*Cada aeronave tiene un valor de más de 159 millones de dólares. La contratación también incluye el entrenamiento inicial para pilotos y personal técnico de las FAC soporte logístico durante 24 meses, equipos de apoyo en tierra y el traslado de la primera aeronave desde Brasil hasta Bogotá.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana avanza en la compra de dos aviones KC-390 de fabricación brasileña. La oferta económica presentada por Embraer S.A. asciende a USD 366 millones 430 mil 371 e incluye las aeronaves, entrenamiento, soporte logístico, equipos especializados y demás capacidades para su operación.

La documentación confirma la información sobre la intención del Gobierno Nacional de adquirir estas aeronaves para fortalecer la capacidad de transporte militar del país. En la oferta económica, el modelo aparece identificado expresamente como “KC-390 – aeronave básica”, mientras que el objeto del proceso contempla la “adquisición de aeronaves de transporte táctico militar pesado, entrenamiento, equipo asociado, soporte logístico y demás requerimientos para su operación”.

¿Cuál es el valor de cada aeronave KC-390 de origen brasileño?

Cada aeronave tiene un valor de más de 159 millones de dólares para un total de USD 319 millones 915 mil 860 por los dos aviones. Los cerca de 46,5 millones de dólares restantes corresponden a equipos adicionales, entrenamiento, soporte logístico y demás elementos requeridos para su operación.

Los documentos también contemplan un pago anticipado de USD 182 millones 872 mil 498, que será desembolsado entre las vigencias 2027 y 2028 como parte del cronograma financiero del contrato. Los demás pagos se realizarán conforme avance la fabricación y entrega de las aeronaves y sus equipos asociados.

¿Para que serán utilizados los aviones KC-390 en Colombia?

Uno de los principales aspectos de la oferta es que la primera aeronave será configurada para realizar reabastecimiento de combustible en vuelo, mediante la instalación de sistemas bajo las alas, un tanque auxiliar, cámaras y demás equipos que le permitirán suministrar combustible a otras aeronaves durante las operaciones.

El KC-390 también podrá ser empleado en misiones humanitarias y de evacuación aeromédica. La oferta contempla “74 literas incluido sistema apilamiento”, lo que permitirá adecuar la aeronave para el traslado simultáneo de decenas de pacientes durante emergencias o desastres.

Además, la primera aeronave incorporará un paquete de “sistemas de contramedidas” para aumentar su protección durante las operaciones, mientras que los dos aviones estarán equipados con comunicaciones satelitales, radios militares seguras, sistemas avanzados de navegación y equipos que fortalecerán sus capacidades operacionales.

La contratación también incluye el entrenamiento inicial para pilotos y personal técnico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, soporte logístico durante 24 meses, equipos de apoyo en tierra y el traslado de la primera aeronave desde las instalaciones de Embraer, en Gavião Peixoto (Brasil), hasta la Base Aérea de CATAM, en Bogotá.

De acuerdo con el cronograma conocido por Caracol Radio, la primera aeronave deberá ser entregada antes del 30 de octubre de 2029, mientras que la segunda llegará antes del 30 de noviembre de 2030. Los documentos establecen, además, que los precios ofertados serán “fijos y firmes”, sin incrementos durante la ejecución del contrato.

Así lo reveló el informe ‘Defender la diversidad. Violencias contra personas LGBTIQ+ defensoras de derechos humanos en Colombia (2020-2024)’.

Al menos 49 defensores de derechos humanos con orientaciones sexuales e identidades de género diversas fueron asesinados en Colombia entre 2020 y 2024, lo que evidencia «la persistencia de una violencia sistemática y selectiva que busca silenciar los liderazgos LGBTIQ+».

Así lo reveló el informe ‘Defender la diversidad. Violencias contra personas LGBTIQ+ defensoras de derechos humanos en Colombia (2020-2024)’, publicado por el Programa Somos Defensores, que señala que «la persistencia de estos crímenes refleja la ausencia de garantías efectivas para el ejercicio de la defensa de derechos humanos».

