*Bienes avaluados en cerca de 18.000 millones de pesos pasarán al Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 inmuebles que conformaron el denominado ‘Parqueadero Padilla’, avaluados en cerca de 18.000 millones de pesos.
El predio original fue objeto de una división material que dio origen a 18 inmuebles independientes. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) materializaron las medidas cautelares decretadas sobre los bienes y fueron puestos a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Los predios corresponden al lugar en el que, el 30 de abril de 1998, investigadores del CTI realizaron un allanamiento en busca de un sitio donde, presuntamente, se fabricaban uniformes para grupos paramilitares.
Durante la diligencia fueron hallados documentos, registros contables y equipos informáticos que evidenciaron la existencia de un centro financiero y logístico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
Asimismo, se determinó que ese centro financiero y logístico habría sido dirigido por Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, señalado como uno de los hombres de confianza de los hermanos Castaño Gil.
