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Fiscalía

Medidas cautelares para 18 inmuebles del denominado Parqueadero Padilla, en Medellín

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*Bienes avaluados en cerca de 18.000 millones de pesos pasarán al Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 inmuebles que conformaron el denominado ‘Parqueadero Padilla’, avaluados en cerca de 18.000 millones de pesos.

El predio original fue objeto de una división material que dio origen a 18 inmuebles independientes. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) materializaron las medidas cautelares decretadas sobre los bienes y fueron puestos a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Los predios corresponden al lugar en el que, el 30 de abril de 1998, investigadores del CTI realizaron un allanamiento en busca de un sitio donde, presuntamente, se fabricaban uniformes para grupos paramilitares.

Durante la diligencia fueron hallados documentos, registros contables y equipos informáticos que evidenciaron la existencia de un centro financiero y logístico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

Asimismo, se determinó que ese centro financiero y logístico habría sido dirigido por Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, señalado como uno de los hombres de confianza de los hermanos Castaño Gil.

Fiscalía

Este es el exparamilitar alias Memin: reconoció 109 homicidios y otros crímenes

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*Luis Arnulfo Tuberquia, excomandante del Bloque Noroccidental de las Autodefensas Unidas de Colombia fue determinador de los crímenes perpetrados entre 1996 y 2005.

La investigación adelantada por una fiscal especializada contra las violaciones a los derechos humanos permitió establecer la actuación criminal de Luis Arnulfo Tuberquia, conocido con el alias de ‘Memín’, cuando era comandante del Bloque Noroccidental de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en hechos de violencia perpetrados entre noviembre de 1996 y septiembre de 2005 contra población campesina, comerciantes, finqueros, líderes sociales en los municipios de San Jerónimo y Ebéjico, Antioquia.

En diligencia de formulación de cargos, el exparamilitar aceptó su responsabilidad en 167 hechos delictivos, 123 ocurridos en San Jerónimo y 44 en Ebéjico. Entre ellos están los homicidios del exalcalde de Santa Fe de Antioquia y excandidato a la Cámara de
Representantes William de Jesús Rivera Brand; del concejal de San Jerónimo Jaime Arturo Ramírez Arboleda; y del líder comunitario José Milagros Mena Gil.

También reconoció el reclutamiento de un adolescente de 17 años, la violencia sexual contra su madre y su hermana, y el desplazamiento forzado de esa familia en zona rural de Ebéjico.

El procesado se acogió a sentencia anticipada por 109 homicidios en persona protegida; 16 desapariciones forzadas; 11 desplazamientos forzados; 9 torturas en persona protegida; 5 secuestros simples agravados; 4 casos de acceso carnal violento en persona protegida; 2 lesiones en persona protegida; 11 hurtos calificados y agravados; además de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

La presente investigación corresponde a una estrategia para la terminación anticipada de procesos de Ley 600 contra integrantes de las AUC, continuará ante un juez especializado, que será el encargado de emitir la sentencia correspondiente.

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Fiscalía

Condenan a integrantes de banda de secuestradores y atracadores de taxistas

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*En uno de los hechos atribuidos a la estructura criminal, la víctima fue golpeada hasta causarle la muerte y su cuerpo fue abandonado en una vereda de Bello (Antioquia).

Tres integrantes de un grupo delincuencial dedicado al secuestro y hurto de conductores de plataformas digitales fueron condenados por seis hechos ocurridos entre el 20 de marzo y el 27 de julio de 2025 en Medellín y su área metropolitana. Se trata de Didier Alejandro Rhenal Quintero, Mateo Sierra Cañaveral y Edward David Muñoz Sierra, quienes fueron sentenciados a penas que oscilan entre 12 y 32 años y 2 meses de prisión. De acuerdo con su participación individual, un juez los declaró responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple en concurso homogéneo y sucesivo, hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo y homicidio agravado.

Las pruebas presentadas por un fiscal especializado de la Seccional Medellín permitieron establecer que los condenados solicitaban servicios mediante una plataforma digital para desplazarse desde Medellín hacia Bello.

Al llegar al destino, golpeaban a los conductores, los amarraban de manos y pies, les hurtaban teléfonos celulares, tarjetas bancarias y otros objetos de valor. Posteriormente, las víctimas eran abandonadas en zonas boscosas o arrojadas a quebradas de Bello, mientras los agresores huían en los vehículos.

La investigación estableció que la estructura delincuencial se apropió de más de 100 millones de pesos entre dinero y otros bienes de las víctimas. En uno de los hechos, ocurrido el 9 de abril de 2025, un conductor que aceptó un servicio hacia el norte del Valle de Aburrá fue agredido con objetos contundentes hasta causarle la muerte. Posteriormente, su cuerpo fue abandonado en la vereda La China, en Bello. Por estos mismos hechos, Juan Manuel Cifuentes ya fue condenado y Brian Esteven Guisao Montes continúa vinculado al proceso y actualmente se encuentra en etapa de juicio. La decisión quedó en firme.

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Fiscalía

Condenan a más de 28 años de cárcel al taxista que arrolló a 11 personas en Bogotá

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*La sentencia corresponde al proceso por tentativa de homicidio y lesiones personales.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez penal de conocimiento condenara a 28 años y 5 meses de prisión al taxista José Eduardo Chalá Franco por su responsabilidad en arrollar con su vehículo a 11 personas, en hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2025 en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, el hoy condenado conducía un vehículo de servicio público tipo taxi con grado tres de alcoholemia y en exceso de velocidad y embistió a las personas que transitaban por el barrio Santa Rita.

Como consecuencia del impacto, 11 personas resultaron lesionadas y uno de los menores de edad sufrió heridas de extrema gravedad.

Este hombre fue declarado responsable de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones personales dolosas agravadas y lesiones simples y deberá cumplir la condena en centro carcelario.

En la decisión judicial también le fue impuesta una multa de 19,42 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ejercer funciones y cargos público por el mismo tiempo de la pena principal.

De manera paralela, este hombre enfrenta otro proceso por el delito de homicidio agravado toda vez que una de las víctimas menor de edad falleció días después debido a la gravedad
de las lesiones presentadas.

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