*La cifra de heridos aumentó a 4.600 y la de rescatados se mantuvo en 364.

El Gobierno elevó este viernes a 329 el número de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que cifra en 247 las personas que permanecen desaparecidas.

La entidad detalló que la cifra de heridos aumentó a 4.600 y la de rescatados se mantuvo en 364.

El terremoto deja además 154.014 familias afectadas, integradas por 314.751 personas, en 481 municipios de 16 de los 32 departamentos del país.

El número de viviendas averiadas asciende a 171.273, mientras que otras 31.183 fueron destruidas y 553 edificios colapsaron, principalmente en Cali y Pereira, las dos ciudades más afectadas por el sismo.

También fueron registrados daños en 367 centros de salud, 3.710 centros educativos, 5.584 centros comunitarios y 427 carreteras.

En cuanto a los animales, la UNGRD contabiliza 1.259 rescatados y 3.182 heridos.

El terremoto, el más fuerte sufrido por Colombia en este cuarto de siglo, tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y afectó especialmente también a Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

La defensa del páramo de Santurbán vuelve a escalar de escenario. El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo anunció ocho acciones jurídicas y ciudadanas contra recientes decisiones del Gobierno Nacional que, según la organización, debilitan la protección ambiental de este territorio estratégico para el abastecimiento de agua de Santander y otras regiones.

Una de las principales acciones será la presentación de una solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal Administrativo de Santander, con la que el Comité busca suspender las medidas que considera lesivas para Santurbán mientras avanza la discusión judicial. La organización también puso en marcha la campaña #FirmoPorSanturbán, con la intención de sumar respaldo ciudadano a la batalla jurídica.

El Comité además anunció una recusación contra el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, argumentando que algunas de sus actuaciones y pronunciamientos evidenciarían, a juicio de la organización, una falta de imparcialidad frente a Aris Mining y su proyecto minero “Soto Norte”.

El señalamiento plantea un fuerte cuestionamiento al papel que está desempeñando el Gobierno en una discusión que durante años ha enfrentado la defensa del agua con los intereses de la actividad minera.

Otro de los reclamos es la reapertura inmediata de la consulta pública relacionada con la resolución que fue revocada. Para el Comité, la salida no debe ser desmontar las medidas de protección ambiental, sino garantizar nuevamente la participación ciudadana y mantener los mecanismos destinados a preservar las áreas estratégicas del páramo.

La organización también se declaró en asamblea permanente y convocó a organizaciones sociales, ambientales y ciudadanos a una reunión el próximo 2 de septiembre, a las 6:00 de la tarde, en la Calle 33 # 23-37 de Bucaramanga. Allí se definirían las fechas de una eventual movilización regional y nacional.

Con esta ofensiva, el conflicto alrededor de Santurbán entra nuevamente en una fase de alta tensión. El Comité asegura que acudirá simultáneamente a los escenarios jurídicos, ciudadanos y de movilización, mientras insiste en que la defensa del páramo está directamente relacionada con la protección del agua para millones de personas.

“Santurbán no se vende, se defiende”, concluyó la organización, dejando claro que la disputa por el futuro del páramo continuará ahora en los tribunales y en las calles.

*La magnitud de la tragedia territorial mantiene en máxima alerta a los organismos de socorro. Según el último informe entregado por la mandataria departamental, el Tolima registra «en este momento 24 incendios activos en 13 municipios del departamento y unos incendios que son de gran magnitud».

El departamento del Tolima enfrenta una de sus crisis ambientales y de gestión del riesgo más severas de los últimos años debido a una devastadora ola de incendios forestales que coincide, de manera crítica, con las consecuencias de un reciente sismo. La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, ofreció desde el corregimiento de Gualanday, en el municipio de Coello, un panorama alarmante sobre la magnitud de la emergencia. Aunque los registros preliminares de la administración departamental estiman que el fuego ha arrasado más de 20.000 hectáreas, la rápida propagación de las llamas mantiene bajo amenaza a múltiples poblaciones.

La magnitud de la tragedia territorial mantiene en máxima alerta a los organismos de socorro. Según el último informe entregado por la mandataria departamental, el Tolima registra «en este momento 24 incendios activos en 13 municipios del departamento y unos incendios que son de gran magnitud».

Uno de los focos más preocupantes se localiza en el cerro Las Mercedes, entre los municipios de Suárez y Carmen de Apicalá, donde una conflagración con una cobertura de siete kilómetros amenaza directamente las instalaciones de una empresa del sector avícola.

El impacto sobre la economía campesina y la biodiversidad es devastador. «El daño ambiental y el daño en el sector agropecuario ha sido muy grande», advirtió la gobernadora. Las llamas han consumido por completo cultivos de limón, maíz, aguacate, café, mango y plátano.