El presidente Gustavo Petro firmó la resolución que designa como gestores de paz a 18 exjefes paramilitares, algunos de los cuales se encuentran actualmente presos en cárceles de Estados Unidos. Esta decisión se enmarca en el objetivo del Gobierno de avanzar en un proceso de reconciliación y reparación, aunque ha generado controversia debido al perfil de los involucrados.

En el documento figuran los nombres de reconocidos criminales, incluyendo a Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’; Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’; y hasta los extraditados Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, y Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’.

De acuerdo con la resolución, la designación será inicialmente por seis meses, tiempo en el cual los excriminales deberán hacer aportes y presentar propuestas para el desmonte de organizaciones paramilitares.

Los nuevos gestores de paz son Ramón Isaza; Rodrigo Tovar alias, “Jorge 40”; Diego Fernando Murillo, “Don Berna”; Fredy Rendón, “El Alemán”; Héctor Buitrago Rodríguez; Ramiro ‘Cuco Vanoy’; Hernán Giraldo; Hebert Veloza; Manuel Pirabán; Carlos Mario Jiménez; Rodrigo Pérez Alzate; Edwar Cobo Téllez; Héctor Buitrago Parada; Arnubio Triana; Luis Eduardo Cifuentes; Juan Francisco Prada; José Baldomero Linares y ya nombrado, Salvatore Mancuso Macaco.

La resolución firmada por el jefe de Estado señala que el “término de designación como gestores de paz será de seis meses y sus actividades serán desarrolladas en las condiciones excepcionales, temporales y territoriales que sean definidas en el plan de gestión que se suscriba en cada caso con el Consejero Comisionado de Paz”.

Tras los recientes hechos de alteración del orden público en el país, el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo defendió el papel del Estado y de las Fuerzas Militares y de Policía al enfrentar a grupos al margen de la ley.

Hacía referencia el titular de la cartera del Interior a lo que ocurre hoy en departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

«Lamentablemente desde hace varios meses hay una situación de enfrentamiento del Estado y nuestras Fuerzas Militares. Una ofensiva para recuperar el control territorial en el suroccidente colombiano. Hay una situación de confrontación permanente. Obviamente tenemos riesgos para nuestros soldados y policías», dijo el Ministro Cristo antes de participar en la clausura del Congreso de Camacol, en Barranquilla.

Sobre estas actuaciones terroristas, el Ministro sostuvo que desde el Gobierno, «lamentamos profundamente el atentado en El Plateado (Cauca), la muerte de nuestro soldado, y lo que está sucediendo en Jamundí, en Nariño».

«Pero aquí la orden del Presidente de la República a las Fuerzas Militares es clara, aquellos que persisten en el accionar violento contra la población civil y contra la Fuerza Pública van a seguir siendo enfrentados por nuestras Fuerzas Militares y obviamente hay que persistir en esa recuperación del control territorial, especialmente en las zonas del Cauca y Nariño».

Según Cristo, «hay recuperación importante del control territorial en el Cauca y estamos lamentablemente en esa confrontación militar y hay una reacción también de las disidencias que han venido perdiendo terreno».

La investigación se abrió por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros.

La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el senador Iván Name, y el representante a la Cámara Andrés Calle, expresidentes del Congreso en la pasada lesgislatura, por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros.

Los congresistas fueron señalados por Olmedo López y Sneyder Pinilla –testigos claves en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)– como aparentes responsables de recibir dineros de la entidad para mover la agenda legislativa del Gobierno en el Congreso.

“Como contraprestación a su gestión, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres de la unidad, Sneyder Pinilla Álvarez”, señaló la Corte en un comunicado.

La investigación que hasta ahora adelanta la Corte indica que el dinero que habrían recibido los funcionarios se destinó para la financiación de campañas para las elecciones locales y regionales del 29 de octubre de 2023.

La decisión de la Sala de Instrucción de la Corte se tomó luego de que evaluaron información que ha sido recaudada por la policía judicial, la Fiscalía y los testimonios que practicó el magistrado instructor.

“Se cumplen los requisitos para proceder a una investigación formal ante la probabilidad de que los congresistas hubieran incurrido en delitos que atentan o lesionan la administración pública”, añadió la Corte.

La Corte determinó que los congresistas deben ser citados a indagatoria y se le impartió orden a la Policía judicial para que inicie con la práctica de otras pruebas.