*Tras ser ubicado y expulsado del país en el que evadía la acción de la justicia, regresó a Colombia y fue judicializado por fuga de presos.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez promiscuo de Florida (Valle del Cauca) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, señalado cabecilla de una estructura delincuencial que escapó de un resguardo indígena donde cumplía una condena de más de 38 años de prisión. Esta persona fue sentenciada por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

Posteriormente, en septiembre de 2024, habría adquirido certificaciones étnicas para hacerse pasar como integrante de una comunidad ancestral. De esta manera, al parecer, logró que un juzgado de ejecución de penas de Palmira ordenara su traslado desde la cárcel de Villahermosa en Cali hacia el resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en Florida (Valle del Cauca).

De este lugar presuntamente se escapó para evadir la acción de la justicia. El pasado 9 de septiembre, fue ubicado en Panamá en atención a una notificación roja de Interpol. El 29 de octubre fue expulsado de ese país y retornó a Colombia, donde se hizo efectiva una nueva orden de captura en su contra.

Un fiscal especializado de la Seccional Cali lo presentó en audiencias concentradas y le imputó el delito de fuga de presos, cargo que no fue aceptado. El procesado, además de la medida privativa de la libertad impuesta, quedó a disposición de un juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para garantizar el cumplimiento de la condena impuesta.

*Este grupo surgió de la unión de dos antiguas estructuras delincuenciales que buscaban asumir el control ilícito en varias localidades mediante la ejecución de homicidios y desapariciones forzadas. Se le atribuye la ejecución de ocho asesinatos.

Dos grupos delincuenciales que antes se disputaban las rentas del tráfico de estupefacientes habrían consolidado una alianza criminal que, con el nombre ‘Puentes II’, generó una ola de violencia que dejó en un año ocho personas muertas y una más desaparecida en Rafael Uribe Uribe y otras localidades del sur de Bogotá.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación indica que ‘El Mesa o Paisas’, una estructura ilegal originaria del Valle de Aburrá, en Antioquia, y ‘Los del Compa o El Viejo’ se unieron en 2018 y organizaron dos componentes: uno dedicado a almacenar y distribuir bazuco, marihuana y cocaína, y otro encargado de ejecutar ataques sicariales para dominar los puntos de expendio y atemorizar a la ciudadanía. Sus actividades se concentrarían en los barrios Puentes, La Torre, La Finca, El Portal y El Valle.

En estos sectores algunos de sus integrantes administraban la venta de estupefacientes al menudeo en entornos académicos, parques y lugares de alta concurrencia, instrumentalizando a menores de edad para evadir las acciones de las autoridades; y otros vigilaban, coordinaban la logística o participaban en ataques armados con armas de fuego.

Entre los hechos delictivos conocidos está la desaparición de un hombre en octubre de 2024. La víctima fue citada porque supuestamente conocía la ubicación de varias dosis de sustancias ilícitas que estaban pérdidas y desde entonces se desconoce su paradero. También está documentado el asesinato de una mujer en el barrio Diana Turbay, el pasado 1 de febrero.

A este caso se suman la muerte de un joven, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona boscosa del sector conocido como San Martín, en abril; un doble homicidio en Molinos ese mismo mes; y el crimen de un taxista, en agosto. En diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá fueron capturados o notificados en centros carcelarios 33 personas que harían parte de ‘Puentes II’.

Entre ellas está José Orlando Lancheros Ramírez, alias El Compa o El Viejo, quien ya fue condenado y es señalado como uno de los cabecillas y determinadores de varios homicidios; Alejandro Giraldo Arango, alias Vives; Juan Pablo Quintero Cardona, alias Largo; Nelson Mauricio Henao Sossa, alias Gory; y Jonier Humberto Tangarife Rodas, alias El Mono, quien sería la mano derecha de El Compa. Fiscales de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá presentaron a los presuntos integrantes del grupo delincuencial ante jueces de control de garantías y les imputaron, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los procesados no aceptaron los cargos.

Este resultado es producto del modelo estratégico de investigación de la Fiscalía, orientado a identificar y afectar estructuralmente las organizaciones delincuenciales que más inciden en la seguridad y la convivencia en las ciudades. A través de labores investigativas articuladas, análisis criminal y asociación de casos, se avanzó en la identificación de los involucrados, sus dinámicas delictivas y los mecanismos utilizados para el tráfico local de sustancias ilícitas y la ejecución de homicidios.

*La investigación identificó un posible detrimento de 499 millones de pesos. Bogotá.

Un proyecto financiado con recursos de regalías para construir 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas de Ataco (Tolima) dejó al descubierto un presunto entramado de corrupción que direccionó dos contratos de obra y dos de interventoría por 21.550 millones de pesos. Las obras siguen sin terminar en este municipio, afectado durante décadas por la violencia e incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Las evidencias recopiladas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de la posible participación de funcionarios de la alcaldía municipal, un exmandatario local y contratistas. Entre las presuntas implicadas está Adriyojana Lugo Camacho, quien hasta hace un mes fue secretaria de Planeación e Infraestructura.

Esta persona habría elaborado los estudios previos de las dos interventorías para favorecer a un único proponente y participado en el comité evaluador que recomendó adjudicárselas por 1.061 millones de pesos. Adicionalmente, como supervisora, es señalada de permitir la ejecución de obras sin acompañamiento de la interventoría.

También avaló un acta de suspensión contractual en agosto de 2024, que aparecía firmada por el representante de la firma interventora, que nunca acudió a la reunión en la que se suscribió el documento. Las actuaciones irregulares detectadas terminaron por ocasionar un detrimento patrimonial de 499 millones de pesos, correspondiente a los recursos girados.

Lugo Camacho fue capturada luego de presentarse ante la Sijin de la Policía Nacional en Neiva (Huila), después de conocer de la existencia de una orden judicial en su contra. Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

La procesada no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia, decisión que fue apelada por la Fiscalía. Este avance investigativo es resultados de la estrategia definida por el Grupo de Tareas Especiales conformado para identificar y judicializar a los presuntos responsables de la desviación y apropiación de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) destinados para cubrir el desarrollo de proyectos sociales y de infraestructura en las regiones.