*El intendente llevaba 19 años en la Policía y tenía un hijo de 10 años.

El operativo para ubicar a los responsables de un triple homicidio terminó con la muerte de un integrante de la Policía Judicial en el sur de Bogotá. El intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, de 39 años, fue impactado con arma de fuego durante un intercambio de disparos en el barrio Divino Niño, en la localidad de Ciudad Bolívar.

El agente hacía parte de un grupo de la Sijín que adelantaba labores para identificar y localizar a los responsables del asesinato de tres personas ocurrido horas antes en la misma localidad. Tras resultar herido, sus compañeros lo trasladaron al Hospital de Meissen, donde posteriormente falleció.

Según explicó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, los tres homicidios iniciales estarían relacionados con disputas por el tráfico de estupefacientes en el sector conocido como la invasión La Carbonera.

Mientras los investigadores adelantaban las verificaciones para encontrar a los responsables, llegaron hasta un punto donde se encontraron de frente con varios de los presuntos delincuentes. En ese momento se produjo un intercambio de disparos. Pinilla Cárdenas recibió un impacto de bala en el rostro y quedó gravemente herido.

El intendente llevaba 19 años en la Policía, tenía un hijo de 10 años y se encontraba realizando labores propias de su unidad de investigación cuando ocurrió el ataque. Después del enfrentamiento, la Policía desplegó un operativo con unidades de la Sijín, Sipol y diferentes cuadrantes para localizar a los responsables.

De acuerdo con el general Cristancho, tres personas fueron capturadas y se incautaron tres armas de fuego que ahora son sometidas a las respectivas investigaciones.

Las autoridades buscan establecer si los detenidos participaron en el ataque contra el intendente y si también estarían relacionados con el triple homicidio ocurrido horas antes.

*La Sala Especial de Instrucción busca establecer si los recursos fueron recibidos en cuentas personales y cuál habría sido su destino.

La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el representante a la Cámara Óscar Benavides, del Movimiento Libres, por el delito de peculado por apropiación, debido a presuntas irregularidades en la recolección de ayudas económicas destinadas a los damnificados por el terremoto en Chocó.

La denuncia señala que las donaciones solicitadas a ciudadanos estarían siendo recibidas en cuentas bancarias personales del congresista, situación que ahora será revisada por el alto tribunal.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema busca establecer qué ocurrió con los recursos, cuánto dinero habría sido recibido y cuál fue el destino de las ayudas.

Para avanzar en el proceso de verificación, el congresista será citado a versión libre, una diligencia en la que podrá explicar su actuación, responder a los señalamientos y entregar la información que considere necesaria.

La indagación está relacionada con los posibles delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública. El primero se refiere, de manera general, a recibir dinero de varias personas de forma repetida sin cumplir con las condiciones legales para hacerlo, mientras que el segundo consiste en ejercer funciones que corresponden a una autoridad o cargo público sin estar autorizado para ello.

El congresista Óscar David Benavides Angulo es abogado, líder social y político de Tumaco, Nariño, y llegó a la Cámara de Representantes para el periodo legislativo iniciado en 2026. Es representante por la circunscripción especial de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pertenece al Movimiento Libres.

Por ahora, la apertura de la indagación no significa que la Corte haya determinado que Benavides sea responsable de algún delito. Se trata de una etapa inicial en la que el alto tribunal recopilará información para determinar qué sucedió con las donaciones y si existen elementos que permitan avanzar en una investigación más formal.

*Esta decisión se adoptó por la competencia que tiene Álvaro Uribe por el fuero presidencial pero la Fiscalía definirá si lo acepta o no y posteriormente, la Corte Constitucional definirá el conflicto de competencias.

El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja; el crimen de Jesús María Valle, y por la presunta conformación del bloque Metro en la Hacienda Guacharacas, pasaría a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por la competencia que tiene por el fuero presidencial.

En ese sentido, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes decidió, por unanimidad, acceder a la solicitud de la defensa del exmandatario, encabezada por el reconocido penalista Jaime Granados, para pedirle a la Fiscalía General de la Nación que, por competencia, entregue el expediente, teniendo en cuenta el fuero presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

“Lo anterior sustentado en la hipótesis investigativa relacionada con la presunta participación de ÁLVARO URIBE VÉLEZ en el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO por hechos ocurridos junto al grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como Bloque Metro, en donde el mencionado habría facilitado y promovido el accionar de esta organización, argumentándose que ÁLVARO URIBE VÉLEZ ejerció como Presidente de la República desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras que la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO el año 2003”, se argumenta en el oficio firmado por el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Cuenca Chaux.

En el oficio se agrega que, atendiendo a la competencia, se adoptó la decisión “en consecuencia, atendiendo al carácter permanente del CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, así como al momento en que habría cesado la supuesta actividad delictiva para el año 2003, existiría una razón objetiva para que esta comisión asuma conocimiento como juez natural de los hechos que eventualmente se hubieren desarrollado durante el periodo de tiempo en el que ÁLVARO URIBE VÉLEZ fungió como Presidente de la República”.

Igualmente, el representante a la Cámara Cuenca señaló en el oficio dirigido a la fiscal Camargo:

“De no acceder su despacho a esta solicitud, se requiere para que, previa respuesta a esta Comisión, se remita el expediente objeto de colisión de competencia a la Sala Plena de la Corte Constitucional con el fin de dirimir de plano la colisión, según lo normado en el Artículo 95 de la Ley 600 del 2000 y el Artículo 241, numeral 11 de la Constitución Política”.

El abogado Jaime Granados señaló que, en caso de que la fiscal Camargo no esté de acuerdo con la solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, será la Sala Plena de la Corte Constitucional la que deberá definir la competencia y tendrá la última palabra.

Entre tanto, la petición de la defensa está siendo analizada por la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Si la funcionaria argumenta que sí tiene y mantiene la competencia, será la Sala Plena de la Corte Constitucional la que deberá resolver la colisión de competencias.