*El hombre habría intentado asfixiar a la víctima y dejado inconsciente.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a Luis Fernando Varona Guevara, un mototaxista señalado de abusar sexualmente de una adolescente, la tarde del pasado 23 de enero en Cali (Valle del Cauca).

La menor de edad tomó el servicio de transporte informal en el barrio Alfonso López. En el trayecto, el hoy procesado presuntamente se desvió hacia una zona rural, despoblada y rodeada de cañaduzales en el sector de Caucaseco, en la vía que conduce a Palmira, intimidó y atacó a la víctima con un arma blanca, y la agredió sexualmente.

Las evidencias recopiladas indican que el hombre le habría presionado el cuello a la joven, dejado inconsciente, arrebatado el teléfono celular y escapado del lugar. Finalmente, la adolescente reaccionó, logró conseguir ayuda y fue trasladada a un centro asistencial.

Por estos hechos, Varona Guevara fue capturado por unidades de la Policía Nacional y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en Candelaria (Valle del Cauca). Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA) de Cali (Valle del Cauca) le imputó los delitos de feminicidio en grado tentativa, acceso carnal violento, secuestro simple y hurto calificado, todas las conductas agravadas.

El hombre no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

*La víctimas fueron citadas con el supuesto de cerrar un negocio; sin embargo, fueron retenidas
durante nueve días y finalmente asesinadas mediante asfixia mecánica.

Concretar la compra de varias cabezas de ganado fue el pretexto que utilizó un grupo delincuencial para contactar y citar a dos comerciantes a un punto específico de Fuente de Oro (Meta).

El 21 de noviembre de 2024, los interesados en el negocio se trasladaron por vía terrestre, pero en el camino fueron interceptados y retenidos.

Durante nueve días permanecieron encerrados en un inmueble; mientras sus familiares recibieron llamadas telefónicas en las que les exigieron 100 millones de pesos por una liberación que nunca llegaría. Los comerciantes fueron asesinados mediante asfixia mecánica el 30 de noviembre de 2024, y sus cuerpos sepultados en una zona boscosa y de difícil acceso ubicada entre Fuente de Oro y San Martín (Meta).

Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar a dos de los presuntos responsables de la acción delictiva. Se trata de Ruperto Torres Vivero, quien se habría encargado de coordinar las comunicaciones para presionar la entrega del dinero solicitado; y María Sor Zulma Agrono Valencia, señalada de asumir la logística y facilitar la apertura de cuentas bancarias a nombre de terceros para recibir y darle tránsito a los recursos que esperaba la red ilegal por el secuestro.

Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta con unidades del Gaula de la Policía Nacional en un inmueble del barrio Potosí, en Bogotá.

Por su parte, un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales
les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado, concierto para delinquir con fines de secuestro, utilización ilícita de redes de comunicación, ocultamiento de
elemento material probatorio y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Los procesados no aceptaron los cargos y un juez de control de garantía les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

*El médico fue judicializado y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir.

Actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación y la asociación de, por lo menos, 20 denuncias interpuestas por víctimas en Medellín (Antioquia), permitieron identificar un presunto patrón delictivo del médico urólogo, Alberto Posada Peláez, en contra de la libertad sexual y la integridad de sus pacientes.

El especialista es señalado de recibir en consulta a las mujeres, hacerles comentarios e insinuaciones de carácter íntimo y solicitarles ponerse una bata para realizar un supuesto chequeo médico, que en realidad terminaba en abuso y sometimiento sexual aprovechando el estado de indefensión en el que se encontraban.

Los elementos materiales probatorios indican que el médico, al parecer, utilizó su conocimiento, condición de poder y confianza para abusar de varias de sus pacientes en su consultorio privado.

En ese sentido, fue capturado por unidades de la Policía Nacional en un parqueadero localizado en el sur de Medellín. Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) lo presentó ante un juez penal de control de garantías y le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir.

El procesado no aceptó los cargos formulados en su contra y fue afectado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La investigación continúa para ubicar a otras posibles víctimas que hasta el momento no han denunciado.