Cientos de personas se reunieron hace varios días ante un centro de detención conocido como Zona 7 en Caracas, la capital venezolana, apiñadas en torno a listas de presos, mientras se aferraban a bolsas de plástico llenas de comida que habían preparado para los reclusos que se encontraban dentro.
Ansiosos por obtener información sobre sus seres queridos detenidos, muchos contaron historias notablemente similares de hijos, hijas y hermanos arrestados cuando iban en moto, volvían a casa del trabajo, salían de una panadería o pasaban por casa de un familiar en los días posteriores a las controvertidas elecciones presidenciales de Venezuela.
Describieron detenciones tanto generalizadas como selectivas. Y a nadie se le había comunicado qué cargos penales enfrentaban sus familiares. El gobierno venezolano ha montado una furiosa campaña contra cualquiera que cuestione los resultados declarados de la votación, desatando una ola de represión que, según los grupos de derechos humanos, no se parece a nada que el país haya visto en las últimas décadas.
“Llevo muchos años documentando violaciones de derechos humanos en Venezuela y he visto patrones de represión antes”, dijo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de defensa e investigación. “No creo haber visto nunca esta ferocidad”.
El presidente autocrático del país, Nicolás Maduro, se atribuyó la victoria en las elecciones del 28 de julio, pero el gobierno aún no ha facilitado ningún recuento de votos que respalde su anuncio. La oposición, por su parte, ha hecho públicos los resultados, que muestran que su candidato ha ganado de forma aplastante.
Ahora, según los expertos, Maduro, tras haber sido aparentemente repudiado por la mayoría de sus electores, está empeñado en castigar a quienes considera desleales.
María Vázquez, de 62 años, una vendedora ambulante de Caracas, dijo que su hijo agarró una bandera y “participó en un cacerolazo” pero que no creía que lo condenaran por eso. Vázquez apoya al gobierno e instó a su hijo a no protestar. “Es preocupante”. El gobierno venezolano afirma haber detenido a más de 2000 personas por participar en protestas contra los resultados electorales.
Según las entrevistas con familiares y activistas de derechos humanos que documentaron las detenciones, estas se produjeron tanto en redadas indiscriminadas, en medio de las protestas, como posteriormente en detenciones selectivas en domicilios, cuando el gobierno puso en marcha lo que denominó “Operación Tun Tun”.
El aumento de las detenciones es especialmente alarmante, según los grupos de derechos humanos, porque algunos arrestos se produjeron después de que el presidente instara a sus partidarios a denunciar a sus vecinos a través de una aplicación gubernamental que se suponía que debía utilizarse para informar de problemas como la caída de líneas eléctricas.
“¡Máximo castigo! ¡Justicia!”, dijo Maduro en un mitin el sábado pasado. “¡Esta vez no va a haber perdón!”. El resultado ha sido una agresiva represión de la disidencia destinada a silenciar a cualquiera que se atreva a cuestionar los resultados de las elecciones, dijeron los activistas de derechos humanos.
Al menos dos abogados de derechos humanos están en la cárcel, entre ellos uno que fue detenido cuando fue a solicitar información por otros detenidos. A otra activista se la llevaron del aeropuerto de Maiquetía cuando intentaba salir del país.
Cuando las autoridades se presentaron en el domicilio de María Oropeza, una dirigente del partido de la oposición en Portuguesa, al suroeste de Caracas, ella lo transmitió en directo. “Creo que primero deberías mostrarme si tienes una orden de allanamiento, ¿no?”, se le oye decirle a un agente de policía. “Porque este es mi hogar, una propiedad privada”.
Jordan Sifuentes, alcalde del municipio Mejía, el único alcalde de la oposición en el estado de Sucre, en el noreste de Venezuela, lleva una semana detenido por cargos desconocidos. El alcalde del municipio Lagunillas, en el estado de Zulia, José Mosquera, estuvo detenido seis días tras ser acusado de publicar un tuit contra el gobierno, algo que él había negado.
