Indignación en todo el país ha desatado el aberrante acto de odio protagonizado por el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien lleno de rabia botó a la basura unas botas pintadas como símbolo de protesta de las Madres de Soacha contra los llamados falsos positivos.

Las Madres de Soacha dieron a conocer que interpondrán una denuncia penal contra el representante Polo Polo. Todo comenzó con un video que hizo el congresista cuando decidió botar a la basura una obra de este colectivo de mujeres que pusieron en el Capitolio Nacional.

Las Madres de Soacha pintaron 6.402 botas como homenaje a sus hijos que fueron asesinados en las ejecuciones extrajudiciales o más conocidos como ‘falsos positivos’. Sin embargo, Polo Polo grabó un video en el que botó a la basura estas botas. “Esas botas tienen que ir a donde pertenecen, al canasto de la basura”, comentó Polo Polo en un video que se viralizó en redes sociales.

Este acto generó indignación, pero fueron las Madres de Soacha que se pronunciaron y pidieron una investigación a la Comisión Disciplinaria del congreso por este hecho que hizo el representante.

También, a través de un video, las Madres explicaron la importancia de su obra de arte y homenaje a las víctimas que dejaron los 6.402 falsos positivos en el país.

“Para algunos ignorantes de Colombia que no saben qué es el significado de estas botas, que es de las 6.402 víctimas de falsos positivos de Colombia, no solamente de Soacha y Bogotá, queremos decirle, que qué tristeza que ustedes hagan esto de botar botas en un basurero, cuando no son basura. Estos fueron nuestros hijos, nuestros seres queridos a los cuales mató el Estado”, comentó una de las mujeres integrantes del colectivo. También aseguraron que este acto fue una falta de respeto con las víctimas de toda Colombia.

“Firmaremos denuncia penal y queja disciplinaria contra el señor @MiguelPoloP Esto apenas comienza. No permitiremos que nadie más se burle de nuestro dolor y el de más de 6,402 víctimas de los mal llamados falsos positivos”, dieron a conocer las Madres de Soacha a través de redes sociales.

Ante este acto desdeñable contra las madres y víctimas de este crimen de Estado, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que igualmente presentará una denuncia penal contra el representante Polo Polo por los delitos de hostigamiento y actos de discriminación agravados.

En el marco de la investigación por la presunta corrupción en el Congreso con recursos arañados irregularmente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este martes la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria formal cinco congresistas y un exrepresentante.

Se trata de los senadores Liliana Bitar Castilla (Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), así como los representantes Wadith Alberto Manzur (Partido Conservador), Julián Peinado (Partido Liberal) y Karen Astrith Manrique (curul de víctimas). A ellos se suma el exrepresentante Juan Diego Múñoz (Partido Conservador).

La Sala de Instrucción de la Corte anunció que los investigará formalmente por el presunto delito de cohecho impropio. Por ello, serán citados a diligencia de indagatoria.

De acuerdo con la alta corte, los investigados participaron en presuntos acuerdos ilegales para aprobar proyectos y eventuales contrataciones en la Unidad. Lo anterior, tras analizar más de 50 pruebas documentales obtenidas con órdenes de policía judicial y más de 10 pruebas testimoniales.

“Esto permitió construir una hipótesis, según la cual los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD”, explicó la Corte Suprema.

Según el tribunal, a cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los congresistas supuestamente habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD, en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar).

“En los últimos 18 días del periodo de sesiones del año pasado, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, en la CICP se emitieron 13 de los 18 conceptos que, en total, el Ministerio de Hacienda presentó a consideración de los miembros de esa comisión durante el 2023”, agregó la Corte.

Por estos hechos hay una investigación preliminar contra el senador Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de La U). En su caso, la Sala consideró que las supuestas irregularidades de las que se lo señala corresponden a situaciones distintas a las que se investigan en este momento.

“Por tratarse de hechos distintos, se decidió enviar a reparto lo correspondiente al aforado Chagüi Flórez, para que, en otro radicado, se asigne un magistrado para que conozca de tales señalamientos”, concluyó la Corte.

La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 10 años al excanciller Álvaro Leyva, tras hallarlo responsable de incurrir en faltas gravísimas cuando, en 2023, revocó licitación para la expedición de pasaportes, argumentando irregularidades en el proceso.

“La conducta del ministro Leiva Durán, evidenció un actuar contrario a las reglas y principios que rigen los procesos de la selección contractual, determinándose a declarar desierta licitación pública de pasaportes cuando conoció que existía un oferente habilitado para la publicación, situación que generó un proceso y desgaste administrativo que como máximo jerarca de la cancillería públicamente desconoció las calidades del proponente calificado y puso en riesgo los derechos de los connacionales, contrario a sus deberes funcionales que le obligaban a desempeñarse como un gerente público que diera ejemplo de responsabilidad, eficiencia, eficacia en el cumplimiento de su gestión”, se lee en el fallo de sanción.

La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 10 años al excanciller Álvaro Leyva, tras hallarlo responsable de incurrir en faltas gravísimas cuando, en 2023, revocó licitación para la expedición de pasaportes, argumentando irregularidades en el proceso.

“El ministro de Relaciones Exteriores, optó por declarar desierta la solicitación bajo el argumento que se trató de un proceso con un único oferente, lo cual carece de fundamento legal si se tiene que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe un veto para que se adjudique el contrato al único oferente en las licitaciones públicas. A su vez, el disciplinado tuvo la oportunidad de corregir ese error, que en su sentido impedía la selección objetiva del contratista. Sin embargo, esperó hasta el informe final de la evaluación para declarar desierta la solicitación”, añade el fallo.

En ese sentido, el órgano de control confirmó que Leyva Durán incurrió en falta gravísima a título de dolo al desconocer con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal.

Esta decisión representa un duro golpe al presidente Gustavo Petro, pues Leyva Durán no solo es uno de sus colaboradores más cercanos y experimentados en política exterior, sino que, además, es el primer exfuncionario de su Gobierno en recibir una sanción de tal magnitud. La medida genera un precedente en la administración Petro, subrayando los desafíos y tensiones que enfrenta en el ámbito de transparencia y gestión pública.