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Desmantelan red de militares que vendía armas a grupos criminales

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El caso expone la magnitud de la infiltración en las fuerzas armadas y la sofisticación de las operaciones ilegales en la región Caribe

Una investigación reveló la participación de uniformados en el desvío de material bélico hacia organizaciones armadas ilegales, lo que ha encendido alarmas sobre la infiltración y corrupción en las fuerzas armadas del país.

El descubrimiento de una red de militares colombianos que facilitaban el tráfico de armas y municiones a grupos criminales ha generado preocupación sobre la seguridad nacional.

La investigación, que involucra a uniformados con amplia experiencia y acceso privilegiado a material bélico, destapó una trama de corrupción y alianzas entre miembros del Ejército y organizaciones como los Pachenca, el ELN y disidencias de las Farc.

El proceso investigativo, liderado por la Policía, la Fiscalía y la Contrainteligencia Militar, se inició con el objetivo de identificar y denunciar a militares que colaboraban con redes de tráfico de armas.

Documentos judiciales detallan cómo estos uniformados, asignados al batallón de ingenieros de Valledupar, utilizaban su experiencia y acceso a los depósitos de municiones para desviar material de guerra.

Entre los implicados destaca el soldado Rendón, conocido como alias el Viejo o Pinocho que, con más de quince años de servicio y reputación de experto en manejo de munición, se convirtió en pieza clave de la red.

Documentos judiciales detallan cómo soldados con acceso privilegiado a depósitos de municiones vendían arsenal a bandas como los Pachenca, mientras la Fiscalía investiga el alcance de la red y el lavado de dinero asociado.

Rendón contactaba a grupos armados ilegales, entre ellos el ELN, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (los Pachenca), para ofrecerles munición de uso militar. Las pesquisas de la Policía Judicial determinaron que el soldado vendía cartuchos calibre 5.56 a 10.000 pesos cada uno, y que el proceso de transacción seguía los protocolos de las mafias: ambas partes intercambiaban videos mostrando los fajos de billetes y las municiones para garantizar la seriedad del negocio.

Alias el Viejo no actuaba solo. La información obtenida por el medio destacado indica que otros militares colaboraban en la extracción y desvío del armamento, lo que llevó a los investigadores a afirmar que “se puede hablar de varios funcionarios (militares) implicados en esta actividad criminal”.

La relación entre los militares y los Pachenca se consolidó a través de alias el Veterano, que servía de enlace con alias Pinocho, jefe de la estructura criminal. Un tercer involucrado coordinaba los pagos y la entrega del material.

En ambos casos, se desconoce la identidad de Alias el Veterano y la identidad de esa tercera persona que se encargaría de realizar el pago y entrega de las armas.

Cuando el suministro de armas desde el Ejército resultaba insuficiente, los Pachenca recurrían a la compra de armamento extranjero para mantener su capacidad de fuego en la disputa territorial contra el Clan del Golfo, especialmente en la Sierra Nevada y La Guajira.

La red criminal extendió sus operaciones más allá de las fronteras colombianas. Alias el Veterano, recientemente capturado, estableció contactos en Florida (Estados Unidos) y organizó envíos de armas a través de rutas que incluían Costa Rica, República Dominicana y Venezuela.

La logística se apoyaba en enlaces en Maicao, de los cuales seis ya fueron detenidos, y en lancheros que transportaban el armamento por Nazareth y Uribia, donde se acopiaba antes de su entrega final.

Uno de los episodios más significativos ocurrió en abril, cuando los Pachenca realizaron una transacción en altamar: diez fusiles Barrett, de fabricación estadounidense y capacidad para derribar aeronaves, fueron intercambiados por media tonelada de cocaína.

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Familias del Pacífico colombiano aún viven entre grietas tres meses después del terremoto

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*Uno de los casos más graves se encuentra en Brubatá, una zona rural del municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, donde solo quedó una casa en pie.

Numerosas familias del Pacífico siguen viviendo en casas dañadas, agrietadas o dependiendo de otros hogares para alojarse casi tres meses después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país, según un balance divulgado este jueves por Médicos Sin Fronteras (MSF).

«Observamos que muchas familias de las comunidades visitadas seguían ocupando sus casas afectadas o estaban siendo recibidas por familias de acogida, lo que afecta las condiciones de vida de ambas», señaló la organización humanitaria en su informe.

Uno de los casos más graves se encuentra en Brubatá, una zona rural del municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, donde, según el censo de la comunidad, de las 65 viviendas que había antes del terremoto del pasado 10 de agosto solamente una quedó en pie.

La organización, que este jueves anunció el cierre de su atención a la emergencia tras diez semanas de trabajo, explicó que muchas viviendas continúan habitadas pese a presentar grietas por las que entra el agua y techos sostenidos con apoyos improvisados.

La emergencia agravó problemas que ya afectaban a las comunidades del Pacífico, especialmente en zonas rurales e indígenas con dificultades de acceso a servicios básicos, agua potable y atención sanitaria.

