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Notifican a alias «Castor» de un nuevo proceso judicial por masacre de cuatro personas en Barranquilla

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Hasta una de las celdas de la cárcel de Cómbita, Boyacá, llegaron unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional para notificar a alias ‘Castor’ de un nuevo proceso judicial en su contra por delitos relacionados con el homicidio múltiple (cuatro personas) en una tienda del barrio El Santuario, de Barranquilla. Otros tres presuntos integrantes de ‘Los Costeños’ también fueron notificados por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas.

Fue la noche del 23 de enero de 2023 cuando un grupo de personas veía un partido de futbol en un establecimiento comercial de la carrera 8. Hacia las ocho de la noche, tres sujetos llegaron al lugar. Uno de ellos, alias ‘El Gato’, estuvo observando a los incautos espectadores y, al parecer, dio la señal para que al sitio arribaran alias ‘Chicho’ y ‘Chipilin’, quienes, presuntamente, siguiendo las indicaciones de su cómplice, abrieron fuego indiscriminadamente.

El resultado de la acción sicarial fue las muertes de los cobradiarios Ronald José Zabala Sarmiento y Ever José Lezama Melgarejo; el patrullero de la Policía, Reinaldo Javier Orozco Picalúa y el estudiante de ingeniería mecánica, Hanner Andrés Guevara Correa. Así mismo, otras siete personas resultaron heridas.

INVESTIGACIÓN Y CAPTURAS

Rápidamente, la Policía Metropolitana de Barranquilla destacó un grupo investigativo que en conjunto con la Fiscalía y apoyo de la Dijin inició la investigación del caso. Se recopilaron videos de cámaras de seguridad, testimonios de fuentes humanas y se hicieron pruebas técnicas que poco a poco permitieron a los investigadores armar el rompecabezas criminal de los hechos que esa noche de enero pusieron en vilo a la ciudad.

Así fue que se estableció que alias ‘El Gato’, quien tiene cuatro anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y hurto, sería el marcador y quien señaló a las víctimas. De igual forma, se conoció que alias ‘Chipilin’ sería uno de los sicarios que disparó causando la muerte de una de las víctimas. Este sujeto tiene tres anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y violencia intrafamiliar.

Por su parte, alias ‘Chicho’, quien registra seis anotaciones por homicidio, fuga de presos y porte ilegal de armas, habría sido quien causó las otras tres muertes. Entre los dos lesionaron a siete personas.

Pero todo este hecho criminal habría sido planificado por alias ‘Castor’, máximo cabecilla de ‘Los Costeños’, quien con 33 anotaciones judiciales por homicidio, porte ilegal de armas, extorsión y concierto para delinquir, habría pretendido realizar un ajuste de cuentas por la pérdida de un dinero de las rutas de cobradiario, al parecer, ordenando Las muertes de Zabala Sarmiento y Lezama Melgarejo, y produciendo dos más por daños colaterales.

Toda la evidencia recopilada llevó a que la Fiscalía tuviera un caso sólido contra los hoy imputados, quienes ya contaban con medidas privativas de la libertad o se encontraban evadiendo a la justicia. Tal como se específicó al inicio, ‘Castor’ fue notificado en la cárcel de Cómbita, en Boyacá; ‘Chicho’, en un centro de reclusión transitoria de Barranquilla; ‘Gato’, en un cantón militar de Cúcuta, a donde lo habían enviado a prestar el servicio militar, al cual había accedido tratando de evadir las acciones investigativas. Por último, ‘Chipilin’ fue capturado en el barrio Las Malvinas, de Barranquilla.

De esta forma se esclarece este hecho criminal que causó conmoción en la ciudadanía, pero, además, se busca que los actores criminales permanezcan más tiempo en centros carcelarios y de esta forma puedan disminuir los homicidios en la ciudad.

MÁS RESULTADOS PARA LA SEGURIDAD

Además durante los últimos 20 días, la Policía Metropolitana de Barranquilla ha capturado a 60 personas por diferentes delitos, 10 de ellas por orden judicial y 50 en flagrancia. También tres imputaciones y 27 registros y allanamientos.

Además se han Incautado 33 armas de fuego, 42 cartuchos, dos proveedores, cuatro granadas, 1.193 gramos de marihuana, 307.1 kilogramos de cocaína, 27 celulares, un vehículo y 17.750.000 pesos.

La Policía Metropolitana de Barranquilla continuará desplegando acciones investigativas en el marco del Plan Caribe, en búsqueda de impactar las organizaciones delictivas dedicadas al multicrimen.

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Muere mujer al recibir una fuerte descarga eléctrica en su casa, en Candelaria, Atlántico

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Una mujer, de 52 años de edad, murió al recibir una fuerte descarga eléctrica cuando se encontraba en su vivienda, en el barrio Nueva Candelaria II, en el municipio de Candelaria, en el sur del Atlántico. La víctima fue identificada por las autoridades como Never Regina Silvera Rodríguez.

