La Fiscalía General de la Nación, en articulación con el CTI, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la agencia estadounidense DEA, identificó a los nueve señalados integrantes de la organización ilegal y los roles que cumplían en el entramado criminal. Todos fueron capturados en diligencias realizas de manera simultánea en Cali y Jamundí (Valle del Cauca).

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a estas personas el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Por su parte, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La estructura impactada, al parecer, adquiría diversas cantidades de cocaína y marihuana en Caloto (Cauca), y las transportaba en vehículos particulares y buses de servicio escolar a inmuebles en Cali y Jamundí, donde eran diseñadas las maquinas eléctricas e industriales a la medida, de tal manera que pudieran ocultar los bloques de las sustancias.

Finalmente, la maquinaria era embalada y enviada a los puertos del Caribe y el Pacífico colombiano para salir con destino a Norteamérica.

Los procesados son: Maximiliano Cáceres Alarcón, alias Maxi, presunto cabecilla de la estructura; César Augusto Ramos Palacios, señalado responsable del transporte de los estupefacientes y de la fabricación de las máquinas; Kevin Villa Valderrama, Julio Cesar Reina Gutiérrez, Carlos Alberto Guerrero, Fabián Alarcón Barrera y Cristhian Paolo Salazar Camacho, quienes estarían involucrados en la elaboración de las caletas.

Asimismo, Evely Alarcón Barrios, señalada de facilitar los inmuebles para almacenar losestupefacientes; y Laura Vanessa Rodríguez Muñoz, compañera sentimental de alias Maxi y presunta responsable de las finanzas de la organización.

Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento condenó al exalcalde de Bucaramanga (Santander), Luis Francisco Bohórquez Pedraza; a dos exfuncionarios de su despacho, dos contratistas y un familiar, por las irregularidades y actos de corrupción detectados en la contratación pública entre 2012 y 2015.

El exmandatario Bohórquez Pedraza fue sentenciado a 17 años y 9 meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Asimismo, deberá pagar una multa de 592 millones de pesos.

Un fiscal de la Seccional Santander demostró que, desde la Secretaría de Infraestructura de la ciudad, fueron tramitados, celebrados, ejecutados y liquidados de manera irregular 11 contratos de obra, cuyos objetos contractuales estaban relacionaban con la modernización, mantenimiento, expansión de alumbrado público, mantenimiento de postes y poda de árboles por un monto aproximado de 17.000 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, personas cercanas al exalcalde e integrantes de la iglesia Manantial de Amor constituyeron varias sociedades con el único propósito de quedarse con los mencionados contratos. En medio de este entramado criminal se generaron pérdidas por 2.319 millones de pesos.

Los otros involucrados, de acuerdo con su participación en los hechos conocidos, fueron condenados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, de la siguiente manera:

● Clemente León Olaya, exsecretario de Infraestructura, a 21 años de prisión y multa
de 2.709 millones de pesos.
● Gloria Azucena Durán Valderrama, supervisora de contratos y jefe de la Oficina de
Alumbrado Público, a 17 años y 7 meses de prisión, y multa de 1.015 millones de
pesos.
● Leonardo Luna Escalante, asesor y familiar del exalcalde, a 8 años de prisión y al
pago de 381 millones de pesos.
● Óscar Mauricio Benavides Toloza, contratista, a 12 años de prisión y multa de 190
millones de pesos.
● Uriel Ávila Méndez, contratista, a 11 años de prisión y al pago de 1.012 millones de
pesos.
Las condenas son de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, y le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos relacionados con el trámite precontractual.
El Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022 ordenó al Ministerio del Deporte liderar el proceso de contratación para la implementación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, que permitiera la asociación de la boleta al documento de identidad de los hinchas del fútbol y la verificación de antecedentes, con el fin de hacer efectivas las restricciones de derecho de admisión en los estadios.

La investigación liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia da cuenta de que la ministra habría violentado las normas de contratación y los parámetros definidos en el Decreto 1622, donde se ordena que el proceso de escogencia del contratista debía garantizar la concurrencia de oferentes. No obstante, fue seleccionado de manera directa.

La servidora pública, al parecer, buscó en dos oportunidades a intermediarios para adjudicarles el contrato; sin embargo, los condicionó a subcontratar a una particular con quien se había acordado desde el inicio del proceso que se quedaría con el proyecto.

Los elementos de prueba demuestran que la exministra presuntamente desconoció las advertencias hechas en tres oportunidades por su equipo técnico y jurídico con relación a las maniobras ilegales desplegadas durante la contratación. Aun así, suscribió un convenio interadministrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022.

Asímismo, se estableció que se incluyeron avales de funcionarios que no participaron en la estructuración de las condiciones y la selección del beneficiario. Tampoco se justificó la razón por la cual se contrató directamente apartándose de la obligación de convocar a una licitación pública.

De otra parte, en el trámite precontractual no se hicieron los estudios de mercado, tampoco se surtió el proceso para la formación del precio del contrato ni del valor de las actividades previstas, pero se fijó un costo que ascendió a 4.950 millones de pesos.

Por último, el Decreto 1622 de 2022 habilitó a la exministra Urrutia Ocoró para contratar el “Diseño e implementación del sistema de validación nacional”. No obstante, fue contratado un objeto muy diferente: “el análisis de la implementación del sistema de validación nacional”.

En ese sentido, el delito de falsedad en documento público está relacionado con dos eventos. Por suscribir los estudios previos y el acto administrativo de justificación plasmando hechos contrarios a la realidad.