*Los procesados habrían ayudado a transportar a la víctima después de que le extrajeran a su bebé. Ambos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación por el crimen de una mujer de 21 años en estado de gestación permitió identificar a Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos como presuntos colaboradores en el ocultamiento de su cuerpo.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio en un inmueble del sector Alto de Polvorines, en Cali.

Hasta allí llegó la víctima con una mujer que se habría ganado su confianza fingiendo también estar embarazada.

En el lugar fue atacada con un arma cortopunzante hasta causarle la muerte y, mediante un procedimiento rudimentario, le habrían extraído a su bebé de ocho meses de gestación.

Los elementos materiales probatorios indican que Moncayo Solano y Ochoa Ríos ayudaron a subir el cuerpo a un vehículo conducido por otras personas.

Posteriormente, presuntamente escoltaron el automotor hasta una zona boscosa, donde abandonaron a la víctima en el río Meléndez.

Durante las labores de búsqueda por la desaparición de la mujer, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontraron los restos el 20 de julio en el corregimiento La Buitrera. Diez días después, la bebé fue hallada sin vida en inmediaciones del mismo sector.

Los dos hombres fueron capturados el pasado 5 de noviembre en Cali y Jamundí, durante diligencias de allanamiento y registro en cumplimiento de órdenes judiciales.

Un fiscal especializado de la Seccional Cali les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, el delito de feminicidio agravado, en calidad de cómplices. Ninguno aceptó el cargo y, por disposición judicial, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por estos mismos hechos permanecen privados de la libertad Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Joel José Llanes Vásquez, alias Joel Piraña; y a Eduardo Enrique Correa Barros, alias Rulay, señalados de participar en el crimen de una mujer, el pasado 9 de junio, en Puerto Colombia (Atlántico).

Un fiscal de la Seccional Atlántico les imputó los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; las dos conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron los cargos. El día de los hechos, en el barrio Villa Campestre de Puerto Colombia, llegaron en un vehículo los hoy procesados, al conjunto residencial donde se encontraba la mujer al interior de su camioneta.

Los dos hombres descendieron del carro y, al parecer, le dispararon a la vícma, quien recibió más de seis impactos en el rostro y falleció. Los presuntos responsables huyeron del lugar. La Policía Nacional hizo efec vas las órdenes de captura contra estos hombres en Cali (Valle del Cauca). Un juez de control de garan as les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

*Es señalada de contratar directamente, a través de un convenio interadministrativo celebrado con Aldesarrollo, el análisis de la implementación del Sistema de Validación Nacional y del proceso de acceso a los estadios por valor superior a 4.950 millones de pesos.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia formuló la acusación contra la entonces ministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, con ocasión de la contratación delsistema de validación de ingreso a los estadios de fútbol prevista en el Decreto 1622 de 2022.

La investigación da cuenta de que, siendo el Ministerio del Deporte el encargado de implementar la herramienta tecnológica que permitiría asociar el documento de identidad de los aficionados con las boletas de ingreso a los escenarios y verificar sus antecedentes, con el propósito de restringir el acceso a quienes tuvieran impedimentos para hacerlo, la entonces jefe de la cartera contrató directamente mediante la figura de convenio interadministrativo con Aldesarrollo, por más de 4.950 millones, con desconocimiento de las disposiciones que exigían garantizar pluralidad de oferentes.

Asimismo, las evidencias indicarían que la contratación condicionó la subcontratación de una particular específica con la que, al parecer, se acordó previamente la ejecución de la iniciativa.

De igual manera, fueron detectadas irregularidades desde la etapa precontractual como ausencia de estudios de mercado y de procedimientos para establecer el valor del negocio jurídico y los costos de las actividades contempladas.

Adicionalmente, se conoció que Urrutia Ocoró desatendió las advertencias formuladas por los equipos técnico y jurídico del Ministerio que alertaban de los vicios e ilegalidades de varios trámites durante la etapa precontractual.

Pese a ello, celebró el convenio el 30 de diciembre de 2022.