*La cifra de heridos aumentó a 4.600 y la de rescatados se mantuvo en 364.

El Gobierno elevó este viernes a 329 el número de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que cifra en 247 las personas que permanecen desaparecidas.

La entidad detalló que la cifra de heridos aumentó a 4.600 y la de rescatados se mantuvo en 364.

El terremoto deja además 154.014 familias afectadas, integradas por 314.751 personas, en 481 municipios de 16 de los 32 departamentos del país.

El número de viviendas averiadas asciende a 171.273, mientras que otras 31.183 fueron destruidas y 553 edificios colapsaron, principalmente en Cali y Pereira, las dos ciudades más afectadas por el sismo.

También fueron registrados daños en 367 centros de salud, 3.710 centros educativos, 5.584 centros comunitarios y 427 carreteras.

En cuanto a los animales, la UNGRD contabiliza 1.259 rescatados y 3.182 heridos.

El terremoto, el más fuerte sufrido por Colombia en este cuarto de siglo, tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y afectó especialmente también a Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

*Hay 13 municipios afectados, cuatro con alerta roja. Se declaró la calamidad pública por esta emergencia.

Los incendios en el departamento del Tolima ya han consumido más de 20.000 hectáreas de bosque y cultivos en al menos 13 municipios, de los cuales cuatro se encuentran en alerta roja, informaron este viernes las autoridades.

«El daño ambiental y el daño en el sector agropecuario ha sido muy grande. Ya vamos por más de 20.000 hectáreas que han sido consumidas por los incendios que hemos tenido en el departamento, afectándose cultivos que quedaron totalmente arrasados», declaró a Blu Radio la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.

El ministerio del Interior, Rodrigo Lara, detalló que más de 150 bomberos llegaron hasta el departamento para atender la emergencia provocada por los 11 incendios que permanecen activos, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los municipios afectados por el fuego son Mariquita, Armero Guayabal, Alvarado, Carmen de Apicalá, Suárez, San Luis, Coyaima, Ortega, Chaparral, Rovira y Villahermosa.

La Escuela Nacional de Entrenamiento Policial (Cenop) de San Luis emitió una alerta ante la cercanía de las llamas, que ya causaron la destrucción de flora y fauna en los alrededores de la infraestructura.

«Están llegando más refuerzos, brigadas del (vecino departamento del) Valle del Cauca y contamos con un gran apoyo de Fuerza Aérea, Policía y UNGRD. El terreno dificulta el uso de herramientas. Los bomberos requieren más equipos para el combate efectivo de estos incendios», afirmó Lara en un video publicado por su despacho.

La temperatura en el departamento ha alcanzado los 40,8 grados centígrados, en especial en los municipios más afectados por las llamas, algunas de las cuales se extendieron hasta por siete kilómetros.

Varios empresarios de la región se unieron para contratar el servicio de un helicóptero que ayude a sofocar el fuego, ya que muchos perdieron cultivos de plátano, café y aguacate, al igual que los ganaderos que suman más de 18.000 reses afectadas por la falta de pastizales.

Los incendios en el Tolima comenzaron los primeros días de agosto, por lo que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo declaró la semana pasada el estado de «calamidad pública» ante el incremento del fuego.

La defensa del páramo de Santurbán vuelve a escalar de escenario. El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo anunció ocho acciones jurídicas y ciudadanas contra recientes decisiones del Gobierno Nacional que, según la organización, debilitan la protección ambiental de este territorio estratégico para el abastecimiento de agua de Santander y otras regiones.

Una de las principales acciones será la presentación de una solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo de Santander, con la que el Comité busca suspender las medidas que considera lesivas para Santurbán mientras avanza la discusión judicial. La organización también puso en marcha la campaña #FirmoPorSanturbán, con la intención de sumar respaldo ciudadano a la batalla jurídica.

El Comité además anunció una recusación contra el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, argumentando que algunas de sus actuaciones y pronunciamientos evidenciarían, a juicio de la organización, una falta de imparcialidad frente a Aris Mining y su proyecto minero “Soto Norte”.

El señalamiento plantea un fuerte cuestionamiento al papel que está desempeñando el Gobierno en una discusión que durante años ha enfrentado la defensa del agua con los intereses de la actividad minera.

Otro de los reclamos es la reapertura inmediata de la consulta pública relacionada con la resolución que fue revocada. Para el Comité, la salida no debe ser desmontar las medidas de protección ambiental, sino garantizar nuevamente la participación ciudadana y mantener los mecanismos destinados a preservar las áreas estratégicas del páramo.

La organización también se declaró en asamblea permanente y convocó a organizaciones sociales, ambientales y ciudadanos a una reunión el próximo 2 de septiembre, a las 6:00 de la tarde, en la Calle 33 # 23-37 de Bucaramanga. Allí se definirían las fechas de una eventual movilización regional y nacional.

Con esta ofensiva, el conflicto alrededor de Santurbán entra nuevamente en una fase de alta tensión. El Comité asegura que acudirá simultáneamente a los escenarios jurídicos, ciudadanos y de movilización, mientras insiste en que la defensa del páramo está directamente relacionada con la protección del agua para millones de personas.

“Santurbán no se vende, se defiende”, concluyó la organización, dejando claro que la disputa por el futuro del páramo continuará ahora en los tribunales y en las calles.