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Olmedo López no pudo probar en la Corte que recibió órdenes del ministro Bonilla y de Carlos Ramón González

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En medio del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se han revelado detalles sobre un complejo esquema de corrupción que involucra contratos multimillonarios y apoyo parlamentario.

Durante una investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo López, exdirector de la Ungrd, implicó a altos funcionarios del Gobierno en este entramado.

Sin embargo, luego del interrogatorio en la Corte Suprema que duró alrededor de doce horas, fuentes de la Corte le confirmaron a La W que Olmedo López no pudo probar que recibió órdenes del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ni de la Dirección Nacional de Inteligencia, en cabeza de Carlos Ramón Gonzalez.

En su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, según La W, no consiguió acreditar que las directrices que siguió provinieran del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Director General de Inteligencia, Carlos Ramón González.

En el extenso testimonio, López mantuvo las mismas afirmaciones presentadas previamente ante la Fiscalía General de la Nación, según las cuales había actuado bajo las instrucciones de Bonilla y González.

A pesar de ello, La W mantiene que sus fuentes indicaron que no se pudo verificar en la Corte que González respondiera a las llamadas hechas desde la presidencia ni que asistiera a las reuniones convocadas. Este detalle sembró dudas sobre la veracidad de las aseveraciones de López y sobre el papel de González en el supuesto esquema de corrupción, de acuerdo a las versiones de La W.

Jaime Lombana, abogado defensor del congresista Iván Name, expresó desacuerdo y alegó que Olmedo López se había contradicho en varias ocasiones.

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Tres meses después del terremoto, damnificados en Manizales siguen esperando respuestas

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*Los afectados por el sismo no saben qué va a pasar con sus viviendas.

A Jorge Iván Hurtado el silencio es lo que más le recuerda el gran terremoto del 10 agosto, a tres meses de la tragedia, cuando las autoridades aún no le han comunicado si podrá regresar a su vivienda o habrá que derribarla por seguridad.

Desde el terremoto de magnitud 7,4, que dejó al menos 335 muertos en Colombia, Hurtado permanece a la espera de que las autoridades locales evalúen si el edificio “debe demolerse o puede repararse”, tal y como explica a EFE este habitante de Manizales, de 61 años.

En el silencio del apartamento, sus pertenencias -las camas, el sofá, la nevera- permanecen cubiertas del polvo por los cascotes del sismo, que marcó las paredes con profundas grietas.

Hurtado acababa de comprarlo y aún no había entrado a vivir. Se encuentra en el edificio Escalinata del barrio de Milán, uno de los más afectados por el temblor en Manizales, ciudad con unas 22.000 familias se vieron damnificadas y sesenta edificios quedaron totalmente colapsados.

La lista de inmuebles en la urbe con orden de demolición asciende a quince, ocho de ellos en el barrio de Milán, después de que la alcaldía -tras la correspondiente evaluación- añadiera otros dos a finales de octubre.

El hasta hace unos días secretario de Planeación de Caldas, Carlos García Guerrero, explicó a EFE que muchas edificaciones de la zona están siendo objeto de «un estudio de vulnerabilidad» tras el hecho.

El análisis técnico para determinar si hace falta una demolición o basta con una reforma estructural puede demorarse «de dos a tres meses», agregó.

Humberto Hurtado, uno de los ingenieros civiles privados contratados para estos estudios, explica que «el proceso es lento» porque el análisis es pormenorizado y posteriormente hace falta una «autorización municipal mediante resolución».

Sin embargo, considera que hasta el momento «ha habido poca ejecución en la demolición de los edificios» y que la situación en el barrio Milán apenas ha cambiado desde los días posteriores al terremoto.

Perder casi todo

La espera genera gran incertidumbre y desazón entre los afectados, que sin decisión oficial no pueden pasar la página de la tragedia, para bien o para mal.

Hurtado sigue pendiente de saber si perdió todo el dinero que invirtió en una vivienda en la que no llegó a vivir. A eso se suma la muerte de su madre, de 92 años, apenas dos semanas después del sismo, en su opinión a causa del estrés que le generó el terremoto.

Milán está lleno de estas historias. Otra de ellas es la de Claudia Leguimazón, residente y propietaria de un apartamento en Los Árboles, un edificio con orden de demolición.

«Voy a perder por completo el apartamento, y eso es muy duro», sentencia entre lágrimas, aunque espera contar con las ayudas de la alcaldía -300.000 pesos mensuales por hasta seis meses- y las de su seguro.

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Extinción de dominio a 83 bienes del ELN avaluados en $36.310 millones

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*Los bienes estaban distribuidos en Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y Norte de Santander.

La Policía Nacional, la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ejecutaron medidas de extinción de dominio sobre 83 bienes del ELN avaluados en $36.310 millones.

El Presidente Abelardo De La Espriella afirmó que estaban bajo el poder del Frente Camilo Torres Restrepo.

Son seis apartamentos, ocho fincas, ocho vehículos, tres establecimientos comerciales, tres parqueaderos, dos sociedades, una casa, un hotel, un lote y 50 semovientes.

Los bienes estaban distribuidos en Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y Norte de Santander.

«Esta organización, cuyos cabecillas alias ‘Wilson’; alias ‘Cantante’ y alias ‘José’, ya habían sido capturados, utilizaba predios rurales en Teorama para producir cocaína, enviarla a Centroamérica por el puerto de Cartagena y distribuirla en ciudades como Bogotá y Medellín», sostuvo De La Espriella.

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Grave accidente de tránsito en la vía Cali-Buenaventura: tres muertos, entre ellos una menor

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*El choque entre un bus de servicio público y una niñera dejó además cuatro personas heridas. La vía permanece cerrada.

Tres personas muertas, entre ellas una niña, y cuatro personas remitidas al hospital de Dagua es el balance preliminar del grave accidente de tránsito registrado en la vía Buga–Buenaventura, a la altura del túnel número 6, en el sector de El Naranjo.

El siniestro involucró a un bus de servicio público que había salido de Buenaventura con destino a Cali y una niñera que se desplazaba en sentido contrario, hacia Buenaventura. La fuerte colisión dejó el bus prácticamente destruido.

De acuerdo con la información preliminar, entre las tres víctimas mortales se encuentra una menor de edad. Entretanto, otras cuatro personas fueron trasladadas al hospital de Dagua para recibir atención médica, tras resultar heridas en el accidente.

La Terminal de Transportes de Buenaventura confirmó que el bus había salido de esa ciudad con seis pasajeros registrados. Sin embargo, el número de ocupantes pudo aumentar durante el recorrido, debido a que estos vehículos pueden recoger pasajeros en diferentes puntos de la carretera.

El accidente ocurrió en el kilómetro 55 de este corredor vial, donde las autoridades reportaron el cierre total de la carretera mientras se adelantan las labores de atención de la emergencia.

Por ahora, las circunstancias que provocaron la colisión son materia de investigación.

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