la cantidad de metros cuadrados sin la suficiente justificación, por lo que se determinó un presunto detrimento patrimonial por valor de $2.465.346.670”, sostuvo el ente.

Por último, reportó que “a pesar de las múltiples fallas evidenciadas en la gestión de los bienes a cargo de la SAE, se han aprobado comisiones a sus funcionarios desde la vigencia 2021, producto del cumplimiento de metas de comercialización y arrendamientos, por valor de $6.591.805.436”.

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Por amenazas del Clan del Golfo han cerrado más de tres mil puntos en la Región Caribe

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Más de 3 mil puntos de SuperGIROS en la región Caribe han tenido que cerrar por las amenazas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o ‘Clan del Golfo’.

La ofensiva se ha recrudecido después del asesinato de Fernanda Mozo, una colocadora de SuperGIROS en Bosconia, el pasado 4 de noviembre.

El ‘Clan del Golfo’ ordenó con amenazas el cierre de los puntos de SuperGIROS en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y Guajira.

De hecho, este sábado se registraron ataques en puntos de Luruaco y Barranquilla, en la calle Murillo con carrera 9B, dejando una colaboradora herida.

Sujetos armados han incursionado también contra puntos de la red de servicios en Carmen de Bolívar, lugar en el que hicieron seis disparos para obligar al cierre de varios locales comerciales.

En otros municipios de la región hombres armados que se identifican como miembros de este grupo ilegal que actualmente hace parte de la llamada mesa de negociación de la ‘Paz Total’. En estas poblaciones ordenaron con intimidación y amenazas el cierre de los locales.

Se calcula que tres mil locales de la red de la empresa que presta servicios de giros y pago de servicios públicos y que opera como corresponsal bancario en los municipios más apartados de Colombia cerraron sus puertas ante la falta de garantías para operar .

«Llegan en grupos de dos o tres y dan la orden de cierre dejando ver armas de fuego», sostienen las colaboradoras que minutos después cierran los locales.

En el Golfo de Morrosquillo, en Sucre, por ejemplo, la red está paralizada dejando sin actividad a miles de personas que dependen de su labor en este sector de la economía.

La Defensoría del Pueblo se manifestó a través de su cuenta de X rechazando las acciones de los grupos armados, sobre todo contra las mujeres, que son en su mayoría las colocadoras de la empresa .

No obstante, SuperGIROS indicó que pese al apoyo de las autoridades de Policía y Ejército la acción de estos grupos al margen de la ley se ha incrementado en las últimas horas poniendo en riesgo la vida de miles de personas que trabajan en los puntos de SuperGIROS en esta región del país.

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El excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción, quedó en libertad condicional

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Musa Besaile, excongresista del Partido de la U condenado por parapolítica y el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, recibió libertad condicional y salió de su centro de reclusión. Estaba condenado a más de seis años de prisión.

Una decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería le dio la libertad condicional al exsenador, quien estaba recluido en el Centro de Ejecución Militar del batallón de la capital de Córdoba.

Besaile había sido condenado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y peculado por apropiación. El parlamentario estuvo implicado en redes de corrupción en donde hizo uso de su poder para obtener algunos beneficios.

Su libertad se habría dado debido al cumplimiento de tres quintas partes de la condena, así lo habría asegurado su abogado Hernando Bocanegra, quien también informó que Besaile se encontraba en delicado estado de salud.

Inicialmente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había condenado al exsenador a 6 años y 20 días de prisión, además de imponerle una multa por un valor de $415.268.652 y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 83 meses; sin embargo, en el mes de mayo de 2023 el mismo tribunal le sumó 7 años de prisión por alianzas con grupos paramilitares.

Además, en febrero, Besaile había recibido una sentencia de dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias en el proceso Fonade, pues de acuerdo con el alto tribunal el excongresista, junto al Ñoño Elías, efectuaron “actividades burocráticas y de intermediación legal” en los asuntos contractuales de la entidad.

Debido a estas sentencias, las condenas de Besaile sumaron un total de 168 meses y 9 días de prisión, y se permitió que accediera a la libertad condicional por el cumplimiento de una parte de la pena.

Otro de los motivos que favoreció esta medida es que el excongresista no es solicitado por ninguna otra entidad, esto lo confirmó el Inpec, la autoridad carcelaria del país, y el Ejército, en una de cuyas sedes estaba recluido Besaile.

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Hombres que intentaron quemar vivos a 15 policías en un CAI fueron condenados a 18 y 20 años de prisión

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Dos sujetos fueron judicializados este viernes, 22 de noviembres, por el atentado realizado contra el CAI de La Aurora en Usme, Bogotá, en donde le prendieron fuego a una estructura en donde se encontraban 15 uniformados de la Policía que resultaron casi calcinados luego del ataque.

En medio de lo que fue catalogado como el estallido social, en la noche del pasado 4 de mayo de 2021 una multitud atacó con palos, piedras y bombas incendiarias al CAI que está ubicado en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, en Bogotá.

En esta estructura estaban refugiados 15 uniformados, quienes cumplían turno en su momento. El ataque fue más allá cuando, según la narración del juez quinto especializado de Bogotá, dos sujetos lanzaron bombas ‘Molotov’ a través de uno de los vidrios blindados, los cuales ya estaban debilitados gracias a los golpes.

Estos hombres son Kevin Hernández y Edwin Murcia, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público.

“El juzgado emitirá sentencia de condena contra Kevin Hernández y Edwin Murcia únicamente por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público (…) Adicionalmente, se emitirá sentencia de condena en contra de Edwin Murcia por el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligros”, fue la declaración en la audiencia del juez quinto especializado de la capital.

Ante los hechos, el togado los sentenció a 18 y 20 años de prisión respectivamente, pues en el caso de Murcia se encontraron dos artefactos explosivos en su residencia y los cuales tienen relación con las sustancias que en aquella noche le arrojaron a los policías.

La sentencia fue basada en pruebas contundentes en donde se destacan varios videos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron claves para identificar a los responsables del hecho. También se desestimaron las pruebas presentadas por la defensa de estos hombres, las cuales fueron calificadas como contradictorias e inconsistentes.

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