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MinInterior alerta sobre incremento de violencia en contra la población LGBTI y defensores de Derechos Humanos

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El Ministerio del Interior, a través de su Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos y su
Dirección de Derechos Humanos, rechaza los hechos de violencia sistemática contra la población LGTBIQ+, personas con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas (OSIGD) y quienes defienden sus derechos.

Entre los casos más recientes que ejemplifican estos patrones de violencia se encuentran:

● El atentado contra el líder, defensor e integrante del espacio de participación ciudadana de la Comisión de Apoyo Técnico a la Política LGBTIQ+, Néstor Ríos, el 5 de agosto de 2025, en la ciudad de Montería, Córdoba.

● La agresión a Karina Carvajal Molina, mujer trans, quien el 30 de julio de 2025 fue víctima de una presunta agresión física con motivación transfóbica en el municipio de Viterbo, Caldas.

● El homicidio de Ángelo Roso, persona transmasculina, quien el 29 de julio de 2025 fue asesinado en el barrio Llanaditas, de la ciudad de Medellín, Antioquia.

● El transfeminicidio de Dayra Michell Martínez, mujer trans, asesinada en el municipio de Florida, Valle del Cauca.
“Estos hechos de violencia homicida, atentados y tratos crueles son indignantes y nos impulsan a redoblar esfuerzos como Estado en la garantía y protección de sus derechos”, aseguró Gabriel Rondón, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos.

El Ministerio del Interior, tal como lo manifestó en la reciente audiencia del 23 de julio de 2025 por las violencias contra personas trans en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), continúa trabajando por la
garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+ y OSIGD, adelantando las siguientes acciones:

1. Mesa Nacional de Casos Urgentes (MCU): Coordinada por el Ministerio del Interior e integrada por autoridades competentes para la respuesta urgente ante afectaciones de derechos a la vida, seguridad, integridad y libertad de la población LGBTIQ+, a fin de asegurar la investigación, judicialización de los crímenes y protección de las víctimas. Se resalta el trabajo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en razón a las violencias LGBTIQ+ en contextos carcelarios.

2. Coordinación interinstitucional: Articulación con entidades del orden nacional y territorial para implementar medidas e instancias de prevención y atención focalizadas en la población LGBTIQ+.

3. Corresponsabilidad institucional para el acceso a la justicia LGBTIQ+: Seguimiento permanente a los casos reportados a la Mesa Nacional y diálogo con procesos organizativos, para que la información pueda canalizarse por las vías institucionales afirmativas, con la incorporación de enfoques diferenciales.

A julio de 2025, el Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación de Violencias fundadas en las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género de las víctimas (GNTOSIG) de la Fiscalía General de la Nación ha
reportado a la Mesa Nacional de Casos Urgentes 48 víctimas de violencia homicida en razón a sus identidades LGBTIQ+. Además, en la MCU, se han atendido 59 casos, lo que refleja la constante necesidad de atención y
respuesta institucional.

“Estos números no son sólo estadísticas; representan vidas, familias parentales, sociales, comunidades y organizaciones afectadas ante la pérdida, desplazamiento y agresiones contra personas LGBTIQ+”, señaló Jomary
Ortegón, directora de Derechos Humanos.

El Ministerio del Interior hace un llamado a toda la ciudadanía, a las comunidades y a la institucionalidad nacional y territorial a promover entornos respetuosos y libres de discriminación. Para este Ministerio es fundamental que
cada persona contribuya a la construcción de una sociedad donde todas las vidas importen y sean valoradas, porque la complicidad social también es violencia.

Finalmente, invita a denunciar hechos de violencia que pongan en riesgo la vida, integridad y seguridad de las personas LGBTIQ+ y OSIGD, a través de los canales oficiales de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, así como a solicitar el seguimiento a esas denuncias a través del correo de la Mesa Nacional de Casos Urgentes: denunciaslgbti@mininterior.gov.co.

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Hallan con vida a cuatro tripulantes de barco desaparecido el 4 de mayo

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*El barco se dirigía a Cartagena. A bordo viajaban el capitán colombiano Henry Lozano y los tripulantes dominicanos Joselito Antonio Paulino, José Aristides Ureña Díaz y Miguel Ramón Ureña Ruiz.

Los cuatro tripulantes del barco Júpiter, desaparecido desde comienzos de mayo en aguas del Caribe, fueron hallados con vida y se encuentran estables, según informó este sábado Ramiro Lozano, hermano del capitán colombiano Henry Lozano.

«Los encontraron los mexicanos. Están estables», aseguró Lozano a EFE, quien añadió que actualmente continúan las maniobras de rescate, sin que hasta el momento se conozcan más detalles sobre el lugar exacto del hallazgo ni las condiciones en las que fue localizada la embarcación.