“De acuerdo con la información preliminar, la mujer fue encontrada por su esposo en una de las habitaciones de la vivienda, con aparentes lesiones ocasionadas por una descarga eléctrica. Al lugar acudió personal médico del Hospital de Candelaria, cuyos profesionales confirmaron que la ciudadana no presentaba signos vitales”, aseguró la Policía de Atlántico.

Al parecer, la mujer habría recibido la descarga cuando intentaba encender un ventilador.

“La Policía Nacional expresa sus condolencias a los familiares y allegados de la fallecida e invita a la ciudadanía a revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de sus viviendas, evitar manipular conexiones en mal estado y adoptar medidas de prevención para evitar este tipo de situaciones”, puntualizó la Policía.

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Corte Suprema de Justicia deja en firme condena contra Santiago Uribe por caso de los 12 apóstoles

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*Con esta determinación, las autoridades judiciales explicaron que ya no existen más instancias legales ni recursos ordinarios a los que pueda recurrir la defensa del procesado para intentar revocar la decisión.

La Corte Suprema de justicia deja en firme la condena de Santiago Uribe, hermano del expresidente de Álvaro Uribe Vélez, por el caso de los 12 apóstoles. Tendría que cumplir 28 años de prisión. La decisión proferida por la Sala Civil y Agraria resolvió no dar paso a la tutela interpuesta por la defensa, dejando plenamente en firme el fallo que lo responsabiliza por la conformación de estructuras paramilitares y por la comisión de homicidios en el departamento de Antioquia a finales de la década de 1990.

A través de la revisión de una tutela, la sala examinó la solicitud del equipo defensor de Santiago Uribe Vélez, el cual buscaba impugnar y tumbar la sentencia que había sido dictada previamente por la Sala Penal del tribunal. Sin embargo, la resolución ratificó el fallo en su totalidad. Con esta determinación, las autoridades judiciales explicaron que ya no existen más instancias legales ni recursos ordinarios a los que pueda recurrir la defensa del procesado para intentar revocar la decisión.

De esta forma, la condena de 28 años de cárcel adquiere carácter final y ejecutorio por orden de los magistrados de la Corte.

Los hechos por los cuales fue juzgado y hallado culpable el empresario se desarrollaron principalmente en el norte del departamento de Antioquia. Las investigaciones judiciales determinaron que Santiago Uribe Vélez participó activamente en el liderazgo y articulación de la estructura armada al margen de la ley conocida como ‘Los 12 Apóstoles’.

Dicha agrupación paramilitar ejecutó múltiples homicidios y acciones violentas bajo la modalidad de «limpieza social» en diversos municipios de la región. Por estas conductas, la justicia lo halló penalmente responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

 

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Juez mexicano acusado de supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa es detenido en Bogotá

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La Policía colombiana, en coordinación con el FBI, detuvo en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá al ciudadano mexicano Luis Benítez Alcántara, alias El Juez, quien es requerido en extradición por Estados Unidos por supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa.

Benítez Alcántara fue retenido mediante una notificación roja de Interpol cuando se disponía a abordar un vuelo de regreso a Ciudad de México, informó la Policía en un comunicado.

El mexicano, quien se desempeñaba como juez en Ciudad de México y tenía a su cargo procesos de extradición, es acusado de nueve cargos, entre ellos “conspiración para distribuir, poseer y exportar cocaína y metanfetaminas, participación en una empresa criminal, asesinato y tentativa de asesinato”.

“Las labores investigativas permitieron establecer que, entre octubre de 2024 y febrero de 2025, Benítez Alcántara se valió de su investidura como juez federal a cargo de procesos de extradición para otorgar beneficios jurídicos ilícitos a integrantes del Cártel de Sinaloa”, apuntó la Policía.

Uno de los hechos que se le atribuyen es recibir un soborno de dos millones de dólares en efectivo a cambio de conceder una fianza fraudulenta y ordenar la liberación de Ryan James Wedding, un narcotraficante canadiense que estaba detenido en Guadalajara con fines de extradición.

De acuerdo con el expediente judicial estadounidense, Benítez Alcántara negoció la operación a través de intermediarios y ordenó la excarcelación de Wedding el 24 de febrero de 2025, el mismo día en que supuestamente recibió la totalidad del dinero.

Wedding es señalado por las autoridades de ser el segundo al mando de una organización criminal transnacional y uno de los principales proveedores de cocaína hacia Canadá, con operaciones e influencia en Colombia, México y Estados Unidos.

“El seguimiento de investigación criminal determinó que Luis Benítez Alcántara arribó a la capital colombiana presuntamente con el propósito de sostener reuniones clandestinas y realizar coordinaciones con organizaciones criminales locales para el envío de cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y los Estados Unidos”, denunció el director de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria.

Tras su detención, Benítez Alcántara quedó a disposición de la Fiscalía General, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites para su extradición a Estados Unidos.

En territorio estadounidense, enfrenta una pena máxima de hasta 15 años de prisión por cada uno de los cargos que le fueron imputados.

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