El presidente Gustavo Petro firmó la resolución que designa como gestores de paz a 18 exjefes paramilitares, algunos de los cuales se encuentran actualmente presos en cárceles de Estados Unidos. Esta decisión se enmarca en el objetivo del Gobierno de avanzar en un proceso de reconciliación y reparación, aunque ha generado controversia debido al perfil de los involucrados.

En el documento figuran los nombres de reconocidos criminales, incluyendo a Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’; Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’; y hasta los extraditados Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, y Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’.

De acuerdo con la resolución, la designación será inicialmente por seis meses, tiempo en el cual los excriminales deberán hacer aportes y presentar propuestas para el desmonte de organizaciones paramilitares.

Los nuevos gestores de paz son Ramón Isaza; Rodrigo Tovar alias, “Jorge 40”; Diego Fernando Murillo, “Don Berna”; Fredy Rendón, “El Alemán”; Héctor Buitrago Rodríguez; Ramiro ‘Cuco Vanoy’; Hernán Giraldo; Hebert Veloza; Manuel Pirabán; Carlos Mario Jiménez; Rodrigo Pérez Alzate; Edwar Cobo Téllez; Héctor Buitrago Parada; Arnubio Triana; Luis Eduardo Cifuentes; Juan Francisco Prada; José Baldomero Linares y ya nombrado, Salvatore Mancuso Macaco.

La resolución firmada por el jefe de Estado señala que el “término de designación como gestores de paz será de seis meses y sus actividades serán desarrolladas en las condiciones excepcionales, temporales y territoriales que sean definidas en el plan de gestión que se suscriba en cada caso con el Consejero Comisionado de Paz”.

La investigación se abrió por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros.

La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el senador Iván Name, y el representante a la Cámara Andrés Calle, expresidentes del Congreso en la pasada lesgislatura, por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros.

Los congresistas fueron señalados por Olmedo López y Sneyder Pinilla –testigos claves en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)– como aparentes responsables de recibir dineros de la entidad para mover la agenda legislativa del Gobierno en el Congreso.

“Como contraprestación a su gestión, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres de la unidad, Sneyder Pinilla Álvarez”, señaló la Corte en un comunicado.

La investigación que hasta ahora adelanta la Corte indica que el dinero que habrían recibido los funcionarios se destinó para la financiación de campañas para las elecciones locales y regionales del 29 de octubre de 2023.

La decisión de la Sala de Instrucción de la Corte se tomó luego de que evaluaron información que ha sido recaudada por la policía judicial, la Fiscalía y los testimonios que practicó el magistrado instructor.

“Se cumplen los requisitos para proceder a una investigación formal ante la probabilidad de que los congresistas hubieran incurrido en delitos que atentan o lesionan la administración pública”, añadió la Corte.

La Corte determinó que los congresistas deben ser citados a indagatoria y se le impartió orden a la Policía judicial para que inicie con la práctica de otras pruebas.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que no existen divisiones en el gabinete del presidente Gustavo Petro ni rupturas con la bancada del Pacto Histórico, en respuesta a los rumores sobre un posible remezón ministerial antes de finalizar 2024.

Durante una entrevista con El Espectador, el funcionario caracterizó al gobierno actual como un espacio de debate plural donde las diferencias de opinión no representan fracturas internas. Cristo enfatizó que el presidente Petro mantiene una postura receptiva ante las diversas perspectivas de su equipo.

Respecto a las especulaciones sobre tensiones con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), Cristo explicó que las discusiones se desarrollaron en un ambiente constructivo. El proyecto, que ya superó seis debates en el Congreso, representa un compromiso de campaña presidencial con gobernadores y requiere dos debates adicionales en la Cámara.

El ministro del Interior destacó que el presidente Petro intervino en las conversaciones sobre el SGP, estableciendo la necesidad de avanzar en autonomía mientras se condiciona la distribución de recursos a la ley de competencias.

Sobre su relación con el Pacto Histórico, Cristo reconoció la existencia de diferentes perspectivas, como las manifestadas por la senadora Isabel Zuleta, pero subrayó el respaldo mayoritario de la coalición a la agenda legislativa gubernamental.

El funcionario resaltó que la diversidad de opiniones dentro del gobierno y su coalición fortalece el proceso democrático, permitiendo debates constructivos que enriquecen la gestión administrativa.

La declaración del ministro Cristo surge en un momento crucial para la administración Petro, mientras el gobierno busca consolidar su agenda legislativa y mantener la cohesión entre sus diferentes sectores políticos.