El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentará un proyecto ante la Comisión Asesora de Política Criminal, con el objetivo de dotar al Estado, según él, de una herramienta investigativa estratégica y preventiva.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que, como último acto oficial al frente de esta cartera, presentará ante el Congreso el proyecto de ley estatutaria “por medio del cual se crea la Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado”.
La Comisión Asesora de Política Criminal, indica el ministro, será la encargada de iniciar el estudio técnico y jurídico del articulado, con el fin de impulsar su trámite en el legislativo.
Según explicó el Ministerio de Justicia, la iniciativa busca “fortalecer las capacidades del Estado colombiano en la lucha contra el crimen organizado” mediante la creación de una nueva dependencia especializada adscrita a la Fiscalía General de la Nación. Esta Guardia, agregó, ejercerá “funciones de investigación con enfoque estratégico y preventivo”.
El proyecto contempla que las operaciones de la Guardia de Inteligencia estén dirigidas a anticipar las actividades de investigación frente a las organizaciones criminales que delinquen en el país. Todo ello, bajo “criterios de control judicial estricto, sujeción al principio de legalidad y coordinación con los demás organismos de seguridad e inteligencia del Estado”.
El ministro Montealegre resaltó que esta propuesta permitirá que la Fiscalía cuente con una herramienta contra el narcotráfico y las redes delictivas que amenazan al país. Con su creación. “La Fiscalía General de la Nación contará con la más poderosa herramienta institucional para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, avanzando en la desarticulación de estructuras criminales mediante competencias innovadoras con enfoque preventivo”, sostuvo.
La iniciativa también incorpora controles reforzados de transparencia y supervisión democrática sobre la actividad de inteligencia, en línea con estándares internacionales. En particular, se destaca el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo vs. Colombia” (CAJAR), que ordena al país fortalecer la regulación y la vigilancia civil sobre los organismos de inteligencia y garantizar la “sujeción estricta de estas últimas a los principios de legalidad y proporcionalidad”.