El Júpiter, de bandera dominicana, había zarpado el pasado 4 de mayo desde Manzanillo, en República Dominicana, con destino a Cartagena de Indias, en Colombia, en un trayecto que debía durar entre cinco y seis días.

A bordo viajaban el capitán colombiano Henry Lozano y los tripulantes dominicanos Joselito Antonio Paulino, José Aristides Ureña Díaz y Miguel Ramón Ureña Ruiz.

Los familiares denunciaron esta semana la falta de información sobre el paradero de la embarcación y pidieron apoyo de las autoridades de Colombia y otros países de la región para intensificar su búsqueda, luego de que el 18 de mayo se conociera un reporte según el cual el barco se encontraba a la deriva cerca de Serranilla, en coordenadas próximas a Honduras.

Por el momento no se han pronunciado oficialmente las autoridades marítimas de los países involucrados sobre el hallazgo ni sobre las circunstancias en que fueron encontrados los cuatro tripulantes.

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Liberaron a hijo de ex alcalde de Tame, Arauca, tras cinco días de secuestro

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*La liberación se realizó a través de una comisión humanitaria, que facilitó el encuentro en un punto acordado previamente,

En un nuevo hecho relacionado con la situación de orden público en el departamento de Arauca, el Ejército de Liberación Nacional dejó en libertad a Iván Alfredo Guzmán, hijo del exalcalde de Tame Alfredo Guzmán, quien había sido secuestrado el pasado lunes 25 de mayo.

Junto a él también fue liberado Plácido Ovallos Rangel, según confirmaron fuentes de la zona.

Ambos ciudadanos permanecían en poder de esa guerrilla y su entrega se produjo en medio de un proceso de mediación.

Las liberaciones se realizaron a través de una comisión humanitaria, que facilitó el encuentro en un punto acordado previamente, en medio de la tensión que persiste en varias zonas rurales del departamento.

Cabe recordar que, recién el pasado jueves, el ELN se había atribuidoel secuestro de Iván Alfredo Guzmán Valcárcel.

En esa oportunidad, el grupo armado ilegal señaló que Guzmán Valcárcel fue secuestrado el pasado lunes, hacia las 3:30 de la mañana, en el casco urbano del municipio de Tame, en medio de lo que denominó acciones de “control territorial”.

“Al señor Guzmán se le está llevando el debido proceso y, en los próximos días, será entregado ante organismos humanitarios”, había adelantado el mismo grupo ilegal por medio de un comunicado sobre la situación de Guzmán, quien es estudiante de Derecho y trabaja en instalaciones de la Contraloría General en Bogotá.

Según las primeras versiones, él había viajado al municipio para visitar a sus padres cuando ocurrió el hecho.

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Comunidad indígena se desplaza por guerra entre alias ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’

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*Ambos grupos se disputan las rutas del narcotráfico, los corredores de movilidad entre los departamentos de Meta y Guaviare y el control social de la región.

El desplazamiento forzado en el sur de Colombia no da tregua y, una vez más, el pueblo indígena Jiw se encuentra en el centro de una crisis humanitaria. En las últimas semanas, decenas de familias se han visto obligadas a abandonar sus territorios ancestrales en el municipio de Mapiripán (Meta) para buscar refugio en San José del Guaviare.

Las razones de este éxodo masivo están ligadas a la guerra territorial que libran dos facciones de las disidencias de las Farc: la estructura de alias ‘Iván Mordisco’ y las fuerzas comandadas por alias ‘Calarcá’.

Ambos grupos se disputan las rutas del narcotráfico, los corredores de movilidad entre los departamentos de Meta y Guaviare y el control social de la región.

Según la denuncia de una lideresa de la comunidad, quien habló bajo estricta reserva de su identidad para proteger su vida, el miedo a ser asesinados o reclutados los ha obligado a dejar su territorio.

“Nosotros salimos por el temor. Ya estamos quedando poquitas familias porque todos están desaparecidos. Los que se han llevado nunca aparecen, nunca sabemos noticias de ellos”, señaló la líder.

La denuncia pública de la comunidad Jiw apunta a una estrategia de terror por parte de los grupos armados ilegales que delinquen en la zona. El reclutamiento forzado de jóvenes y menores de edad se ha convertido en la principal amenaza para la supervivencia cultural y física de este pueblo indígena.

De acuerdo con el testimonio, aquellos jóvenes que caen en manos de los grupos armados ilegales desaparecen por completo, dejando a sus familias en una dolorosa incertidumbre. A esto se suman las constantes ejecuciones y homicidios selectivos que se registran en las diferentes zonas del sur del Meta y Guaviare, lo que ha desatado el desplazamiento masivo de estas familias.

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