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Fiscalía

Fiscalía imputa a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, posible nuevo caso de corrupción

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La Fiscalía General de la Nación presentó ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, y le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos relacionados con el trámite precontractual.
El Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022 ordenó al Ministerio del Deporte liderar el proceso de contratación para la implementación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, que permitiera la asociación de la boleta al documento de identidad de los hinchas del fútbol y la verificación de antecedentes, con el fin de hacer efectivas las restricciones de derecho de admisión en los estadios.

La investigación liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia da cuenta de que la ministra habría violentado las normas de contratación y los parámetros definidos en el Decreto 1622, donde se ordena que el proceso de escogencia del contratista debía garantizar la concurrencia de oferentes. No obstante, fue seleccionado de manera directa.

La servidora pública, al parecer, buscó en dos oportunidades a intermediarios para adjudicarles el contrato; sin embargo, los condicionó a subcontratar a una particular con quien se había acordado desde el inicio del proceso que se quedaría con el proyecto.

Los elementos de prueba demuestran que la exministra presuntamente desconoció las advertencias hechas en tres oportunidades por su equipo técnico y jurídico con relación a las maniobras ilegales desplegadas durante la contratación. Aun así, suscribió un convenio interadministrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022.

Asímismo, se estableció que se incluyeron avales de funcionarios que no participaron en la estructuración de las condiciones y la selección del beneficiario. Tampoco se justificó la razón por la cual se contrató directamente apartándose de la obligación de convocar a una licitación pública.

De otra parte, en el trámite precontractual no se hicieron los estudios de mercado, tampoco se surtió el proceso para la formación del precio del contrato ni del valor de las actividades previstas, pero se fijó un costo que ascendió a 4.950 millones de pesos.

Por último, el Decreto 1622 de 2022 habilitó a la exministra Urrutia Ocoró para contratar el “Diseño e implementación del sistema de validación nacional”. No obstante, fue contratado un objeto muy diferente: “el análisis de la implementación del sistema de validación nacional”.

En ese sentido, el delito de falsedad en documento público está relacionado con dos eventos. Por suscribir los estudios previos y el acto administrativo de justificación plasmando hechos contrarios a la realidad.

Fiscalía

Golpe a red delictiva que aprovechaba conciertos y eventos masivos para cometer robos

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*Seis presuntos integrantes de ‘Venus’ estarían involucrado en, al menos, 10 casos ocurridos en Bogotá y otras ciudades.

Ferias, conciertos y lugares de alta afluencia de público eran los escenarios que la estructura delincuencial ‘Venus’ presuntamente aprovechaba para hurtar celulares y otros equipos tecnológicos en Bogotá y distintas ciudades del país.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación indica que sus integrantes viajaban a las zonas donde se realizarían las actividades. Allí utilizaban identidades falsas y se presentaban como funcionarios de alcaldías, secretarías o personal de logística para acercarse a los asistentes de los encuentros masivos.

Posteriormente, se distribuían en medio de la multitud. Mientras unos identificaban los puntos de mayor afluencia y los dispositivos de gama alta, otros distraían al personal de vigilancia y de logística para que un grupo específico se apoderara de los objetos.

El primer hecho ilícito documentado está relacionado con el hurto de un equipo de sonido durante una feria en San Gil (Santander), en 2024. Desde ese momento se pusieron en marcha varias actividades de policía judicial que permitieron individualizar y vincular a seis personas que harían parte de la organización y estarían implicadas en nueve episodios más.

Entre los casos detectados aparece la sustracción de un desfibrilador externo automático, avaluado en 8 millones de pesos, de un establecimiento de comercio en Bogotá; una tableta que portaba un ciudadano que acudió a un parque de diversiones; y una consola de sonido en un local comercial, cuyo costo supera los 12 millones de pesos.

Los seis señalados integrantes de ‘Venus’ fueron identificados como Carlos Alberto Hidalgo Quiroga, Marisol Prada Marín, Enrique Ortiz Salazar, alias Conejo; Juan Carlos Mogollón Guaqueta, Cristian Federico Estévez Macías y William Andrés Moncada Gámez, alias Taxista. Un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Fiscalía

Judicializan a nuevos implicados en el asesinato de una mujer embarazada en Cali

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*Los procesados habrían ayudado a transportar a la víctima después de que le extrajeran a su bebé. Ambos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación por el crimen de una mujer de 21 años en estado de gestación permitió identificar a Camilo Moncayo Solano y Ángelo Ochoa Ríos como presuntos colaboradores en el ocultamiento de su cuerpo.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio en un inmueble del sector Alto de Polvorines, en Cali.

Hasta allí llegó la víctima con una mujer que se habría ganado su confianza fingiendo también estar embarazada.

En el lugar fue atacada con un arma cortopunzante hasta causarle la muerte y, mediante un procedimiento rudimentario, le habrían extraído a su bebé de ocho meses de gestación.

Los elementos materiales probatorios indican que Moncayo Solano y Ochoa Ríos ayudaron a subir el cuerpo a un vehículo conducido por otras personas.

Posteriormente, presuntamente escoltaron el automotor hasta una zona boscosa, donde abandonaron a la víctima en el río Meléndez.

Durante las labores de búsqueda por la desaparición de la mujer, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontraron los restos el 20 de julio en el corregimiento La Buitrera. Diez días después, la bebé fue hallada sin vida en inmediaciones del mismo sector.

Los dos hombres fueron capturados el pasado 5 de noviembre en Cali y Jamundí, durante diligencias de allanamiento y registro en cumplimiento de órdenes judiciales.

Un fiscal especializado de la Seccional Cali les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, el delito de feminicidio agravado, en calidad de cómplices. Ninguno aceptó el cargo y, por disposición judicial, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por estos mismos hechos permanecen privados de la libertad Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.

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Encarcelan a dos hombres por el asesinato de una mujer en Puerto Colombia, Atlántico

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Joel José Llanes Vásquez, alias Joel Piraña; y a Eduardo Enrique Correa Barros, alias Rulay, señalados de participar en el crimen de una mujer, el pasado 9 de junio, en Puerto Colombia (Atlántico).

Un fiscal de la Seccional Atlántico les imputó los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; las dos conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron los cargos. El día de los hechos, en el barrio Villa Campestre de Puerto Colombia, llegaron en un vehículo los hoy procesados, al conjunto residencial donde se encontraba la mujer al interior de su camioneta.

Los dos hombres descendieron del carro y, al parecer, le dispararon a la vícma, quien recibió más de seis impactos en el rostro y falleció. Los presuntos responsables huyeron del lugar. La Policía Nacional hizo efec vas las órdenes de captura contra estos hombres en Cali (Valle del Cauca). Un juez de control de garan as les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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