Ante un juez de control de garantías fueron presentados seis integrantes de la Policía Nacional señalados de apoderarse de cargamentos de estupefacientes que almacenaban en inmuebles de Magdalena, especialmente en Santa Marta, y luego vendían a bandas criminales.
Los elementos de prueba recolectados por la Fiscalía dan cuenta cómo los uniformados, aprovechándose de su cargo y sus funciones, alteraban los sistemas de identificación, ingresaban con armas de fuego e intimidaban con una supuesta orden judicial y luego se llevaban los cargamentos de la droga, utilizaban vehículos oficiales para trasladar las sustancias y luego venderlas a una estructura delincuencial.
Por estos hechos, autoridades iniciaron las labores de captura para encontrar a los funcionarios involucrados en varias diligencias realizadas en Medellín y Santa Marta.
Los investigados son los intendentes Gabriel Ochoa Arias y Arlinzon Córdoba; y los patrulleros Eduardo Ochoa Arias, Larry William Berg González, Víctor Alfonso Acevedo Rodríguez y Sammy Joel Palacio Mendoza.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó, de acuerdo con su posible participación, “los delitos de falsedad marcaría, utilización ilegal de uniformes e insignias, peculado por uso, violación en habitación ajena por servidor público, abuso de autoridad por omisión de denuncia, abuso de función pública, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, receptación; y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos”, de acuerdo con el comunicado oficial del ente acusador.
Aunque los cargos no fueron aceptados, un juez de control de garantías ordenó que los seis uniformados involucrados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
