*Los vehículos hurtados en carreteras de Tolima eran desmantelados y sus partes comercializadas de manera ilegal de Bogotá. 

Conos de señalización, vehículos señuelo y armas de fuego eran utilizados para simular puestos de control y retener a transportadores de carga en corredores viales entre Natagaima y El Espinal (Tolima). Los presuntos responsables serían ‘Los Mimos’, una organización delincuencial a la que la Fiscalía General de la Nación le atribuye el hurto de cinco camiones y otros bienes por más de 1.300 millones de pesos.

Producto de las denuncias recibidas y las actividades de policía judicial realizadas fueron agrupados cinco casos ocurridos entre agosto de 2024 y marzo de 2026, que guardan relación en las circunstancias en las que sucedieron. En los eventos ilegales conocidos los conductores fueron intimidados y trasladados a zonas boscosas, donde permanecieron privados de la libertad mientras les hurtaban los automotores, las mercancías y sus pertenencias.

Para impedir la localización, la estructura empleaba inhibidores de señal que bloqueaban los sistemas GPS. Posteriormente, los vehículos eran desmantelados y las autopartes comercializadas en Bogotá. Uno de los hechos documentados se presentó el 7 de agosto de 2024, en la vía entre Neiva y Castilla, a la altura de Natagaima. Un conductor y su hijo menor de edad fueron retenidos durante tres horas mientras les arrebataban los artículos de valor y se llevaban el vehículo.

En diligencias realizadas por la Policía Nacional fueron capturados 10 de los señalados integrantes de ‘Los Mimos’, en Bogotá y Natagaima. Entre ellos está el señalado cabecilla, Yamid Albeiro Ortiz Aguilar, alias Vacatuca; y Wlliam Arnulfo Matiz Díaz, alias Lápiz, quien sería el encargado de coordinar la instalación de los retenes ilícitos y las actividades posteriores a los hurtos.

Los demás, al parecer, identificaban a las víctimas, las secuestraban, se apropiaban de sus bienes y facilitaban el desguace de los automotores y el ocultamiento de las piezas. Una fiscal de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y secuestro simple. Los procesados no aceptaron los cargos. Ocho deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario y dos en su lugar de residencia.

La Fiscalía General de la Nación a través de la Seccional Atlántico consolidó la relación de cooperación y articulación institucional con la Embajada de Canadá en Colombia, durante un encuentro orientado al intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de las capacidades investigativas y la búsqueda de estrategias conjuntas frente a los desafíos de seguridad y criminalidad en el territorio.

La reunión, que se desarrolló en la sede de la Fiscalía en Barranquilla en la Torre Manzur, contó con la participación del director de la Seccional Atlántico, Romel Arévalo; la embajadora de Canadá en Colombia, Elizabeth Williams y el consejero de Asuntos Políticos, Económicos y Públicos de esa misión diplomática, Patrice Laquerre.

Durante el encuentro se abordaron diferentes asuntos de interés como la identificación de dinámicas de criminalidad organizada, las finanzas criminales y los delitos que más afectan a la ciudadana.

Asimismo, se planteó la posibilidad de fortalecer los conocimientos y capacidades especializadas de los equipos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional, particularmente en materia de delitos informáticos y técnicas de investigación.

“Uno de los principales temas de la agenda fue el fortalecimiento de los programas de justicia restaurativa, campo en el que Canadá cuenta con una amplia experiencia.

En ese sentido, la delegación diplomática manifestó su disposición para compartir
conocimientos, experiencias y procesos de capacitación que contribuyan a fortalecer la aplicación de estos mecanismos en Colombia, tanto en contextos urbanos como en comunidades rurales”, indicó el director de la Seccional Atlántico.

De igual manera, se dialogó sobre la protección de los derechos

*La actividad ilícita generaría más de 1.200 millones de pesos mensuales y habría contaminado la quebrada La Baja y el río Suratá, fuentes de abastecimiento del acueducto de Bucaramanga.

Socavones y plantas de procesamiento de oro en inmediaciones del páramo de Santurbán (Santander) fueron intervenidos en ocho diligencias de allanamiento y registro, ordenadas por la Fiscalía General de la Nación como parte de una investigación contra una organización delincuencial señalada de extraer ilegalmente oro en el área protegida.

Los procedimientos fueron realizados por unidades de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en la vereda Angosturas de California y en plantas ubicadas en ese municipio, Suratá y Matanza.

En los lugares inspeccionados fueron incautados 92 millones de pesos en efectivo, 211 gramos de oro en amalgama y 114 gramos de oro en joyas. También se encontraron 200 kilogramos de cianuro y 1.902 gramos de mercurio, sustancias utilizadas en la obtención del mineral.

Asimismo, fueron hallados 120 kilogramos de explosivo tipo ANFO, 700 metros de cordón detonante, 147 barras de Indugel y 62 detonadores destinados a la explotación minera ilegal.

Las evidencias indican que el oro extraído en el área intervenida sería distribuido en establecimientos de comercio de Bucaramanga y Bogotá. Esta actividad generaría ganancias superiores a 1.200 millones de pesos mensuales y habría contaminado la quebrada La Baja y el río Suratá.

Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente obtuvo legalidad sobre los elementos incautados y avanzará en las indagaciones para identificar a los responsables.