En las riberas de los ríos Baudó y San Juan, inundaciones que se produjeron después del terremoto destruyeron cultivos y dejaron a numerosas familias en una situación de mayor vulnerabilidad alimentaria, explicó la jefa de misión de MSF en Colombia, Siham Hajaj.

«Las problemáticas preexistentes se agudizaron por el terremoto. Centenares de familias afectadas por conflicto, violencia y restricciones de acceso a servicios básicos perdieron sus hogares», señaló Hajaj, quien reclamó una respuesta integral y sostenida para atender las necesidades de estas comunidades.

Durante las diez semanas de intervención, los equipos de MSF realizaron 5.001 consultas, de las cuales 4.645 fueron de salud física y 356 de salud mental, además de distribuir filtros de agua y artículos de primera necesidad.

En seis municipios del Chocó, la organización identificó que una parte importante de las enfermedades estaba relacionada con el consumo de agua no segura.

También detectó cerca de 100 casos de malaria y más de 40 de dengue, especialmente en las zonas rurales. El balance oficial del terremoto cifra en 335 los fallecidos, 103 los desaparecidos y 4.516 los heridos.

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Avanza megaoperativo en Bogotá para expulsar a más de 80 peligrosos delincuentes extranjeros

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En un megaoperativo articulado entre las principales fuerzas de seguridad e inteligencia del país, las autoridades avanzan en Bogotá con el traslado y posterior expulsión de más de 80 ciudadanos extranjeros que permanecían bajo custodia judicial por la comisión de diversos delitos de alta severidad. La intervención interinstitucional cuenta con la participación activa de la Policía Nacional, funcionarios de Migración Colombia, efectivos de las Fuerzas Especiales y unidades del Ejército Nacional.

El procedimiento operativo inició durante las horas de la tarde en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Sijín), ubicadas en el centro de Bogotá, en inmediaciones de la carrera décima y las antiguas dependencias de la Policía Metropolitana.

En la sede judicial se concentró a los requeridos, donde personal especializado de Migración Colombia, junto a oficiales de altos mandos de la Policía Nacional, adelantó uno a uno los trámites administrativos, la verificación de expedientes y el diligenciamiento de la documentación reglamentaria requerida para concretar la medida de expulsión del territorio colombiano.

Durante la tarde y la madrugada posterior, se coordinaron los esquemas de seguridad necesarios para garantizar el control del perímetro exterior e interior de las instalaciones de retención.

Hacia las 2:15 de la madrugada, las autoridades iniciaron la fase de evacuación de los detenidos desde las celdas de la Sijín. Los retenidos fueron extraídos en bloques organizados de a 20 personas, bajo la estricta custodia de comandos armados del GOES y uniformados del Ejército Nacional, quienes custodiaron el abordaje hacia los buses de la Policía Nacional dispuestos sobre las vías aledañas.

Una vez abordados los vehículos, se puso en marcha una fuerte caravana de seguridad con rumbo al occidente de la ciudad. El convoy tomó la calle Sexta escoltado por una decena de vehículos de la Policía, camionetas institucionales, motocicletas del personal de tránsito y tanquetas blindadas. El dispositivo garantizó el trayecto ininterrumpido hasta las instalaciones del Aeropuerto Militar de Catam, donde los trasladados quedaron bajo custodia a la espera de la logística aérea.

De acuerdo con los reportes de las autoridades y la cobertura en el lugar de los hechos, las personas objeto del operativo registran antecedentes y procesos vinculados a graves afectaciones a la seguridad ciudadana. Entre las conductas punibles imputadas a los extranjeros destacan delitos de extorsión, homicidio y diversas modalidades delictivas ejecutadas en Bogotá y distintas regiones del país.

Tras su arribo a la terminal aérea militar de Catam, se dispuso el transporte aéreo de los retenidos mediante un vuelo directo hacia la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Desde este punto fronterizo se completará el trámite de expulsión y deportación terrestre hacia territorio venezolano en el transcurso de las próximas horas.

 

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Dos muertos y 10 heridos dejó riña e intento de motín en URI de Puente Aranda, en Bogotá

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*La emergencia se registró al interior de las instalaciones, donde un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad obligó a la intervención de las autoridades.

dos personas murieron y otras 10 resultaron heridas en medio de una riña y un intento de motín registrado en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, en Bogotá.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se presentaron al interior de las instalaciones de esta URI, donde se habría desatado un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad. La situación generó una emergencia que dejó varias personas lesionadas y obligó a la intervención de las autoridades.

Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el suceso, pero familiares de algunos de los detenidos han dado a conocer que la riña ya deja un saldo de dos muertos y ocho heridos. Varios de los involucrados que resultaron con heridas fueron trasladados a la Clínica de Occidente y al Hospital Santa Clara.

Sobre uno de los fallecidos, sus familiares fueron los encargados de confirmar que era uno de los detenidos en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación y que resultó gravemente herido. A pesar de que alcanzó a ser trasladado con vida a la Clínica de Occidente, donde recibió atención médica, no logró sobrevivir.

Se está a la espera de que las autoridades que atienden la situación den un informe oficial sobre lo que ocasionó la emergencia en la URI, la cifra oficial de heridos y fallecidos, así como de las acciones que se tomarán por este hecho.

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