*Los integrantes de la organización ilegal eran trabajadores de un centro de formación automovilística que presuntamente registraban usuarios en los sistemas como si hubieran aprobado las clases prácticas, sin haberlas cursado.

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una red delictiva que estaría conformada por siete empleados de un centro de formación automovilística de Samacá (Boyacá), que serían los responsables de expedir irregularmente certificados de aptitud para la obtención de las licencias de conducción a personas que no cumplían con los requisitos exigidos.

Se trata de Karen Julieth Escala Rodríguez, Julieth Alejandra Muñoz Sanabria, Euliber Páez Tovar, Jorge Andrés Zapata Rico, Cristian Camilo Cuadrado Pimiento, Winston Andretti Forero y Ronald Albeiro Trujillo Moreno.

Estas personas habrían participado, de manera individual, en 18 eventos ilícitos ocurridos entre enero y septiembre 2024.

En estos casos, Escala Rodríguez y Muñoz Sanabria presuntamente consignaron información falsa en los sistemas que se entrelazan con el Ministerio de Transporte y las secretarías de movilidad para acreditar que usuarios superaban todas las pruebas requeridas sin dificultad, cuando la realidad era otra.

Los demás involucrados, en su rol de instructores, son señalados de alterar las planillas para reportar que los aprendices aprobaban el ítem de clases prácticas. Sin embargo, los elementos materiales probatorios evidenciaron que los beneficiados no asistieron ni superaron esta obligación en la intensidad que fija la normatividad vigente.

Adicionalmente, se les atribuye adelantar registros biométricos a través de maniobras fraudulentas para dar apariencia de legalidad a la actividad que realizaban.

Un fiscal de la Unidad de Fe Pública y Patrimonio Económico de la Seccional Boyacá imputó a estas siete personas los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.

Los cargos no fueron aceptados.

*El hombre habría intentado asfixiar a la víctima y dejado inconsciente.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a Luis Fernando Varona Guevara, un mototaxista señalado de abusar sexualmente de una adolescente, la tarde del pasado 23 de enero en Cali (Valle del Cauca).

La menor de edad tomó el servicio de transporte informal en el barrio Alfonso López. En el trayecto, el hoy procesado presuntamente se desvió hacia una zona rural, despoblada y rodeada de cañaduzales en el sector de Caucaseco, en la vía que conduce a Palmira, intimidó y atacó a la víctima con un arma blanca, y la agredió sexualmente.

Las evidencias recopiladas indican que el hombre le habría presionado el cuello a la joven, dejado inconsciente, arrebatado el teléfono celular y escapado del lugar. Finalmente, la adolescente reaccionó, logró conseguir ayuda y fue trasladada a un centro asistencial.

Por estos hechos, Varona Guevara fue capturado por unidades de la Policía Nacional y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en Candelaria (Valle del Cauca). Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA) de Cali (Valle del Cauca) le imputó los delitos de feminicidio en grado tentativa, acceso carnal violento, secuestro simple y hurto calificado, todas las conductas agravadas.

El hombre no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

*La víctimas fueron citadas con el supuesto de cerrar un negocio; sin embargo, fueron retenidas
durante nueve días y finalmente asesinadas mediante asfixia mecánica.

Concretar la compra de varias cabezas de ganado fue el pretexto que utilizó un grupo delincuencial para contactar y citar a dos comerciantes a un punto específico de Fuente de Oro (Meta).

El 21 de noviembre de 2024, los interesados en el negocio se trasladaron por vía terrestre, pero en el camino fueron interceptados y retenidos.

Durante nueve días permanecieron encerrados en un inmueble; mientras sus familiares recibieron llamadas telefónicas en las que les exigieron 100 millones de pesos por una liberación que nunca llegaría. Los comerciantes fueron asesinados mediante asfixia mecánica el 30 de noviembre de 2024, y sus cuerpos sepultados en una zona boscosa y de difícil acceso ubicada entre Fuente de Oro y San Martín (Meta).

Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar a dos de los presuntos responsables de la acción delictiva. Se trata de Ruperto Torres Vivero, quien se habría encargado de coordinar las comunicaciones para presionar la entrega del dinero solicitado; y María Sor Zulma Agrono Valencia, señalada de asumir la logística y facilitar la apertura de cuentas bancarias a nombre de terceros para recibir y darle tránsito a los recursos que esperaba la red ilegal por el secuestro.

Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta con unidades del Gaula de la Policía Nacional en un inmueble del barrio Potosí, en Bogotá.

Por su parte, un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales
les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado, concierto para delinquir con fines de secuestro, utilización ilícita de redes de comunicación, ocultamiento de
elemento material probatorio y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Los procesados no aceptaron los cargos y un juez de control de garantía les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.