El documento señaló que en 2020 «se registraron 7 casos (14,3 % del total del periodo)» y en 2021 estos crímenes descendieron a 5 (10,2 %), «lo que podría interpretarse de manera superficial como una mejora coyuntural».

«No obstante, esta aparente reducción resultó efímera, pues en 2022 los asesinatos ascendieron a 12 casos (24,5 %), lo que significó un incremento del 140 % respecto al año anterior», señaló la información.

Este repunte abrupto, según el informe, «refleja un recrudecimiento de la violencia por prejuicio, posiblemente vinculado a la reconfiguración territorial de grupos armados, la reacción frente a los avances en derechos LGBTIQ+ y el uso de la violencia como herramienta de control social».

Entre tanto, en 2023 y 2024 se reportaron, respectivamente, 11 (22,4 %) y 14 asesinatos (28,6 %), lo que, según el Programa Somos Defensores, consolidó «una tendencia de violencia sostenida en niveles críticos».

Según el informe, de las 49 víctimas mortales, 28 eran personas defensoras LGBTIQ+; cuatro, líderes comunitarios, y tres, comunales.

También fueron asesinados seis líderes afrodescendientes y tres culturales, mientras que hubo víctimas asociadas a procesos de víctimas, sindicales e indígenas, con un caso cada una.

«Finalmente, se registraron 2 asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz. Estos datos permiten concluir que el liderazgo más afectado es el ejercido por personas LGBTIQ+, lo que evidencia que la orientación sexual y la identidad de género se convierten en factores de riesgo diferencial para quienes asumen una labor en la defensa de los derechos humanos», agregó la información.

Un nuevo hecho de violencia sacude al departamento del Cauca tras confirmarse el asesinato de tres personas que realizaban actividades deportivas en la zona rural que conecta los municipios de Silvia y Totoró, en el oriente del Cauca.

Las víctimas, tres hombres que se movilizaban en bicicleta por el sector conocido como Miraflores, fueron interceptadas por un grupo armado no identificado que les disparó indiscriminadamente con armas de alto calibre, causándoles la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos.

Este condenable hecho eleva a 77 la cifra oficial de masacres registradas en Colombia en lo que va de 2026, según los reportes y el monitoreo continuo emitido por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La zona del oriente del Cauca donde ocurrió el crimen ha sido calificada históricamente y de forma reciente como un corredor de alto riesgo para la población civil y los viajeros. La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre la vulnerabilidad de la región mediante la Alerta Temprana (AT) 024/23 y el informe de seguimiento 009/26.

Dichos documentos institucionales señalan que en el municipio de Silvia existen riesgos latentes para las comunidades indígenas de los resguardos de Tumburao, Quichaya, La Gaitana, Pitayó y Quizgó, así como para los habitantes del corregimiento de Usenda. Esta situación crítica es el resultado directo de los violentos enfrentamientos y disputas por el control territorial que sostienen actores armados ilegales como el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA) y la guerrilla del ELN.

Además, en la zona convergen estructuras del Frente Dagoberto Ramos, del ELN y diversas bandas locales que buscan afianzar su presencia estratégica e imponer el terror entre los habitantes del sector.

Ante la gravedad del ataque contra estos tres deportistas, la comunidad local y defensores de derechos humanos han exigido respuestas inmediatas a las autoridades.

Una de las víctimas fue identificada como Rodrigo Amortegui, propietario de una ferretería en la ciudad de Popayán. Las labores de verificación de las identidades de las otras víctimas mortales continúan por parte de la Fiscalía General de la Nación y organismos judiciales.

Por su parte, la Tercera División del Ejército Colombiano, unidad militar a cargo de la jurisdicción en esta zona del Cauca, despliega operativos de control e inspección en la vía entre Totoró y Silvia para dar con el paradero de los responsables y garantizar la movilidad de los campesinos y deportistas que transitan habitualmente por esta arteria vial.

El crimen se perpetró el 30 de julio de 2026 en el sector de Miraflores, sobre la carretera que comunica los municipios de Totoró y Silvia.

En la zona actúan el Frente Dagoberto Ramos, el ELN, el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas y diversas bandas criminales locales.