Más de 72 horas han pasado desde que inició el paro armado anunciado por el Frente de Guerra Occidental del ELN en buena parte del sur del departamento de Chocó, y la situación es cada vez más crítica. Más de 50 mil personas pertenecientes a comunidades indígenas y afro, están confinadas y en riesgo inminente de desabastecimiento.
El panorama humanitario es preocupante, no solo por las acciones violentas de los criminales, sino por las amenazas de desbordamiento del río San Juan a causa de la temporada de lluvias.
Según la Defensoría, al menos 85 comunidades están siendo doblemente afectadas, padeciendo las consecuencias de una interminable guerra y el saqueo de su territorio y recursos naturales. Lo que es aún más grave, es la ausencia de medidas de fondo para liberar a las comunidades del dominio de los actores armados. Allí, los elenos están en guerra con los criminales del Clan del Golfo por el control del territorio.
“La limitación del acceso a los servicios esenciales como alimentación, salud, educación agravan el lamentable panorama. Los hechos ponen en riesgo y amenazan el ejercicio de derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales de los pueblos étnicos, toda vez que las personas están siendo expuestas a reiterados eventos de confinamiento”, dijo el defensor del Pueblo, Julio Balanta Mina.
En la actualidad el paro armado afecta a los pobladores que habitan en inmediaciones de los ríos San Juan, Sipí y Cajón y a las comunidades indígenas de los resguardos Sanandocito (Sipí), Unión Wounán, Puadó, Mataré, La Lerma, Macedonia (Medio San Juan), Unión Chocó-San Cristóbal, Puadó-Mataré-La Lerma (Istmina), Docordó-Balsalito, Santa María de Pangala, Río Taparal, Tiosidilio, Togoroma, Buena Vista, Río Pichimá, Chagpien, Chagpien Tordó, así como de quienes forman parte de los consejos comunitarios del San Juan-Acadesan y Mayor de Nóvita-Cocoman.
